Mal paridos

Carlos Resio.

El actual episodio de “la ruralidad” negándose liquidar sus cosechas y a compartir sus ganancias extraordinarias con la sociedad argentina es un nuevo pero repetido capítulo de una serie que tiene ya casi 500 años en nuestras tierras y por lo que parece no estamos decididos a cambiar. Solo atinamos a quejarnos y sufrir las consecuencias de esta afrenta a toda lógica salvo por los intentos de pocos gobiernos populares.

Cuando entrecomillo “la ruralidad” quiero sugerir que es un espacio así nombrado como homogéneo y en el que nos está vedado ingresar para poder ver y separar claramente a sus integrantes. Pero cuando logramos entrar, y no es fácil, distinguimos que también ahí hay ganadores y perdedores y que esa estructura está así impuesta para poder esconder, camuflados como perdedores, a aquellos que se enriquecen a costa de un bien común, escaso e irreproducible como es la tierra. No se puede fabricar tierra, no hay ni habrá más que la que hay y, por lo tanto, como elemento estratégico y vital para los pueblos que en ella habitan debería ser cuidadosamente administrada por el estado, que para eso está.

Un dato importante a tener en cuenta es que cuando se exporta el producido de la tierra se está exportando, precisamente, tierra en otra forma ya que un grano de soja lleva en su interior los nutrientes que antes estuvieron en el suelo y que luego deberán ser repuestos con fertilizantes que, muchas veces nos venden desde otros países. Estamos exportando tierra que debería ser de todo el pueblo y no de quienes detentan la propiedad, que se enriquecen por su valor intrínseco y no solo por el trabajo realizado para extraerlo y el capital realmente invertido lo que, a mi criterio, debería ser el único pago que deberían recibir por parte de la sociedad la que se debería reservar para sí su valor diferencial. David Ricardo lo explicó hace más de 200 años. La diferencia entre el valor de venta y el valor del trabajo y renta de capital de producción es del pueblo y es este quien debe determinarlo y no los tenedores de la tierra.

Es sabido que los pueblos originarios que habitaban nuestras tierras tenían una concepción comunitaria del uso de la tierra y que la propiedad no era individual sino colectiva con organizaciones más o menos complejas según la región del territorio de que se trate y el desarrollo social, cultural y económico de sus habitantes. La conquista española trajo nuevas leyes en el filo de sus espadas. Con la promulgación de las ordenanzas de Irala, en 1556, llegó aquí el concepto de propiedad privada de la tierra y todo lo que en ella hubiera a través de la figura de la encomienda. Esto es, el conquistador se adueñó por la fuerza de un territorio habitado y la distribuyó arbitraria y violentamente entre sus miembros aplicando los conceptos de propiedad privada que se utilizaban en Europa en la baja edad media aunque con distintos motivos ya que la baja densidad poblacional no requería de producción intensiva de alimentos como lo era en el viejo mundo.

La emancipación americana trajo nuevos reacomodamientos y luego de la confiscación de tierras a los realistas díscolos y en medio de las luchas internas nuevamente la discusión sobre la posesión de la tierra fue zanjada de forma violenta y arbitraria por quienes detentaban el poder político ya sea desde las viejas élites provinciales que supieron adaptarse a las nuevas reglas, ya sea desde Buenos Aires donde se trazaban las líneas gruesas del destino nacional. La ley de enfiteusis primero (1826), luego las leyes para promover inmigración que no hicieron más que entregar tierras públicas a los amigos del poder y la campaña de incorporación de territorio y exterminio de pueblos originarios después, forjaron una nueva clase dominante, una oligarquía basada en la propiedad de enormes extensiones de tierra que no las soltaron, si no es por un pasamanos, hasta nuestros días.

Para ilustrar este proceso basta mencionar los mecanismos de distribución de la tierra luego de la ocupación efectiva de algunos territorios nacionales. Hasta 1862 en la provincia de Buenos Aires se habían donado y vendido a precios irrisorios más de 9 millones de hectáreas y desde entonces a 1882 otras 12 millones en las mismas condiciones a unas pocas familias cuyos apellidos aún forman parte del círculo de latifundistas; Corrientes, antes de dejar la administración de Misiones que pasaba a ser territorio nacional en 1881, vendió 2 millones de hectáreas de tierra colorada a 29 personas; en Chaco el estado donó 2 millones y medio de hectáreas para conformar colonias agrícolas y solo se usaron 43000; algo similar sucedió  en Formosa. Los mismos procesos de colonización se dieron en Corrientes y Entre Ríos donde se agotaron las tierras públicas en manos de unas pocas empresas colonizadores que no usaron ni el 10% para tales propósitos. Mientras Juárez Célman y Carlos Pellegrini donaban a fines del siglo XIX tierras a empresas extranjeras, por ejemplo una legua a cada lado del trazado ferroviario para las empresas inglesas, se referían a las de la Patagonia en los siguientes términos: “la Patagonia es la gran reserva argentina. Hay que poblarla. Es mejor que estas tierras las explote el enérgico sajón y que no sigan bajo la incuria tehuelche”. Mentían, solo les interesaban sus bolsillos. La Patagonia siguió despoblada y una vez consolidado su poder dictaron las reglas. Ejemplos como estos se siguieron repitiendo hasta nuestros días mientras las fronteras agrarias, gracias a las nuevas tecnologías, avanzaron hasta territorios impensados con efectos devastadores para los pueblos originarios, antiguos campesinos y el propio medioambiente quedando en Córdoba, por ejemplo, apenas el 2% del bosque nativo que existía a principios del siglo XX.

