Bonos verdes misioneros, en offside
La delegación del Gobierno de Misiones ante la Cumbre sobre Cambio Climático de Glasgow anunció allí el acuerdo con la empresa suiza Mercuria Energy para venderle bonos de carbono emitidos por la provincia, pero lo que se presenta como una política de vanguardia en materia de retribución monetaria a los beneficios ambientales que la Selva Paranaense le aporta al planeta está montado sobre una plataforma por lo menos endeble, que extralimita las atribuciones provinciales y desconoce principios garantizados por la legislación argentina.
“El Gobierno provincial está asumiendo compromisos sin un escenario previo de construcción social de ese compromiso. La Argentina acaba de adherir, y ya es ley de la Nación, al Acuerdo de Escazú (Costa Rica), que profundiza estos escenarios de participación ciudadana para semejantes compromisos, que implican serios riesgos para la producción agrícola a escala humana, para la agroecología, para los pueblos originarios”, sostuvo Jorge Daneri, integrante de la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas.
Radicado en Amsterdam, Países Bajos, pero en permanente acción sobre las cuestiones ambientales que en los comienzos de su trayectoria política y profesional lo proyectaron desde Entre Ríos a toda la Argentina, Daneri cuestionó fuertemente la comercialización de bonos de carbono decidida por el Gobierno misionero: “Si las políticas se siguen gestionando desde las grandes consultorías del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial o de otros organismos sin un diálogo y una construcción social desde los territorios, estamos fritos”, resumió en una frase de su diálogo con el programa Contala como quieras.
“Se pagan comisiones gigantescas, en este caso a través de paraísos fiscales, con una imposibilidad de control por parte de los Parlamentos locales”, sostuvo.
El acuerdo con Mercuria anunciado oficialmente en Glasgow se inscribe dentro de la “hoja de ruta” que el presidente de la Legislatura provincial, Carlos Rovira, presentó el mes pasado, que además de la empresa suiza incluye a British Petroleum. En esa ocasión el también ex gobernador explicó que el mercado «ha aceptado al medio ambiente como un bien transable en términos económicos”.
Daneri señaló al respecto que esos acuerdos implican asumir “compromisos desconocidos por la sociedad de Misiones y del país”, y que la única respuesta que brindó el Gobierno misionero a un pedido de acceso a la información ambiental presentado por organizaciones ecologistas fue un informe del Ministerio de Hacienda provincial.
“Se mandó hace pocos días a la Cámara de Representantes de Misiones, a las apuradas, una ampliación presupuestaria para incluir la venta de bonos verdes en el ejercicio del año que viene, para ratificar un decreto (el que fija la hoja de ruta de esos acuerdos), y resulta que el decreto no estaba publicado. Es decir: los legisladores no sabían qué habían votado”, explicó.
“El Gobierno de Misiones está utilizando un modelo duramente criticado desde hace años” que hoy multiplica los cuestionamientos “con la crisis terminal de la deuda financiera, con la crisis en el mundo de todo el debate sobre los paraísos fiscales y lo que implica en el tema bonos y mercados y corrupción”, señaló Daneri.
Además del incumplimiento de lo dispuesto por el Acuerdo de Escazú suscripto por la Argentina, los compromisos asumidos con la venta de bonos verdes anunciada por Misiones implican también una superposición de las atribuciones provinciales en una cuestión que a nivel nacional debe regirse por la Ley de Adaptación y Mitigación del Cambio Climático, sancionada en 2019.
“Misiones está adoptando posiciones, además de inconsultas en términos democráticos y sociales, que van a contramano de una tendencia muy interesante dentro del Gobierno nacional” orientada a obtener compensaciones desde la condición de acreedores ecológicos para “destinar esos fondos a programas relativamente serios”.
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