Que no quede impune
El hecho delictivo que involucra a Marcelo Rodríguez, ahora ex titular del Instituto de Fomento Agro Industrial de Misiones (IFAI) «no se trata de una situación personal de un funcionario o de excepción» se subraya en un documento difundido este lunes 25 de abril por un grupo de mujeres referentes de distintas organizaciones políticas, sociales y sindicales en el que se manifiestan en relación a las denuncias públicas por abuso de poder, acoso y violencia de género del también ex diputado provincial del Frente Renovador de la Concordia.
«Como mujeres nos estamos pronunciando dado que se está enfriando y no se está haciendo mucho desde el oficialismo al que pertenece el funcionario denunciado, salvo el salto que dio una diputada (Anazul Centeno) que después se llamó a silencio, evidentemente porque alguien le dijo ‘quedate quieta’, y entonces empezamos a ver lo que pasaba con la prensa y nos asustamos mucho porque se ponía el foco en las mujeres de las que se difundieron sus nombres», puntualizó la referente de Carpa Roja Cristina Ryndycz consultada desde el programa Contala como quieras de La 99.3
Rodríguez tuvo que renunciar al cargo que tenía en el IFAI tras la viralización de chat privados en los que quedó en evidencia el modo en que sometió a numerosas mujeres a sus pretensiones sexuales a cambio de subsidios o contratos en ese u otro organismo del gobierno de Misiones.
Amén de la renuncia del ex funcionario, desde el Gobierno provincial, incluso desde el Ministerio de Desarrollo Social, la Mujer y la Juventud y de otros organismos públicos relacionados a la violencia de género, nadie expresó repudio y/u opinión al respecto, en sus redes sociales la diputada renovadora Anazul Centeno remarcó que “el abuso de poder, la violencia económica, la extorsión sexual en el ámbito laboral, son formas de disciplinamiento, métodos utilizados para imprimir en el cuerpo de las mujeres relaciones desiguales de poder, que nos encasillan como bienes de cambio, transables, mercancías”. Lo llamativo de las expresiones de Centeno es que tras sus expresiones virtuales no aceptó responder a ningún medio de prensa que quisiera consultarla sobre el tema. De su lado, la delegada del INADI en Misiones, Silvia Risko, afiliada al Partido de la Concordia Social, solicitó formalmente a las autoridades partidarias la expulsión del también afiliado Marcelo Rodríguez.
Desde el ámbito de la justicia provincial solo se supo que el mismo Rodríguez inició un pedido de investigación al área de ciber crímen alegando que sus redes sociales habían sido jackeadas y trascendió que habría argumentado «estar enfermo» razón por la que iniciaría un tratamiento psiquiátrico.
Con todos esos elementos, el grupo de mujeres feministas entre las que se cuentan la referente feminista de Carpa Roja Feminista Nacional y Popular Cristina Ryndycz; la decana de la Facultad de Humanidades Gisela Spaciuk; la parlamentaria del Mercosur Julia Perié; la antropóloga social Ana María Gorosito; la ex diputada y ex ministra de Derechos Humanos Lilian Tiki Marchesini, la periodista Mariquita Torres del Espacio Chacabuco, la ex candidata a diputada nacional del Frente de Todos y referente de la CCC Graciela De Melo; Yanina Gisel Montiel de Feminismo Nuestranemérica, y la delegada del PAMI en Posadas Marcela Crechuska,destacó en el documento que el caso que involucra a Rodríguez «pone en evidencia y nos permite interpelar fuertemente las formas en las que se estructuran, sostienen y reproducen las tramas del poder y del patriarcado con sus particularidades en Misiones».
«No nos alcanza con la aceptación de la renuncia del funcionario», subrayan y dicen: «Ratificamos la necesidad democrática de que se investiguen profundamente los hechos indagando todas sus dimensiones, analizando las causales y en consecuencia se imparta justicia», al tiempo que instan «a las y los actores de la justicia y de la política a cumplir las responsabilidades que les caben» porque «las y los misioneros requerimos hechos categóricos que contribuyan a devolver la credibilidad a la política y a las instituciones».
En el mismo escrito, al que también adhieren Sofia Losada, María Fernanda Dasso, Victoria Rosenfeld, Claudia Pini, Cecilia Santos, Liliana Gómez, Angélica Sánchez, Celsa González, Alicia Dieringer, Silvia Mazal, Zulma Fabiana Cabrera, María Laura Sancho, Muriel Mendoza, Yésica Muñoz y Gabriela Ramírez, entre otras, se insiste «con las explicaciones que rompan el sentido común que vuelve a poner en el centro las sospechas y la culpa en las mujeres, en tanto a través de las palabras y artilugios justifica acciones de los varones», que «en situación de desventaja estructural las mujeres no elegimos» y de lo que «se aprovechan los que, como en este caso, ocupan cargos y posiciones de autoridad para continuar repitiendo sus prácticas de coacción y abuso de poder» y apuntan que en esa línea «remarcamos el papel predominante de los medios masivos y de las redes construyendo opinión pública y acompañando los procesos para reproducir o transformar», mientras «la Ley de medios y la Ley Micaela, entre otras normativas y leyes, establecen la forma de comunicar con perspectiva de género, están vigentes y deben ser instrumentadas».
En ese sentido, dice el documento que «en los hechos hubo omisión mediática y de otros actores y múltiples silencios» lo que «demuestra que el pacto patriarcal es todavía lo suficientemente sólido como para garantizar que varones como estos tengan continuidad en el acceso y control mayoritario de los recursos económicos y de autoridad y una cuasi absoluta impunidad».
Finalmente, se señala que «igual que ante otras situaciones de violencias y de violencias de género acaecidas en esta provincia, como parte del colectivo feminista continuaremos insistiendo para evitar que se silencie y olviden estos aberrantes hechos», y «seguiremos trabajando para transformar las estructuras de poder y de coacción que nos exponen y que se asientan usufructuando el cuerpo de las mujeres», al tiempo que «velaremos por ampliar nuestra participación y ocupar espacios políticos y de toma de decisiones que nos permitan definir nuevas reglas de juego, nuevas condiciones estructurales para nuestras instituciones y sobre todo para instalar otras formas de hacer política y de ejercer el poder».
Denuncia
Tras dar a conocer el documento mencionado, el grupo de mujeres presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Instrucción 6 de Posadas en la que se da un pormenorizado detalles de los hechos que involucran al ex diputado provincial de la Renovación Marcelo Rodríguez y se solicita se lo investigue por violencia de género, hostigamiento laboral, corrupción, malversación de fondos, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público, en virtud de que «los hechos relatados que son de público conocimiento suponen y dan cuenta de la existencia y coexistencia de diversos delitos de acción pública que desde que se han hecho públicos deben ser investigados por quienes, como los fiscales, tienen la facultad y obligación de hacerlo» y «en base a ello es que requerimos se inicie, requiera e instruya la investigación necesaria para determinar los alcances, magnitud y responsabilidad que quepan a las autoridades, responsables y funcionarios del IFAI, especialmente de quien fuera su presidente». Al cabo se remarca: «Interpelamos a esta fiscalía a que impulse la investigación y tome las medidas necesarias para llegar a determinar las responsabilidades civiles y penales que correspondan».
(Foto de portada de Marcos Otaño)