Oportunamente está circulando en las redes la imagen de una nota del Financial Times del 7 de junio 1886 en la que se escribió: “El mayor enemigo de la moneda argentina sana han sido los estancieros. Como principales terrateniente y productores del país, su interés radica en poder pagar sus gastos con papel moneda y obtener altos precios en oro por la venta de sus productos. Su noción del paraíso está constituida por buenos mercados en Europa y mala moneda en el país, porque de este modo e oro le provee de tierra y mano de obra baratas”

Como hemos visto, la distribución de la tierra para su explotación agraria, que también se replica en la destinada a la urbanización y viviendas, ha sido y en muchos caso sigue siendo, un proceso de violencia, arbitrariedad y desapego a las ideas de comunidad organizada por el bien común que determinó que en Argentina, donde como en otros lugares del mundo ya domina el poder financiero, se ha llegado al punto, según una investigación de Oxfam de 2017, en que el 1% de los propietarios posea el 36% de la tierra y el 83% de las explotaciones agropecuarias apenas un 13%. Este desequilibrio se profundiza cada vez que un gobierno neoliberal irrumpe en los países. En nuestro caso, durante el gobierno de Menem desaparecieron 120.000 pequeños productores y la extranjerización de la tierra se acentuó. Durante el gobierno de Macri la concentración se aceleró además de dictar un decreto que anuló las restricciones impuestas por la ley 26737, dictada durante el gobierno de Cristina Fernández, que ponía límites al acceso a tierras por parte de extranjeros sobre todo en zonas limítrofes. La evidente amistad de Macri con Joe Lewis hace aún más ominosa esta concesión.

Como dije al iniciar mi columna, por ahora solo estamos dispuestos a quejarnos amargamente, aceptar que fuimos mal paridos y mirar con envidia a aquellos países, jóvenes como el nuestro, que han resuelto mejor el tema de la distribución de la tierra y coincidentemente tienen un mayor grado de desarrollo a pesar de haber partido desde el mismo momento histórico. El oligarca latifundista, que sí sigue existiendo aunque con otros modales, se ha encargado de disfrazarse de sufrido chacarero, ¡incluso logrando que este lo defienda!, y ha invertido ingentes recursos para imponer su falsa identidad además de esconder información (no hay datos de catastro y los que hay se niegan a ser encontrados) y a escamotear el debate sobre el sistema de producción agropecuaria en un país como la Argentina que es netamente agropecuario. Este derrotero da suficientes elementos para declarar ilegítimo este estado de cosas y que el pueblo exija su revisión y replanteo. De no hacerlo, seguiremos quejándonos de las consecuencias sin cuestionar las causas y un puñado de tipos que, al decir de Diego Capusotto, “se consideran dueños de un país que detestan”, seguirán siendo quienes se llevan el beneficio del producto de la tierra, mientras que grandes porciones de nuestro pueblo que la habita apenas puede acceder al alimento que producido a costos locales tiene precios internacionales, y mediante actitudes antidemocráticas fuerzan a los gobiernos populares a ceder en sus pretensiones y hasta pretenden su destitución.

El mundo está atravesando un período de inestabilidad y reacomodamiento. América Latina parece estar retornando, no sin dificultades y peligros, a una nueva ola de gobiernos populares. En nuestro país hemos logrado ya el retorno de un gobierno nacional y popular que aunque debilitado, errático y decepcionante es aún nuestro gobierno y debemos redoblar el esfuerzo para comprender estos procesos, recrear la conciencia de que podemos ser un país justo, libre y soberano, profundizar los logros, consolidar el camino iniciado y corregir el rumbo para fortalecer nuestro espacio y que no regresen quienes gobiernan en beneficio de los que consideran a la tierra como un recurso para pocos al que hay que exprimir hasta la última gota y no como una madre a la que hay que proteger para que nos cobije a todos. No serán las minorías que obtienen beneficios de las mismas causas que provocan el hambre a las mayorías los que produzcan el cambio. No serán medidas tibias y a medias con las que se corrigen injusticias e inequidades como lo demuestra el gobierno de Alberto Fernández. Esto solo será posible con un pueblo protagonista que no se conforme con la aparición de líderes de ocasión sino con su participación activa en los distintos ámbitos de la vida pública donde el debate y el reclamo activo ilumine aquello que los privilegiados de siempre esconden para seguir medrando con la miseria de los pueblos. ¡Mal paridos!

Para analizar, reflexionar y debatir el ideario del Manifiesto Argentino, Carlos Resio, integrante de la Mesa Ejecutiva de la organización que conduce Mempo Giardinelli, comparte propuestas de la agenda pública en su columna semanal de cada miércoles, a las 7,30 en el programa Contala como quieras, en La 99.3