Autoritarismo, esa vieja pandemia del Paraguay
“El escenario es la profundización de un autoritarismo que nunca dejó de existir en Paraguay. Una exacerbación alentada por factores políticos, por la pandemia, que parece darles vía libre a las autoridades para profundizar sus acciones antidemocráticas”, aseguró Clyde Soto, psicóloga, miembro de la Coordinación de Mujeres del Paraguay.
Activa militante feminista en su país, Soto habló con Contala como quieras a propósito del documento en el que la Coordinación reclamó por el derecho de la ciudadanía “a reunirse y a manifestarse ante la gravedad de los hechos que están ocurriendo, a expresar su pensamiento y sus críticas hacia las autoridades sin ser perseguida por ello”, ya que es notorio “en Paraguay el uso del sistema penal de manera desproporcionada y teñida de connotaciones políticas”.
En el marco de las restricciones a la circulación impuestas como medidas preventivas ante la pandemia de Covid-19, y en una coyuntura política y social convulsionada por la reaparición de la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) en hechos que alcanzaron trascendencia fuera de sus fronteras, las autoridades “están empezando un proceso de imputación selectiva que es lo que nosotras llamábamos en tiempos de (Alfredo) Stroessner oleada represiva”, aseguró.
“El movimiento campesino es un ejemplo de cómo el sistema penal ha venido operando en este sentido, y ahora es más de lo mismo, más abierto y con menos freno, porque estas situaciones de tener a un grupo ilegal armado operando en el territorio, de tener una pandemia con leyes o decretos especiales que habilitan a restringir la movilidad, generan que la actuación se empiece a extender hacia sectores que habitualmente han estado fuera de ese modelo represivo, que es una continuidad del modelo dictatorial”, añadió.
Has recorrido, muchacha…
La Coordinación es una organización nacida en 1987 bajo la dictadura de Stroessner con “una Constitución que discriminaba a las mujeres pasando prácticamente por todas las leyes”, que en sus primeros años concentró su lucha en las reformas al Código Civil con una campaña llevada bajo el lema “Por nuestra igualdad ante la ley”, evocó la entrevistada
Al caer la dictadura la organización tenía ya atravesado un camino de haber elaborado propuestas “bajo un régimen que era básicamente represivo, discriminatorio”, y “desde entonces seguimos trabajando tanto en el análisis de leyes como de políticas públicas. Somos una red de activistas individuales y organizaciones que reunimos a feministas”, definió.
A más de treinta años de la caída de Stroessner, el autoritarismo aún mantiene resortes de control social y político, en un proceso que Soto definió como “un cambio de un régimen dictatorial hacia una construcción democrática”.
Persecuciones y asesinatos selectivos
“Para el movimiento campesino el continuum ha sido siempre una represión feroz, usando el sistema penal para imputarlos, para castigarlos, incluso con asesinatos selectivos que muchas veces han estado a cargo de agentes del Estado o de sicarios o de grupos armados que cuidan estancias, personal armado de grupos empresariales o de estancieros a los que el Estado nunca ha investigado o castigado suficientemente”, señaló.
“Desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay hemos hecho denuncias e investigaciones en este sentido y tenemos listadas de más de cien personas campesinas muertas a lo largo de todo el período posdictatorial”, agregó.
La psicóloga, con formación en cuestiones de género en las universidades Autónoma de Madrid y Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), repasó los hechos públicos que se generaron en su país después del asesinato de dos niñas argentinas en lo que pretendió presentarse como un enfrentamiento armado entre la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC, un cuerpo de élite formado especialmente para la lucha antiterrorista) y el EPP.
“El hecho de que para cuando se confirmó que se trataba de dos niñas los cuerpos ya habían sido sepultados sin haberles realizado autopsia y que los uniformes que vestían al momento de ser abatidas habían sido quemados, con el argumento de que formaba parte de los protocolos sanitarios en situación de pandemia, generó mucha conmoción e indignación” entre vastos sectores de la sociedad paraguaya.
