Medidas que algunos prefieren desconocer

(Mirta Botzman) Estamos cumpliendo un año de la gestión de Alberto Fernández y el 20 de este mes va a llevar 9 meses del inicio de la cuarentena por la pandemia del Covid 19. Fue un año muy duro y muy diferente a las fantasías con las que vivíamos hace un año. Es importante señalar, más allá de la ansiedad manifestada en varias ocasiones, que este se trata de un gobierno cuya direccionalidad está en las antípodas de la gestión neolilberal que azotó al país durante los 4 años del nefasto gobierno de Macri.

Mirta Botzman en La 99.3 el 10 de diciembre de 2020
Mirta Botzman

Y antes de meterme en el tema de hoy voy a reiterar que el gobierno de Macri no fue malo porque no sabían lo que hacían, todo lo contrario, vinieron a hacer lo que hicieron y fue muy malo para el pueblo y el conjunto de la población, pero desde la perspectiva de ellos les salió perfecto, salvo la derrota electoral de octubre de 2019.

En primer lugar, quiero mencionar la corrección de la fórmula y criterio respecto de la actualización de las jubilaciones. En la discusión en el Senado a instancias del Frente de Todos se cambiaron algunas cuestiones no menores para los ingresos de los jubilados. Por lo pronto, se estableció que el 5% dado para diciembre no será a cuenta del ajuste que corresponda dar en marzo próximo, también se estableció que la actualización de los haberes jubilatorios será trimestral en vez de semestral -como planteaba el proyecto original y como era la fórmula de 2008- por lo tanto, habrá cuatro y no dos incrementos al año.

Los primeros tres aumentos del año se van a determinar por una ecuación que pondera en partes iguales a la variación salarial, optando por la mayor variación entre dos índices, el RIPTE (Ministerio de Trabajo) y el Índice de Salarios (Indec) que no estaba considerado en la fórmula propuesta y la otra mitad del aumento depende de la variación de la recaudación tributaria de la Anses.

Para calcular el aumento de diciembre, o sea el último del año, la fórmula se abre en dos ecuaciones. La primera es análoga al cálculo de marzo, junio y septiembre. La segunda está dada por la variación interanual de los recursos totales de ANSES multiplicada por 1,03, es decir, un 3% como tope anual. Este tope fue pensado para no comprometer las finanzas del sistema previsionalaunque se prevea una mejora en los ingresos de los jubilados y titulares de asignaciones familiares y universales. Es decir, se establece un límite al total de aumentos anual pero desde las autoridades esperan que se supere la cifra de inflación. Dentro de un año vamos a poder decir que pasó efectivamente.

También el gobierno nacional tomó otra medida en la dirección de mejorar la distribución del ingreso, en este caso en relación a las provincias. Se trata del Consenso Fiscal rubricado entre el Estado Nacional y 19 jurisdicciones, aunque fue avalado por todas las provincias con excepción de la Ciudad de Buenos Aires. Provincias como San Luis y La Pampa no habían suscripto el anterior Pacto Fiscal Macrista y tampoco lo firmaron en esta oportunidad, pero manifestaron su adhesión. En cambio, Rodriguez Larreta, que se percibe a sí mismo como el candidato presidencial de Cambiemos para 2023, y que sí había firmado el acuerdo con Macri como todos los diseñados durante el gobierno cambiemitaque significaba trasladar el ajuste económico a las provincias.

Al mejor estilo actoral del PRO y macrista, Larreta se victimiza y hace el indignado y se negó a rubricar este nuevo Consenso en rechazo a la decisión del gobierno nacional de avanzar en la recuperación del punto de coparticipación que el ex Presidente le había regalado por decreto con la excusa del traspaso de la Policía a la órbita de la Ciudad.

Una primer diferencia sobre este tema entre Macri y Fernández es que el presidente actual no gobierna a través de puro decreto y si bien la decisión inicial en ocasión del conflicto con la policía de la provincia de Buenos Aires se manifestó mediante un decreto, ahora mandó el proyecto de Ley para discusión y aprobación en el Congreso Nacional que es lo que corresponde y ya tiene la aprobación del poder legislativo.

Larreta judicializó la decisión presidencial y fue a la Corte cuerpo que todavía no se expidió, seguramente esperando ver el resultado del tratamiento de la Ley en el Congreso. Aunque esta Corte de Justicia nos tiene acostumbrados a expedirse políticamente más que jurídicamente, supongo que no puede ser muy fácil acordar con el reclamo de Larreta más allá de la voluntad de los cortesanos.

Las razones principales, además de jugar al victima, por las que el jefe de Gobierno no lo firmó es porque había dos cláusulas que no quería refrendar. La primera era dar de baja todos los litigios (incluyendo el de la coparticipación) -tal como se acordó en la época de Macri- y la segunda era que todas las transferencias se harán por ley y no a través de la coparticipación, que es precisamente lo que está aprobando el Congreso para la Policía de la Ciudad.

En su respuesta a la sanción en Diputados, Larreta calificó de «absurdo» que le pidieran que diera de baja los juicios al Estado nacional al firmar el consenso fiscal. No se conocen declaraciones similares por parte del jefe de Gobierno cuando Macri pidió lo mismo hace tres años.

Este pataleo escénico del porteño Larreta nos da lugar para hacer un recuento de como la Alianza Cambiemos trazó el ajuste económico sobre las provincias y consolidó un esquema antifederal a pesar que desde lo discursivo pretendía instarse como “el gobierno más federal de la historia”.

