martes, julio 23, 2024
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La dictadura económica del ’76 al ’83

Por Mirta Botzman.

El martes Cristina volvió a poner de manifiesto la talla de estadista internacional que tiene -y si me permiten me parece que cada vez está más lúcida- con un, diría breve, discurso en el Foro Mundial de Derechos Humanos que se celebró durante toda la semana en nuestro país. Rodeada de ex presidentes latinoamericanos de la época ganada para el pueblo en la región, como Rafael Correa de Ecuador, Evo Morales de Bolivia, también el español Rodríguez Zapatero, el colombiano Ernesto Samper y nuestro muy conocido uruguayo José “Pepe” Mujica, además de juristas como el Juez Baltasar Garzón quien en los tiempos de vigencia de las leyes de impunidad en nuestro país, él fue quien impulsó las investigaciones desde la Audiencia Nacional de Madrid por los crímenes de la dictadura de Videla y compañía.Todos ellos que dieron su apoyo y hasta diría mimos calurosos a Cristina Fernández de Kirchner integran el Grupo de Puebla y vienen hace tiempo denunciando que el lawfare o guerra a través del sistema judicial es el mecanismo que se usa desde los estrados judiciales para condicionar los procesos políticos progresistas.Sólo quiero mencionar una frase de Rafael Correa que dijo que Cristina condensa lo mejor de San Martín y Evita.

Hoy no quiero hablar del discurso de Cristina sino que quiero recordar que mañana conmemoramos en todo el país, el día de la Memoria, Verdad y Justicia, el aniversario número 47 del más siniestro golpe cívico militar que padecimos en nuestra historia. Para poder cambiar la estructura productiva basada en la sustitución de importaciones para desarrollar la industria nacional y que implicaba ocupación casi plena, ausencia de pobreza y distribución del ingreso por la cual los trabajadores participaban en más del 51% del producto nacional, secuestraron, mataron e hicieron desaparecer a 30.000 compañeros siempre presentes ahora y siempre.

Hace unos días se murió de viejo a los 95 años y en total impunidad Carlos Blaquier, ícono de la connivencia empresarial con la dictadura. Macri hizo un aviso fúnebre muy sensible y emocionado, la UIA de pie pidió un minuto de silencio y la empresa Ledesma lo recordó como «emblema del empresariado argentino» y «gran defensor de la industrialización nacional», aunque su figura estuvo marcada por denuncias de haber participado en la organización de crímenes de lesa humanidad en la provincia de Jujuy, en lo que se conoció como «La Noche del Apagón», entre el 20 y el 27 de julio de 1976, en los inicios de la dictadura que encabezó Jorge Rafael Videla, en las que se estima hubo unas 400 personas secuestradas, de las cuales 55 aún continúan desaparecidas, muchos de los cuales eran trabajadores del Ingenio Ledesma. Durante su gestión, la empresa expandió su acción más allá del rubro azucarero para incursionar en el agropecuario, citrícola, derivados de maíz, producción de cuadernos y artículos de librería y, por último, la producción de energía a través del gas y el bioetanol.

En 2012, Blaquier fue procesado por la justicia federal de Jujuy como cómplice primario en 26 casos de privación ilegítima de la libertad en la causa Burgos, por haber facilitado las camionetas de su empresa para efectuar el traslado de los secuestrados y por 36 secuestros seguidos de asesinato y desaparición durante la Noche del Apagón.Los cómplices dentro del Poder judicial hicieron todo tipo de maniobras y dilaciones para llegar a lo que las agrupaciones y organismos vinculados a la defensa de los Derechos Humanos caracterizaron como «impunidad biológica» y en su cuenta de Twitter, la agrupación H.I.J.O.S. Capital lo recordó como «el civil del horror en Jujuy. En la dictadura genocida y ahora también», tras lo cual subrayaron que murió «sin condena judicial, pero con el repudio popular». Personajes como este, pero que de ninguna manera fue el único es el que autoriza a hablar de la dictadura cívico militar que también contó con la complicidad de la jerarquía eclesiástica.

Martínez de Hoz, el superministro de economía de la dictadura, desplegó una contrarrevolución económica sustentada en lo que denominó “liberación de fuerzas productivas” pero que en verdad fue un acelerado proceso de desintervención estatal de la economía, implantando el reino del mercado, cuyo eje fue la liberalización financiera: liberalización de tasas de interés, asignación mercantil del crédito y conexión entre el mercado financiero local con el internacional. Así se instalaría en el país el patrón de acumulación basado en la valorización financiera y se interrumpiría el de la industrialización por sustitución de importaciones, como caracterizó Eduardo Basualdo.

