Aseguran que en Corrientes también hay persecución política judicial
Desde el Foro por el Cese de la Persecución Judicial en Corrientes expresaron su «satisfacción por la presentación de un Amicus Curiae del Gobierno Nacional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por las serias irregularidades que cometió la Justicia de Corrientes en el caso del ex concejal Ariel Pereira y de muchas víctimas que resultan ser militantes políticos opositores al actual régimen gobernante».
Pereira, que era concejal por el Frente de Todos en la ciudad de Goya (bloque opositor al gobierno municipal), fue destituido e inhabilitado de por vida a ejercer cargos públicos y desde octubre del año pasado está en prisión, cumpliendo una condena de dos años tras haber sido hallado culpable del cobro de un plus salarial por un título universitario que no tiene.
El destituido concejal había sido absuelto por ese mismo cargo en 2014, cuando se lo había sometido a juicio político, pero la acusación fue reiterada el año pasado y la causa recayó en el Juzgado de Instrucción Nº 3, a cargo de Darío Ortiz, quien simultáneamente era jefe de Personal de la Municipalidad de Goya.
Aunque durante las investigaciones se hizo público que otras 19 personas contratadas en el municipio habían cobrado ese mismo plus salarial a pesar de no poseer título universitario, en todos los otros casos se determinò que se trataba de un error administrativo. Pero a Pereira se lo condenó a dos años de prisión de cumplimiento efectivo, además de la inhabilitación de por vida a ejercer cargos públicos electivos o por designación.
El Foro por el Cese de la Persecución Judicial en Corrientes sostiene que el caso de Pereira es una muestra de las maniobras de las que se vale el poder político provincial para apartar de la vida pública a sus opositores a través de manejos turbios con el Poder Judicial.
«La indefensión que tenemos como ciudadanos que democráticamente queremos participar en la toma de decisiones y acciones políticas que contribuyan al desarrollo de Corrientes, nos hace pensar en que participar de un partido político es una actividad peligrosa y de alto riesgo, excepto que formes parte y acates todo lo que diga el mandamás de turno», destaca el Foro, desde donde se pidió al secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, que realice el pedido de Amicus Curiae ante la Corte Suprema para que se atienda el reclamo por lo que, aseguran, constituyen acciones de persecución política de parte de la Justicia de la provincia de Corrientes a opositores al oficialismo local.
Pietragalla Corti hizo el pedido solicitado, lo que «no solo es bien visto por los integrantes del Foro por el Cese de la Persecución Judicial en Corrientes y las víctimas en el representado, sino que viene a poner negro sobre blanco», según se destacó en un comunicado.
En el mismo documento se expresa que «el 1 de marzo de 2020 el señor Presidente de la Nación (Alberto Fernández), en su discurso en el Congreso Nacional ante los diputados y senadores, funcionarios y el pueblo argentino, expresó: ‘Venimos a ponerle fin a la designación de jueces amigos, a la manipulación judicial, a la utilización política de la Justicia y al nombramiento de jueces dependientes de poderes inconfesables de cualquier naturaleza’ . Y añadió: ‘Proponemos impulsar un reordenamiento de la Justicia Federal que evite el cajoneo o la activación de expedientes en función de los tiempos políticos, que impida la construcción de falsas causas, que acabe con la arbitrariedad en materia de detenciones’ porque ‘los problemas de la Argentina no se resuelven con menos justicia sino con una mejor justicia'», con lo que el mandatario, según el Foro correntino, reconoce «en la Justicia Federal las mismas fallas que denunciamos en la provincia de Corrientes».
Finalmente, se subraya que «esta presentación que realiza la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación nos alienta a seguir reclamando justicia y, de ser necesario, solicitar la intervención federal del Poder Judicial de Corrientes».