Despidos masivos y desmantelamiento en SENASA

El Estado ya no hará el control sanitario de alimentos

Unos 380 trabajadores del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) serían despedidos en los próximos días, según se alertó desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el trascurso de la asamblea que decidió realizar un paro activo nacional de 72 horas entre el miércoles 25 y el viernes 27 de abril.
Sin Senasa no habrá control sanitario
Desde ATE SENASA aseguran que los despidos masivos son parte de las medidas que «se enmarcan en un plan de transferencia de poder a los privados para controlar la sanidad», y aclaran: «Esto quiere decir que están despidiendo trabajadores en el organismo que se ocupa de salvaguardar la sanidad en los alimentos que consume toda la población, dejándola en riesgo sanitario».
La reducción de personal ya se empezó a implementar a fines el año pasado en distintas dependencias del SENASA: entrevistado por el programa «Contala como quieras», Juan Lamberti contó que él fue uno de los 124 empleados del organismo despedidos en las provincias de Misiones y Corrientes en diciembre último.
«Nos avisaron por teléfono, ni siquiera nos enviaron un telegrama… Yo llevaba 15 años ininterrumpidos de trabajo, bajo la contratación del llamado Artículo 9», una modalidad conocida como la de personal de planta transitoria que establece contratos año a año con cobertura de obra social, cobro de aguinaldos y demás derechos sociales, le contó Lamberti al programa radial.
  El ex trabajador del SENASA, a quien se cesanteó «sin ninguna indemnización», contó que se desempeñaba como «barrerista» en la estación ferroviaria del puente internacional que une Posadas con la ciudad paraguaya de Encarnación: «Allí era muy frecuente el rechazo de mercadería procedente del otro lado de la frontera, especialmente frutas, verduras y harinas», dados los laxos controles fitosanitarios que Paraguay hace sobre esos productos.
  Lamberti, que sigue reclamando su reincorporación al SENASA y participa activamente de las asambleas de ATE, corroboró todas las denuncias realizadas por la central sindical. En el archivo de audio que acompaña esta nota, la charla que mantuvo Juan Lamberti con el programa «Contala como quieras».
«La pesada herencia», un argumento repetido
 Mientras tanto, el titular de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Etchevehere, justificó los 330 despidos en su ministerio, y expresó: «Estamos cumpliendo con la ley, ya que el año pasado el Congreso votó una reducción nominal del Presupuesto del 10,5 por ciento para el ministerio y nos tenemos que adaptar a dicha reducción», y no dejó de responsabilizar a la gestión de Cristina Kirchner: “Fue una irresponsabilidad del gobierno anterior, que multiplicó por 7 la planta de personal del ministerio», y se jactó de que «en dos años este gobierno la redujo un 25 por ciento”.
Asueto para despedir sin protestas
Los trabajadores concretaron este lunes un paro activo con asambleas en todo el país luego de los trascendidos y la llegada de telegramas de despido a compañeros trabajadores del Ministerio de Agroindustria y de la Secretaría de Agricultura Familiar. «Tenemos certeza de que entre el día martes y miércoles llegarán telegramas del mismo tenor a los trabajadores de SENASA», advirtieron los dirigentes sindicales.
En un comunicado, ATE SENASA subrayó que durante el asueto decretado el viernes último en el Ministerio de Agroindustria, «la directora de Recursos Humanos salió custodiada del edificio para trabajar ‘desde su casa’ (en un sector donde se prevé el despido de 15 trabajadores)».
«Esta embestida contra los trabajadores significa el retiro del control del Estado de funciones indelegables del Estado Nacional», alertaron, al tiempo que se movilizaban desde Casa Central a la sede del Ministerio, «donde nos solidarizamos con los compañeros que allí desarrollan tareas para luego marchar a la Regional Metropolitana que nuclea a Ciudad de Buenos Aires y Conurbano y de donde se pergeñó la quita de la Certificación de los Servicios de Inspección Veterinaria de los establecimiento frigoríficos».
En ese sentido, Jorge Ravetti, coordinador de la Mesa Nacional de ATE SENASA, explicó que la quita de la Certificación «quiere decir que la carne, embutidos, fiambres, lácteos, todos los productos de origen animal que consumimos los argentinos no van a estar certificados por el Estado, sino por los mismos productores. Un hecho sumamente riesgoso para la salud de los argentinos”, y añadió que «se seguirán certificando la exportaciones, es decir instalan un doble estándar sanitario”.
Resistir la arbitrariedad
«Los trabajadores seguimos sosteniendo la resistencia a las arbitrarias y peligrosas decisiones de las autoridades del organismo de retirar los Servicios de Inspección Veterinaria de los establecimientos frigoríficos, dejando funciones de control del Estado Nacional de los alimentos que consume todo el país en manos de los privados», insistieron, y afirmaron que «las autoridades del SENASA pretenden implementar la figura de ‘Director Técnico’ privado, a quien le pagan las entidades privadas en todos los establecimientos donde se producen y elaboran alimentos de origen animal y vegetal», y así «proceder al retiro de dichos establecimientos de los Servicios de Inspección Veterinaria del Estado».
En esas afirmaciones se sostiene la advertencia del «doble estándar sanitario», porque «extreman los controles para las exportaciones y dejan sin controles el consumo interno». Es decir, «dejan a la ciudadanía argentina expuesta a todo tipo de enfermedades que afectan a los seres humanos, como la Escherichia Coli o el Síndrome Urémico Hemolítico, por citar algunos ejemplos».
No pagan más alquileres y atienden en la SRA
Desde Agroindustria no se abonan más los alquileres de los edificios donde funcionan las 400 oficinas sanitarias de campo, explicaron desde ATE SENASA, «lo que obliga a esos organismos a depender de las entidades agropecuarias, como la Sociedad Rural», lo que, al mismo tiempo, fuerza «también a los trabajadores del Estado Nacional a subordinarse al poder de las cámaras agropecuarias».
Las cámaras empresarias «son las entidades en las que las autoridades del SENASA quieren delegar las funciones del Estado, obligando a profesionales y técnicos a depender de la caridad de los controlados», señalaron desde ATE.
Reiteraron que «aduciendo falta de presupuesto», las actuales autoridades de SENASA, «todos CEOs de CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agropecuaria, que reúne a productores privados), Techint y la Sociedad Rural, exigen y ‘aprietan’ a los profesionales a pedir por favor a las sociedades rurales del interior un lugar para poder seguir funcionando».
En la misma línea, se están transfiriendo a los privados «los programas de erradicación y prevención de plagas que afectan directamente a los cítricos (HLB y mosca de los frutos), a las vides (Lobesia Botrana), a la producción de algodón (picudo de algodón), por nombrar algunos ejemplos».
Con estas decisiones «se compromete seriamente la credibilidad internacional sobre nuestros controles, el prestigio internacional alcanzado y por ende se pone en riesgo la pérdida de mercados internacionales», subrayaron los dirigentes gremiales y recordaron que «Argentina produce alimentos para 400 millones de personas».

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