Un reclamo por dignidad, mucho más que un cupo
“Éste es un primer paso que busca acciones más profundas que un simple cupo laboral” y aspira a que “el Estado empiece a hacerse cargo de revertir las condiciones de marginalización que él mismo genera y de las que es responsable por no cumplir con la garantía del acceso a los derechos” de las personas trans, travestis y no binarias, dijo Alexandra Pintos al explicar las motivaciones del reclamo de esa población para que Posadas le abra sus espacios de trabajo.
Hablaba del proyecto de ordenanza de Inclusión laboral para personas trans, travestis y no binarias Macarena Fitzmaurice, presentado ante el Concejo Deliberante posadeño para que el municipio y el propio órgano legislativo de la capital misionera habiliten espacios de trabajo para esa franja poblacional “en condiciones de igualdad y respeto de su dignidad”.
El día anterior a que el presidente Alberto Fernández dictara el decreto 721/20, que dispuso que el sector público nacional deberá contar con el uno por ciento de representación trans, travesti y transgénero entre su personal, los concejales de Posadas recibían el proyecto de ordenanza en esa misma sintonía.
Militante no binarie de la Federación Juvenil Comunista (FJC), Alexandra habló con Contala como quieras sobre la propuesta del Partido Comunista (PC), la propia FJC, «la asociación civil De la calle a la dignidad de la compañera Dana Valiente junto con la organización Cien por ciento diversidad y derechos» con la adhesión de una gran cantidad de organizaciones nacionales y provinciales que desde hace años trabajan en distintos proyectos inclusivos y que lograron la unificación en una sola propuesta ya presentada en el Congreso nacional.
Destacó la inclusión del nombre de Macarena Fitzmaurice en el proyecto de ordenanza, “en honor a nuestra compañera, que fue la primera travesti de la provincia que hizo pública su identidad de género”, cuya trágica historia refleja “las de muchas personas trans, travestis y no binarias que padecieron la expulsión, el sistema excluyente, el abandono estatal y la situación de desprotección”
Recordó que Macarena fue asesinada en 2006, en “lo que fue un crimen de odio, cuando no existía la tipificación para ese tipo de delitos”.
La propuesta comprende al municipio, el Concejo, las empresas u órganos descentralizados que de ellos dependen, para que mantengan “un porcentaje de empleados y empleadas trans, travestis y no binarias no inferior al 4 por ciento del total de su personal”.
Reclama para ello la elaboración de programas de inclusión laboral específicos y una serie de garantías acerca de la igualdad de oportunidades y la no discriminación que contempla el apoyo para la terminalidad educativa.
Pintos apuntó a “la necesidad de la formación y capacitación permanentes, porque las personas trans y travestis no pueden acceder a ciertos niveles de estudio por las condiciones de marginalidad a las que siguen condenadas”, y a la par destacó que el proyecto contempla acciones a desplegar por el municipio con los demás trabajadores, “porque el Estado no puede seguir incurriendo en prácticas discriminatorias a nivel laboral”.
“Entendemos que estos sectores a los que apuntamos son población marginada. Hablamos de personas que siguen siendo expulsadas del seno familiar a edad pronta, no pudiendo acceder a la educación ni al trabajo, y por lo tanto siguen atrapadas en el mismo círculo de sólo poder ejercer la prostitución como única manera de subsistir”, enfatizó Alexandra.
Tras recordar que “en nuestro país y en todo el continente las personas trans tienen una expectativa media de vida de 35 años”, la militante no binarie de la FJC enfatizó en que el reclamo es por lograr “la oportunidad de mejorar la calidad de vida” de las personas que no se amoldan a las tipificaciones de género tradicionales.
“Es una lucha que venimos dando hace mucho tiempo, pero éste es el principio de una disputa que venimos haciendo en colectivo como el inicio de una campaña mucho más fuerte” a nivel institucional, aseguró.