Excluyendo los primeros meses del gobierno de Alfonsín, las políticas económicas de los gobiernos civiles que prosiguieron a la reinstalación de la vida republicana durante sus primeros 20 años estuvieron impregnadas de lo que Basualdo caracterizó como transformismo argentino. Llevadas a cabo por partidos que en la época previa al terrorismo de Estado habían siempre pregonado programas populares y de independencia nacional, pero que en la post-dictadura mutaron para continuar aplicando los programas neoliberales de la liberalización financiera, que favorecían las lógicas de la financiarización enriqueciendo al bloque dominante del poder económico, mientras la concentración se intensificaba y la dependencia se profundizaba. El modelo de liberalización financiera de la dictadura se completó con la de los precios internos, el desmonte de la administración del comercio exterior y del mercado de cambios y la brutal caída provocada del salario real, que nunca luego iba a recuperar los niveles alcanzados en 1974.

La liberalización financiera fue el dispositivo que habilitó el crecimiento exponencial del endeudamiento externo y la injerencia permanente e intensa del FMI en la vida nacional, promoviendo planes de ajuste, estabilización y “cambio estructural”, que condujeron a un profundo debilitamiento del poder de intervención del Estado y a la liquidación de su patrimonio público.

Antes del denominado “Rodrigazo”, antesala del golpe, que fue el plan pergeñado por los grandes bancos y empresas del país que se beneficiaron con una devaluación del 160 % y desde que se creó el Banco Central de la República Argentina en 1935, los bancos captaban ahorro del público y prestaban a las personas y a las empresas mayoritariamente donde estaban radicados, por lo que cumplían el rol de reasignar recursos de aquellos que tenían capacidad de ahorrar y los que requerían créditos para la vivienda, para el consumo o para producir y, mayormente, se realizaba en la misma localidad que se captaba el depósito, con lo que se creaba un circulo virtuoso decrecimiento para el conjunto de la población y empresas.

En 1974, cuando había más de 800 entidades financieras distribuidas en todo el país, las que mayoritariamente eran cajas de créditos y sociedades cooperativas, el total del préstamos al sector privado sobre el PIB (Producto Bruto Interno, que es la cantidad de bienes y servicios finales que produce el país) era del 41,55 % y la Argentina era la Nación más integrada del continente, que registraba la menor diferencia entre un pobre (y una familia pobre) y un rico (y su familia); la tasa de desocupación abierta era del 4 % y la pobreza era del 6 %. Hoy parece increíble pensar en esos parámetros y por eso es importante darse cuenta que, como señaló hace no mucho la vicepresidenta, fueron exitosos en los objetivos del golpe, más allá de los juicios de lesa humanidad y de que Videla haya muerto sentado en un inodoro de una cárcel común.

La dictadura cívico militar, con su reforma financiera de 1977 en su esencia aún vigente, hizo que en el año 1990 de las 800 quedaran solamente 170 instituciones bancarias, de las cuales 31 eran consideradas locales de capital extranjero, pero no eran significativas en cuanto al volumen de depósitos ni de créditos. Desde abril de 1991, gran parte del ingreso de capitales del exterior a nuestro país para financiar el Plan de Convertibilidad de Menem Cavallo con el que nos vendieron la fantasía de que un peso era igual a un dólar, se canalizó en el sistema financiero local lo que quedó de manifiesto por la evolución de los depósitos captados por las entidades financieras del país, quienes pasaron de recibir depósitos entre pesos y dólares por 8.500 millones de pesos en diciembre de 1990 a recibir 48.859 millones en diciembre de 1994. No sólo aumentaron en 40 mil millones sino que cambio la composición de esos depósitos aumentando significativamente la proporción de dólares recibidos.

