Niños trabajando, ese flagelo que no se erradica
“No vamos a permitir más que los padres, y sobre todo las madres, tengan que llevar a sus hijos a trabajar; porque hay madres solteras, mujeres separadas que necesitan llevar el pan a su casa y tienen que ir a tarefear. Y no puede ser que habiendo una política pública del Estado nacional sigan ocurriendo estos atropellos”, aseguró Ana Cubilla después del violento e ilegal desalojo del que fueron víctimas un grupo de mujeres que habían logrado un espacio donde dejar sus hijos al cuidado de personal idóneo en Comandante Andresito.
“No vamos a dejar de luchar”, dijo la secretaria general del Sindicato Único de Obreros Rurales (SUOR), entrevistada en el programa Contala como quieras, al repasar no sólo el hecho en aquella localidad fronteriza sino el cúmulo de intereses que confluyen para obstaculizar la erradicación del trabajo infantil en Misiones.
“En el sector rural en general, y en particular en nuestra tarefa, todavía no se ha podido erradicar el trabajo infantil. Es un sistema muy perverso… Esto nunca se ha podido discutir de fondo”, reflexionó Cubilla.
Contó que el SUOR obtuvo en comodato un local donde las familias tareferas de Andresito pudieran radicar un centro de cuidado y atención para los chicos, una cesión del ex diputado Abel Ricardo Costa de Arguibel, para implementar allí un programa de la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.
“Un cuadrillero, Juan Carlos Portillo, se hizo dueño del lugar y puso una verdulería” valiéndose del amedrentamiento a quienes legalmente debían tomar posesión del local.
En esa figura del cuadrillero o regenteador se suelen concentrar los intereses de quienes pretenden la continuidad de un statu quo en el que el trabajo a destajo de toda la familia tarefera, incluidos los niños, se considera una práctica inamovible.
“Está todo tercerizado. A nosotros el que nos firma el recibo de sueldo no es el dueño de la chacra, de la tierra o de la yerba: es un cuadrillero, que puede ser una persona cualquiera”, a quien, en la defensa del puro interés por generar mayor producción con la menor erogación posible, le va su propia suerte.
“Si yo voy a dar educación, alimentación y cuidado a los hijos de los trabajadores, esa mano de obra esclavizada que el cuadrillero necesita” ya no estará a su disposición. Así, ve que “en un futuro ya no tendrá tareferos (para contratar) en esas condiciones. Por eso llegan a estar armados, y son capaces de tanta saña y violencia”, explicó Cubilla.
En esa práctica, tal como ocurrió en Andresito, “se arenga por las radios, por los medios, contra una supuesta usurpación”, y así se logra incluso “poner a la Policía y a la política a favor de ellos” y volcar rápidamente la opinión pública contra el proyecto para darles cuidado y contención a los hijos de los tareferos.
“Está todo muy bien aceitado”, comentó. “Yo me quedo con la boca abierta frente a la capacidad que tienen para dar vuelta las cosas como se les da la gana y seguir así. Si uno no trata de nacionalizar, provincializar esto, sacarlo en los medios, buscar los apoyos, queda como si nada: el proyecto no se va a realizar, y por lo tanto va a seguir habiendo trabajo infantil”, agregó.
Un «nuevo sindicalismo rural»
Desde el SUOR “tratamos de implementar lo que llamamos el nuevo sindicalismo rural”, para revertir esas situaciones, que empiezan por el sistema de retribución del trabajo: “Nosotros ni salario tenemos; es un trabajo a destajo; si llovió quince días, quince días no comiste. Tenés que hacer kilos, o hectáreas, o metros o liños”, describió Cubilla.
El sindicato histórico de la actividad, la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE), “que desde hace años debería haber erradicado el trabajo infantil, está con las patronales. Siempre lo estuvo. Está asociado a la Sociedad Rural a nivel nacional y en las provincias”, denunció.
Incluso aseguró que “no sólo no hace nada sino que sale y arma una movilización en contra en el pueblo: el delegado de UATRE en Andresito, junto con los cuadrilleros”, arengaron a vecinos de aquella ciudad para que apoyaran a quienes impidieron que el SUOR se instalara en el local obtenido en comodato para brindar allí cuidado a los hijos de los tareferos.
Para Cubilla, tanto la UATRE como el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre) y la obra social (Osprera), “que tienen mucha guita, no hacen nada en pos de los trabajadores”.
Denunció que los tres organismos reinstauran las condiciones que rigieron durante la dictadura, “con la Ley 22.248 (de Régimen Nacional del Trabajo Agrario, de 1980), con las firmas de (Jorge Rafael ) Videla y (José Alfredo) Martínez de Hoz”, que perduró incluso durante casi treinta años de democracia, hasta que en 2011 se sancionó la Ley 26.727.
Esa norma, que creó el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (Renatea, bajo la supervisión del Ministerio de Trabajo), pasó la administración de los fondos previsionales de los trabajadores rurales a ese nuevo organismo, “pero la UATRE judicializó el tema y el 25 de noviembre de 2015, ya con (Mauricio) Macri ganador de las elecciones, la Corte Suprema de Justicia le devolvió al Renatre el manejo de esa caja”, recordó Cubilla.
En Andresito se volvieron a imponer esas viejas prácticas. «Pero no vamos a dejar de luchas por erradicarlas», aseguró Cubilla.