En una protesta contra aquel hecho y el intento de presentarlo como un exitoso enfrentamiento armado contra el EPP que se realizó días después frente al Panteón de los Héroes, en pleno centro de Asunción, hubo pintadas en los muros de ese monumento y también se quemó “un adorno representativo de la bandera de Francia”.
Una joven resultó detenida “y hoy está con prisión preventiva”, y otras dos imputadas a quienes se les instruye un proceso penal decidieron salir del país para escapar de esa persecución. La fiscalía actuante “empezó un proceso de llamar a indagatoria e imputación a personas que simplemente estuvieron en la manifestación por supuesta violación de la cuarentena”, sostuvo Soto.
Contó, por ejemplo que “llamaron a declarar con la intención de imputar” al escritor Miguel Ángel Fernández, de 82 años, de dilatada trayectoria militante contra la dictadura y reconocido en todo el mundo literario, porque participó de aquella protesta “y se sacó el barbijo para pronunciar un discurso”, lo que a todas luces contrasta con la absoluta permisividad que se les había dado unos días antes a autoridades partidarias y de gobierno que habían estado reunidas sin ningún tipo de cubreboca en un acto por el aniversario del oficialista Partido Colorado.
La larga sombra de Curuguaty
La indignación por el asesinato de las dos niñas argentinas y el intento por presentarlo como un exitoso operativo antiguerrillero tiene el antecedente de Curuguaty, un presunto enfrentamiento entre campesinos y policías en el que murieron 17 personas, en 2012, que resultó en la acusación parlamentaria que destituyó en tiempo récord al entonces presidente Fernando Lugo.
“Un campesino murió por un disparo en la boca, y minutos antes había llamado por teléfono a su mujer para decirle ‘posiblemente no te vea nunca más’. Esa fue una ejecución evidente. Tenemos los testimonios, pero la Justicia nunca reconoció lo que pasó y simplemente terminó admitiendo que se había condenado a los sobrevivientes tras un proceso que no había respetado todas las garantías. La Corte Suprema de Justicia, en último instancia y después de un proceso que yo califico como tortura judicial, terminó diciendo que no se podía condenar a los campesinos, pero fue por fallas del proceso, no porque sostenía la verdad”, afirmó.
El EPP y el campesinado, dos caminos sin intersección
En cuanto a la presencia del EPP, aclaró que “hay dificultades en caracterizar a un grupo clandestino, pero de ninguna manera se puede hablar de que sea una organización representativa del campesinado paraguayo. En Paraguay existe un movimiento campesino enorme, riquísimo y con una historia propia que no tiene nada que ver con estas manifestaciones armadas ilegales”.
“Al contrario: su existencia ha sido usada para reprimir más duramente al campesinado paraguayo, pobre, organizado y luchador, que viene reivindicando la tierra desde hace años”, agregó.
En cuanto a las sospechas de que las apariciones más espectaculares de ese grupo armado coinciden con momentos de zozobra política para los oficialismos, Soto definió: “Es difícil establecer causalidad, pero también lo es afirmar que es casualidad que muchos de los eventos asociados con la aparición del EPP han servido como antecedente para aprobar una ley, o para tapar algún escandalete o para favorecer algún tipo de actuación gubernamental.”
“Es posible especular con que con cada golpe del EPP el gobierno se prepare rápidamente a conseguir un objetivo político, aunque sería temerario afirmar que es así. La aprobación de la militarización del Norte del Paraguay y la creación de la Fuerza de Tarea Conjunta se logró en una semana, luego de la asunción del gobierno anterior de Horacio Cartes, con el Parlamento votando de manera homogénea la creación de la FTC: se logró a partir de un hecho conmocionante (un ataque del grupo insurgente en el que fueron asesinados ocho militares, en agosto de 2016). Después de aquel hecho el camino para la creación de la FTC fue un paseo”.