El 18 de enero de 2016, o sea a 8 días de asumir, Macri firmó un Decreto para aumentar la participación de la CABA en el Régimen de Coparticipación. El incremento fue del 168 por ciento al pasar del 1,4 al 3,75 por ciento de alícuota. El cálculo realizado por el Ministerio del Interior indica que Macri le regaló a Larreta 86.269 millones de pesos, por sobre lo que representaban los gastos de los servicios transferidos. El antifederalismomacrista se ve reflejado también en que en el 2016, los Recursos de Origen Nacional crecieron para CABA un 252 por ciento mientras que para el resto de las jurisdicciones fue solamente un 32 por ciento.

A los 4 meses de regalarle un nuevo esquema de coparticipación a CABA, Macri impulsó el primer Pacto Fiscal de su gestión. Por entonces, la mayoría de los gobernadores y gobernadoras consentían el plan económico cambiemita, que incluía un aval para que las jurisdicciones pudieran tomar deuda en dólares.

A cambio de acompañar el Pacto Fiscal, Macri les había prometido más fondos a través de un esquema de compensaciones –distribuido de manera discrecional— y que no se eliminaría el Fondo Federal Solidario (FFS), constituido por el 30 por ciento de lo que se recaudaba por retenciones a la soja, cuya distribución estaba destinada a financiar pequeñas obras públicas en los municipios.

Como contra partida, las provincias debían comprometerse a no contratar más empleados públicos, bajar impuestos a grandes empresas (en detrimento de pequeños comerciantes y consumidores), reducir alícuotas de Ingresos Brutos y alcanzar el equilibrio fiscal en sus jurisdicciones.

Las provincias firmaron y al poco tiempo, la Alianza Cambiemos derogó el Fondo Federal Solidario. Los defensores a ultranza del concepto de la “seguridad jurídica” les esquilmaron a las provincias 35.000 millones de pesos por lo que dejaron de recibir entre 2018 y 2019.

El Consenso Fiscal que fue firmado el viernes pasado, que deberá ser avalado por las legislaturas provinciales, les devuelve a las provinciales la potestad de manejar sus propias políticas tributarias al suspenderse “las obligaciones en materia de exenciones y escalas de alícuotas máximas contempladas para los períodos fiscales 2020 y 2021 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos”.

Si bien Ingresos Brutos es un tributo indirecto, es vital para las provincias y sus (relativas) soberanías económicas. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las transferencias por coparticipación representan, en promedio, el 71,3 por ciento del total de recursos tributarios de las provincias. Pero en algunos casos llegan al 93 por ciento como en Formosa.

Por eso las restricciones de administrar ese tributo pegaba de lleno en la ya de por sí reducida autonomía económica de las provincias. Las hacía más dependientes del Estado nacional. El macrismo había establecido un esquema de reducción de Ingresos Brutos que terminaba perjudicando las recaudaciones locales.

La otra pata de esta historia tuvo que ver con el endeudamiento en dólares. La Alianza Cambiemos les había augurado a gobernadores y gobernadoras libertad para tomar préstamos en moneda extranjera que era el juego que más les gustaba porque estaban en los dos lados del mostrador. Para ser autorizados, los mandatarios y mandatarias lo único que tuvieron que hacer fue avalar el pago a los Fondos Buitres y el mentado Pacto Fiscal.

Al igual de lo que sucedió a nivel nacional esto fue un salvavidas de plomo para varias provincias dejándolas en una situación muy comprometida con los mismos acreedores con los que negoció Guzmán pero que cada vez se ponen más duros dejando de hecho a provincias como la de Buenos Aires en situación de default aunque este sea involuntario. Esto sucedió cada vez que se autorizó a las provincias a tomar deuda externa de manera casi indiscriminada, porque las provincias solo tienen acceso a dólares para pagar deuda comprándola en el mercado. Por eso el nuevo Consenso Fiscal estableció restricciones a la toma de deuda en dólares. A partir del 31 de diciembre de este año, las provincias no podrán aumentar sus stocks en moneda norteamericana, salvo para el repago de la deuda ya contraída.

En Misiones

La provincia de Misiones logró atravesar los cuatro años macristas sin endeudarse en moneda extranjera lo que ahora significa un alivio muy importante y la posibilidad de manejarse con mayor soltura financiera.

El Consenso Fiscal es otro de los proyectos incluidos en la agenda de Sesiones Extraordinarias del Congreso para ser aprobado antes de marzo de 2021.

En el marco de la caída en la recaudación de impuestos tanto a nivel nacional como provincial y municipal por la pandemia y la recesión recibida, el Gobierno Nacional ha impulsado una serie de políticas tendientes a compensar al menos en parte el impacto negativo de la caída de la recaudación sobre los erarios provinciales.

Entre las modificaciones presupuestarias el incremento de fondos destinados por el gobierno nacional a las provincias ascendió a $190.935 millones adicionales.

Las transferencias no automáticas (es decir por fuera de lo que viene por la ley de coparticipación) recibidas por la provincia de Misiones, entre enero y junio de este año que son los últimos dato a los que tuve acceso, son 222 millones de pesos por Aportes del Tesoro, por el Programa de Ayuda Financiera a las Provincias que incluyó los Aportes del Tesoro Nacional que se repartieron con un criterio análogo al de la coparticipación y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial la provincia recibió 2.721 millones de pesos para el mismo período que significa un 9% de lo que recibe la provincia por Coparticipación.

De acuerdo al cuadro general de todas las provincias, la de Misiones se encuentra en el medio del cuadro, es decir, no es de las que más fondos recibe pero tampoco es de las que menos recibe.

Ahora sin endeudamiento externo, con la posibilidad de aumentar los impuestos de ingresos brutos, futura implementación de las zonas francas y con una esperada reactivación económica es de esperar que tengamos un 2021 mucho mejor que este terrible 2020 y que se puedan incrementar los salarios docentes tan largamente reclamados, los salarios de los trabajadores de la salud y de los empleados públicos en general.

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