Porque molesta a un barrio acomodado

Piden que saquen a Lula de Curitiba

(Sputnik) La Procuraduría General del Ayuntamiento de la ciudad brasileña de Curitiba (estado de Paraná, sur) pidió el traslado a otro punto del país del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011), que está preso en la Superintendencia de la Policía Federal de esa localidad desde el 7 de este mes, informó la prensa local.

En el documento presentado ante la Justicia Federal, la Procuraduría remarca que ya se «agotaron» las providencias administrativas y judiciales para el cumplimiento de la orden judicial y que la presencia de Lula está causando molestias a los vecinos de la ciudad, publicó el diario O Globo.

Se refiere concretamente a los habitantes del barrio de Santa Candida, una zona residencial donde se ubica el edifico de la Superintendencia de la Policía Federal donde está preso Lula, en el que actualmente hay un campamento con cientos de simpatizantes del expresidente.

El Partido de los Trabajadores y las organizaciones sociales que impulsaron la acampada por la liberación de Lula remarcan en todo momento que la convivencia con los vecinos es buena y que algunos de ellos incluso les ceden sus casas para que puedan ducharse o cargar aparatos electrónicos.

No obstante, la Procuraduría considera que la presencia de los manifestantes causa notables trastornos, dado que también obligó a diseñar un perímetro de seguridad que dificulta la atención al público en el edificio de la Superintendencia, que funciona como una comisaría normal.

Además, recuerda que muchos agentes de la Policía Federal no realizan su trabajo ordinario sino que están movilizados para el refuerzo de seguridad.

El Sindicato de Comisarios de la Policía Federal del Estado de Paraná también pidió el 11 de este mes que se transfiera a Lula a otra cárcel, alegando motivos similares.

El líder izquierdista fue condenado a 12 años y un mes de cárcel por delitos de corrupción y blanqueo de dinero en el marco de la Operación Lava Jato.

Lula no se encuentra en una cárcel ordinaria junto a otros políticos condenados por corrupción, sino en una sala especial de la Superintendencia, privada, con espacio considerable y sin contacto con otros presos.

El único que tiene potestad para determinar el traslado del expresidente es el juez de primera instancia encargado de la Operación Lava Jato, Sérgio Moro, quien lo condenó en un principio y establece las condiciones del cumplimiento de la pena.

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