Al Plan de Convertibilidad se le sumó el proceso de privatización de la banca pública provincial y municipal que estuvo apuntalado por las instituciones multilaterales de crédito. Gran parte de esta reestructuración fue financiada por el Banco Mundial y el BID. Los compradores fueron, en general, grupos nacionales que operaban anteriormente en la banca mayorista, sector muy afectado por las sucesivas crisis de liquidez y la universalización de los bancos. Estos banqueros buscaron “refugiarse” en las provincias, con una estrategia de negocio centrada, sobre todo, en las comisiones cobradas por servicios financieros a los diferentes Estados provinciales y en el pago de los haberes previsionales. En ese proceso fue que el Banco Macro se hizo del manejo de las finanzas provinciales durante el gobierno de Puerta y pasó a manejar los recursos del gobierno provincial y de los gobiernos municipales y dejando a todos los ciudadanos misioneros como rehenes de la voluntad y rentabilidad del Macro que parece que nadie le exige más cantidad de sucursales y/o cajeros para evitarnos a los ciudadanos largas colas frente a los cajeros, no importa si hace calor o frío, llueve o haya sol. Como alguna vez les conté MACRO quiere decir “Muy Agradecido a Celestino Rodrigo” nombre puesto por su primer titular Jorge Brito que pasó de mesa dinerista a banquero a partir de la devaluación del 160% de Rodrigo poco antes del golpe de Estado.

Las sucesivas crisis financieras concentraron aún más el volumen de depósitos y créditos en los grandes bancos del sistema financiero local, de manera tal que en noviembre de 2022 de las 800 entidades de 1974 quedaban en pie sólo 79 entidades financieras, de las cuales 64 eran bancos; de ellos, 51 de capital privado y 13 públicos (incluidos los oficiales nacionales Banco de la Nación Argentina y BICE, 10 provinciales y el municipal de Rosario). Esto se llama concentración por si alguien tiene alguna duda.

El crédito total al sector privado pasó del 41,5% en 1974al 11 % del PIB y la pobreza superaba el 40 % de la población alcanzando a 18,8 millones de personas, con el agravante de que más de la mitad de los niños de la Argentina son pobres. Un dato adicional que refleja la situación en la que estamos, siempre con los datos de noviembre 2022, del crédito que representa el 11 % del PIB, se destina un 4,7 % del PIB para préstamos personales que financian principalmente descubiertos en las tarjetas de débito y de crédito y solo queda 6,3 % del PIB para financiar a las empresas (créditos comerciales). Habrán escuchado muchas veces a los distintos representantes de las pequeñas y medianas empresas quejarse por la falta de crédito para financiar sus actividades o inversiones tiene que ver con esta concentración y con que para los bancos es mucho más negocio las tarjetas de crédito sobre las que cobran intereses usurarios que financiar la actividad productiva que implica mucho más trámites, análisis de proyectos, carpetas de clientes, análisis de riesgo y muchos otros etcs. que implican obviamente más empleados por cliente. Tampoco hay crédito para la compra de viviendas. El ex banco hipotecario argentino que fue fundado en 1886 durante la presidencia de Roca y que constituyó un importante vehículo para el acceso a la vivienda en condiciones ventajosas para la sociedad argentina, fue privatizado en 1997, aunque ante la perspectiva de una quiebra, en 2005, el Estado se convirtió en su accionista mayoritario, para variar el Estado salvando en este caso al señor Eduardo Elsztain que mantiene la administración del banco que ya no presta los servicios sociales de facilitar el acceso a la vivienda a los sectores medios y medios bajos de la población que podían acceder con cuotas y plazos acorde a sus niveles de ingresos.

Bueno, les voy a quedar debiendo algunos comentarios sobre la coyuntura actual para que no se haga tan largo, sin embargo quiero decir que no hay dudas que lo que estamos viviendo hoy tuvo su origen en la dictadura que creó las condiciones estructurales para el funcionamiento actual. Ni los gobiernos de Néstor y Cristina pudieron revertir algunas de esas condiciones, como por ejemplo la ley de entidades financieras de 1977. Lo que sí hizo Néstor y lo mantuvo Cristina fue sacarnos las garras del FMI y del endeudamiento externo deencima lo que nos permitió como país crecer con incremento del ingreso de los trabajadores por encima del 50%, al mejor estilo peronista al que obviamente esperamos volver muy pronto. Sólo llamar a no olvidarnos que a 40 años de haber finalizado la dictadura tenemos proscripta a la principal dirigente del movimiento popular argentino lo que sólo puede ser demolido por la masiva y permanente movilización popular.

Mirta Botzman

La economista Mirta Botzman nos propone una mirada nacional, popular y democrática de la economía nacional e internacional, todos los jueves, a las 7,30, en su columna Cuentas Claras en el programa Contala como quieras, en La 99.3.

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