Inquilinos, con nueva ley ante viejas trampas
El fin de marzo traerá también el descongelamiento de los precios de los alquileres, y a los inquilinos que esperan renovar sus contratos no sólo se les viene el pago de los montos que estuvieron en el freezer sino la incertidumbre del valor que los propietarios asignarán al arriendo de sus propiedades.
En los casos en que se intente renovar contrato por el vencimiento del vigente y el propietario exija un aumento exorbitante para la capacidad de pago del inquilino, por encima de la escala salarial Ripte (Remuneración imponible promedio de los trabajadores estables), “la ley no previó normas que se lo imposibiliten”, advirtió Adrián Torres, titular de la Asociación Misionera de Inquilinos.
Se refería a la nueva ley de alquileres (Nº 27.551, vigente desde julio del año pasado), que aunque estableció algunos puntos en resguardo de los derechos del inquilino “es algo incompleto, porque no existe un organismo de contralor que tenga la facultad de fiscalizar el cumplimiento de la normativa y de sancionar en el caso que haya incumplimiento”, le dijo Torres a Contala como quieras.
“El mercado sigue haciendo lo que quiere”, enfatizó el representante de los locatarios de viviendas, refiriéndose a una plaza “que siempre ha estado con precios por encima de la media de inflación: el inquilino siempre ha sido víctima de un mercado salvaje, leonino, que siempre ha abusado de su necesidad”, añadió.
“La gente que controla el mercado, los grandes grupos inmobiliarios, siempre se han manejado de esa manera, siempre fueron formadores de precios, y el inquilino ha tenido que sufrir eso por una falta de regulación del mercado por parte del Estado”, insistió Torres.
«El Estado ha intentado, a través de la modificación de una ley, darle mejores y mayores derechos al inquilino y buscar un equilibrio”, admitió, pero a la par señaló que esos intentos han sido insuficientes ante el poder económico de los grandes operadores del mercado, que “hacen lobby permanente en contra del inquilino con mensajes apocalípticos” ante cada normativa que roza mínimamente sus intereses.
Torres habló de “un mercado negro, principalmente porque está fuera del marco de regulación en que debería estar. El inquilino es un consumidor y como tal hace una operación comercial, no hace un contrato civil entre ambas partes”.
“La persona que pone una propiedad en locación está haciendo un comercio, con un lucro. Por lo tanto, debería aportar como cualquier comerciante, registrar las operaciones. El inquilino debería obtener derechos del consumidor, porque está consumiendo un bien, que es una locación. El encuadre mismo nos pone en el Código Civil, haciendo un contrato civil entre ambas partes, y que ante un incumplimiento se tiene que dirimir en la Justicia… ¿Usted va a ir a dirimir en la Justicia un problema de calefón o de pérdida de gas? No. Va a llamar a un plomero y se va a hacer cargo, porque usted es el que vive en la casa. Y el propietario se abusa de esto”, protestó.
Torres puso el ejemplo de alguien a quien “el 50 o 60 por ciento del salario se lo insume el pago del alquiler” y se preguntó si esa persona está en condiciones de recurrir a un abogado para que le resuelva el problema de un desperfecto hogareño en el ámbito judicial. “La necesidad de vivir bajo un techo digno la tiene el inquilino, y lamentablemente no tiene protección, mientras que el propietario sí la tiene”, consideró.
En cuanto a la obligación de asentar registro de los contratos de alquiler en la AFIP, dispuesta por la nueva ley, Torres reconoció que traerá algunos beneficios a la regulación del mercadp . “Si bien ese costo del registro lo terminará pagando el inquilino, porque el propietario terminará trasladando el costo que le genere esa inscripción a quien le alquila, será el puntapié inicial para tener una base de datos en blanco, para saber quiénes son estos inescrupulosos que manejan el mercado y poder denunciarlos”, consideró.
Ese registro “tiene que generar una base de datos para que todas las casas que se ofrezcan en alquiler estén registradas, para después exigirles a los municipios, que tienen poder de policía de hábitat, que actúen frente a situaciones de hacinamiento, casas que están en malas condiciones, frente a aquellos a quienes no les interesa la vida del inquilino y hasta ponen en riesgo su vida haciendo instalaciones precarias y un montón de abusos”.
Esa base de datos “podrá servir para saber quiénes son. Hay gente que tiene 30, 40, 60 propiedades. Somos títeres, y a los que manejan los piolines nosotros no los vemos… Hay testaferros. Hay tanta irregularidad en este mercado. Gente que se esconde, que no quiere jamás figurar en un registro público”, aseguró.
