Desde Misiones reclaman que no se vote el DNU ni la Ley Ómnibus
«No voten el DNU ni la Ley Ómnibus»que promueve el Gobierno nacional y se debaten en el Congreso «poniendo en serio riesgo la democracia, la soberanía nacional, la paz social, los derechos humanos y el derecho a un ambiente sano», de acuerdo al documento que presentaron a senadores y diputados nacionales por Misiones cerca de un centenar de organizaciones ambientales, sociales, gremiales y políticas de la provincia.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran el Servicio de Paz y Justicia, Somos Red, Red Agricultura Orgánica de Misiones, Grupo Ecologista Cuñá Pirú, Kaapuera, Movimiento Agrario de Misiones, Espacio Chacabuco, Bosques.org.ar, Movimiento de Trabajadores Excluidos de Misiones, CTA Autónoma, Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, Ceiba Misiones, Asociación de Productores Agropecuarios de Misiones, Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y Agroecología (UNAM), Red de Abogados por la Soberanía Alimentaria, Ampliando pueblo, Grupo Unidos El soberbio, Corriente Clasista y Combativa, Unidad Popular, La murga del tomate, Frente Patria Grande, Frente Ambiental NE y Originarios en Lucha.
El documento
«En representación de las organizaciones ambientales y comunidades locales abajo firmantes para manifestar nuestro rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 y al proyecto de Ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos” conocida como “Ley ómnibus”. En tal sentido, solicitamos a Ustedes, nuestros representantes misioneros y misioneras en el Congreso y el Senado de la Nación, que con sus votos reflejen posiciones de respeto a la democracia, la soberanía nacional, la paz social, los derechos humanos y el derecho a un ambiente sano. Por lo tanto solicitamos no voten a favor del DNU y “Ley ómnibus”.
Si bien Misiones cuenta con un marco normativo ambiental realmente ejemplar y de avanzada en cuanto a los desafíos que la época plantea, nos enmarcamos en un país federal que establece con rango constitucional el derecho a un ambiente sano y en cada una de las leyes de presupuestos mínimos ofrece mecanismos de implementación y financiamiento que necesitamos también para hacer viables la conservación y el desarrollo en nuestra provincia.
No podemos imaginar la devastación que representaría el vaciamiento de los fondos previstos en la Ley 26.331 de Presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos, más bien necesitamos que aumenten y no que terminen de extinguirse, porque las áreas de conservación ambiental en nuestra provincia representan el último remanente continuo de Selva Paranaense y se trata de un servicio ecosistémico que rebalsa nuestra jurisdicción. Como saben, la Ley 26.331 prohíbe el desmonte en zonas amarillas y rojas (Cat.I y II, áreas alto y medio valor de conservación), en zonas verdes con previa autorización, y garantiza el derecho a la información y la participación ciudadana. Además, se financia con un 0,3% del Presupuesto Nacional anual, más el 2% de las retenciones recaudadas sobre exportaciones. La Ley Ómnibus propone: 1. Liberar el desmonte en zonas verdes y habilitar el desmonte en zonas rojas y amarillas con autorizaciones laxas. Elimina la participación ciudadana y el acceso a la información. 2
.Eliminar ambas fuentes de financiamiento y establecer que su Fondo estará integrado por la asignación presupuestaria que realice el Poder Ejecutivo de forma anual; los préstamos y/o subsidios que específicamente sean otorgados por Organismos Nacionales e Internacionales; Donaciones y legados.
Rechazamos de plano toda modificación que perjudique el espíritu de la Ley de bosques.
Del mismo modo, con la pretendida derogación de la Ley 26.737 de Protección al dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales ¿cuál será el destino de las comunidades originarias y rurales que habitan territorios ancestrales sin un marco normativo que las reconozca y ampare, si la extranjerización y la falta de oportunidades se profundiza? El acceso a cursos de agua en tanto derecho humano universal se ve a su vez vulnerado con la pretensión de derogación de la mencionada Ley de Tierras. El propio Presidente lo expresó públicamente dando cuenta que “el propósito es habilitar la extranjerización de la tierra para entregar los recursos naturales propios de la Argentina a otros países, las corporaciones económicas y financieras, poderosos del mundo y capitales desconocidos. El litio es uno de ellos, pero hasta el agua está en juego, las tierras de los pueblos indígenas y la producción agropecuaria en zonas claves”. Queda claro que cualquier respaldo a la derogación de la Ley de Tierras convalida el saqueo y el despojo de nuestros territorios. No hay dignidad posible con más concentración de la riqueza.
