Víctimas misioneras declaran en el juicio por delitos de lesa humanidad en Corrientes
El Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes comenzó a juzgar este lunes 7 de julio a 10 exmilitares y exgendarmes por crímenes de lesa humanidad cometidos contra más de 100 personas en la subzona militar 23, en el décimo juicio por delitos de este tipo que se realiza en la provincia y el de mayor cantidad de víctimas y acusados.
En la zona del tribunal, referentes de diversas organizaciones de Derechos Humanos de Corrientes se concentraron para seguir el juicio y exigir «justicia y condena a los genocidas».
La manifestación incluía a víctimas y familiares y la presencia del Secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti. Desde Misiones fueron convocados como testigos los expresos políticos Roberto Parodi Ocampo, hermano de otra víctima del terrorismo de Estado, Manuel Parodi Ocampo asesinado en la masacre de Margarita Belén; Pedro Ireneo Ávalos y Ramón Nicolás Cura.
Parodi Ocampo estuvo recluido en el Regimiento 9 de Infantería de Corrientes hasta donde fue trasladado en diciembre de 1976 desde Posadas, Misiones, donde había sido secuestrado el 5 de diciembre de ese año. Entrevistado desde el programa Contala como quieras, en La 99.3, Parodi Ocampo relató que en diciembre del ’76 estudiaba en la ciudad de Corrientes, en la Universidad Nacional del Nordeste, desde donde volvió a su hogar en Posadas los primeros días de ese mes «para preparar las materias para rendir ese año ese fin de año pero el 5 de diciembre me secuestraron en inmediaciones del domicilio de mi familia y me llevan a la Jefatura de Policía y una semana después, el 12 de diciembre por la mañana, un domingo, me trasladan entre dos personas al Regimiento 9 de infantería en Corrientes donde estuve entre 10 y 15 días hasta que me llevan a la Alcaidía de la Policía provincial de Corrientes donde creo que el 22 o el 23 de diciembre logro tener contacto por primera vez con mi papá y mi hermana y es donde me entero del asesinato de Manuel, mi hermano. Posteriormente me trasladan a la Unidad 7 de Resistencia, Chaco, donde estuve hasta 1979 cuando por intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) me dan la opción de salida del país y desde entonces estuve en el exilio hasta entrada la democracia en nuestro país».
El juicio abarca los crímenes cometidos en jurisdicción de la Brigada de Infantería VII, que tenía su sede en la ciudad de Corrientes y con responsabilidad sobre las provincias del noreste argentino, Chaco, Formosa, Misiones y parte de la propia Corrientes: los departamentos de San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina.
En la región funcionaron varios centros clandestinos de detención, uno de los más importantes estuvo en el Regimiento de Infantería 9 (RI 9) de Corrientes, dependencia militar que llevó adelante la represión en la provincia.
Los imputados
Se encuentran imputados Eduardo Antonio Cardoso, Alfredo Carlos Farmache y José Emilio Mechulán, oficiales del comando de la Brigada VII; Abelardo Carlos De la Vega y Horacio Losito, integrantes de la plana mayor del Regimiento de Infantería 9; Raúl Horacio Harsich y Juan Carlos De Marchi, personal de inteligencia de RI 9, y los exintegrantes de Gendarmería Raúl Reynoso, Abelardo Palma y Pedro Armando Alarcón.
Serán juzgados por los delitos de asociación ilícita, privación ilegítima de la libertad, aplicación de tormentos y homicidios.
Mientras De Marchi, Losito, Reynoso y Harsich ya fueron condenados en debates anteriores en la provincia y en otras jurisdicciones; el resto serán juzgados por primera vez por crímenes de lesa humanidad.
Por las demoras judiciales, pasaron casi cuatro años entre la elevación a juicio y el inicio del debate, y en ese lapso de tiempo dos imputados fallecieron y otros dos fueron apartados del proceso por problemas de salud.
Este es el décimo juicio por crímenes de lesa humanidad que se realiza en la provincia y el de mayor cantidad de víctimas y de acusados.
Por el Ministerio Público actuará el fiscal Flavio Ferrini, junto a la unidad de Derechos Humanos de la fiscalía de primera instancia de Corrientes, y el fiscal Diego Vigay, y por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación intervendrá el abogado Manuel Brest Enjuanes.