Una joven mbyá reclama la restitución de su bebé

Con “argumentos falaces” aceptados como válidos, un tribunal de Familia de Eldorado le concedió la guarda provisoria de un bebé lactante a su padre y a su abuela paterna, apartando a la criatura de su madre, miembro de una comunidad mbyá, en lo que la defensa de la joven a la que se apartó de su hijo calificó como “una vulneración muy grave del derecho del menor, de la madre y de los pueblos indígenas”.

Así lo afirmó el abogado José Luis Fuentes, quien junto con Roxana Rivas lleva judicialmente la defensa de los derechos de Fátima González, miembro de la comunidad mbyá Ysyry, de Mado, a quien en una audiencia realizada en noviembre pasado se la engañó para que consintiera un acuerdo por el cual su bebé (entonces de cuatro meses) quedó bajo la guarda provisoria de su padre biológico y la madre de éste, ambos residentes en una vivienda del casco urbano de la misma localidad.

En aquella audiencia, la joven mbyá “no tuvo ninguno de sus derechos cubierto. Los tratados internacionales que la Constitución y las leyes argentinas asumen como propios establecen que los miembros de comunidades originarias deben contar con el apoyo de intérpretes cuando no hablan el idioma, y Fátima, que no habla castellano, estuvo sola, sin abogados y sin intérprete”, le dijo Fuentes al programa Contala como quieras.

El letrado explicó que el padre y la abuela paterna de la criatura fungieron como intérpretes para la muchacha, y con falsas explicaciones sobre lo que se estaba tratando la indujeron a aceptar los términos allí asentados.

En el acta de aquella audiencia “consta que tanto el padre de la criatura como su madre, la abuela paterna, querían que Fátima se fuera del hogar que compartían y que la joven no quería irse, que quería quedarse con su bebé”, contó el abogado.

Aun con esa constancia de que la joven no quería desprenderse de su hijo, “se certificó un acuerdo según el cual Fátima asentía en que le dieran la criatura a su ex suegra. Pero ella no estaba entendiendo lo que pasaba, ya que no habla el idioma castellano, y además tiene una dificultad para hablar. Incluso estuvo dos meses más con su hijo, viviendo en la casa de su suegra, entre el 20 de noviembre y hasta febrero de este año. En todo ese tiempo sufrió violencia, y cuando ya no aguantó más volvió a la comunidad Ysyry, que queda relativamente cerca”, contó Fuentes.

Después de eso la joven madre hizo dos denuncias policiales por violencia, y “se le concedió un régimen amplio de contacto (con el bebé), pero que implica que ella vaya a la casa en la que estaba padeciendo violencia. El Estado no hizo nada para garantizar que ese bebé tuviera contacto con su madre”, señaló Fuentes.

“Llama mucho la atención que, sin tener profundidad en los resguardos, se tome una medida tan grave como separar a la madre de su hijo. No conozco ningún tipo de medida tan extrema tomada con esa metodología para personas blancas”, comentó el representante legal de Fátima.

José Luis Fuentes en La 99.3, el 26 de mayo de 2020

Transcurridas ya tres semanas desde que Fuentes y Rivas presentaron el pedido de nulidad de la audiencia de noviembre y restitución de la criatura a su madre, la situación se torna “muy angustiante”, afirmó el abogado.

Y entre las causas para que se haya llegado a esa decisión judicial y se demore tanto tiempo en reconsiderarla, Fuentes apuntó al hecho de que el juzgado de Familia que dictaminó en el caso está a cargo de un juez subrogante, el doctor Juan José Palacio, del fuero Civil y Comercial: “Hay un principio en el derecho de familia que es la inmediatez, y eso depende mucho de la asiduidad del contacto que tiene un juez con el caso. En este caso es imposible que se dé, porque el juez está, directamente, en otro edificio, a un kilómetro del tribunal en el que se dirime la causa”, señaló.

“El juez no estuvo en la audiencia, pero terminó validando los términos allí asentados, y es quien tiene ahora la oportunidad de tomas medidas reparatorias. No hay ningún tipo de posibilidad de que esa audiencia pueda ser considerada válida. No entendemos por qué se está demorando. Hay una vulneración muy grave del derecho del menor, de la madre, de los pueblos indígenas. Nosotros propusimos una forma de solucionar el diferendo, pero no se está resolviendo, y eso es lo que más nos preocupa”, sostuvo el abogado de Fátima.

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