Por su parte, en el artículo 241 de Ley Ómnibus se plantea adherir a UPOV 91, desconociendo que las semillas nativas y criollas son patrimonio de los pueblos y condición de posibilidad para la soberanía alimentaria que nuestra provincia reconoce en la Ley VIII N° 75, entre otras. En el mismo sentido, la pretendida derogación de artículos de la Ley
26.562 mediante artículos 497 y 498 de la Ley Ómnibus, erosionarían las capacidades para proteger las áreas afectadas por incendios, ya que flexibiliza los plazos para analizar solicitudes derivando en una “auto autorización” si por demoras la autoridad de aplicación no responde. Nuestra provincia viene sufriendo de manera innegable los impactos del cambio climático, con las sequías históricas de hace apenas unos años y su contracara, los vientos huracanados y las lluvias excesivas. No es una novedad que necesitamos robustecer las áreas ambientales, las organizaciones de la comunidad y las autoridades de aplicación de las normas ambientales para garantizar un futuro viable.
Nos oponemos también a la limitación del INYM (Instituto Nacional de la Yerba Mate), ya que dejaría desprotegidos/as a más de 10.000 productores/as con respecto al precio del producto y 15.000 trabajadores/as rurales; liquidando convenios de obra social y jubilaciones. Se trataría de un daño irreparable a toda una provincia y su principal producto agrario y sólo se beneficiaría un pequeño sector económico concentrado.
Es necesario mencionar también que el paquete normativo impulsado por el Gobierno nacional tiene un denominador común en diversos artículos y es que deroga aquellos que prevén el acceso a la información y la participación de la ciudadanía en asuntos ambientales. Al mismo tiempo que desfinancia el sistema público de educación, ciencia y tecnología. No sorprende pero preocupa porque en definitiva se evidencia una intención de embrutecer a la ciudadanía y va a contramano de todo acuerdo ambiental y de derechos humanos. Al respecto, nuestro país ratificó mediante Ley 27.566 el Acuerdo de Escazú en el año 2020, que representa un tratado que garantiza el acceso a la información ambiental, el derecho a la participación pública en los procesos de toma de decisiones en asuntos ambientales, el derecho al acceso a la justicia en asuntos ambientales, y la defensa de los derechos humanos de personas defensoras ambientales. Además, propone la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un ambiente sano y al desarrollo sostenible. La ratificación obliga al Estado parte a garantizar la «participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales». Para ello, el Estado «se compromete a implementar una participación abierta e inclusiva en los procesos de toma de decisiones ambientales, sobre la base de los marcos normativos interno e internacional». El DNU y la Ley Ómnibus son violatorios del Acuerdo de Escazú y representan un retroceso en materia de derechos humanos y de carácter ambiental.
Resulta obvio que los debates del Siglo XXI son por el modo en que se gestionan y distribuyen los bienes estratégicos como el agua, la energía, el suelo, las semillas, la biodiversidad. Nuestro país y nuestra provincia tienen mucho de aquello que el mundo ambiciona, por lo tanto impulsar un modelo de desarrollo soberano y sustentable es nuestra oportunidad histórica. No es cierto que los sectores vinculados a temas ambientales retrasan el desarrollo, más bien por el contrario, somos de los que impulsan una agenda que pone en el centro de la escena la necesidad de un modelo socialmente justo, económicamente viable y ambientalmente sostenible. Cuando hablamos de ambiente hablamos de salud, de soberanía, de territorio, de identidad ancestral. Nuestra provincia cuenta con actividades económicas tales como la producción de alimentos y la provisión de servicios turísticos que están transicionando hacia modelos ambientalmente adecuados, y eso necesita políticas de fomento no su vaciamiento.
Confiamos en que al votar en los próximos días ejercerán sus cargos con conciencia del bien común y votarán a favor de la dignidad del pueblo, de la sustentabilidad ambiental y de la garantía de los derechos de las comunidades y sus territorios, y por lo tanto en contra del DNU y la Ley Ómnibus. Quedamos a disposición para ampliar información y para lo que consideren necesario. En anexo exhibimos dos infografías que han sido confeccionadas por equipos profesionales e investigadores de entidades públicas para resumir las principales afectaciones a leyes de carácter nacional y de bienes comunes naturales, por parte del DNU y Ley Ómnibus antes mencionada.
Con la certeza que la democracia y la soberanía se construyen y se defienden colectivamente con el fortalecimiento del rol del Estado y la comunidad.