El 36
Por Carlos Resio.
En la historia de la organización sociopolítica de los pueblos la división de poderes, al igual que otras instituciones, surgió no como una epifanía al consultar a un oráculo sino como resultado de siglos de avances y retrocesos parados sobre millones de cadáveres producto de guerras, pogroms, genocidios y ejecuciones en masa. Un poder ejecutivo encargado de concretar una idea política y administrar los recursos del estado, un legislativo como caja de resonancia y resolución de las ideas de la sociedad plural y un poder judicial como árbitro y rector de conflictos y conductas. Y es sobre este último lo que hoy traigo a esta columna. Porque creo que deberíamos estar preocupados, y ya es hora, por lo que ha terminado siendo esta institución de la República desde aquella sentencia admonitoria de José Hernández que a través del Viejo Vizcacha nos decía
«Hacéte amigo del juez
No le des de qué quejarse;
Y cuando quiera enojarse
Vos te debes encoger,
Pues siempre es güeno tener
Palenque ande ir a rascarse.»
El poder judicial argentino no está al servicio del pueblo sino al servicio de los poderosos y de conservar sus privilegios. Ha logrado un grado de autonomización que les permite una discrecionalidad y auto reproducción que debería ser desactivada. Este poder judicial, monárquico (palacio, corte, señoría) de funcionarios dependientes del poder extra democrático, que no son elegidos por el pueblo, han perfeccionado su estructura para servir a intereses oligárquicos como lo hacía en el modelo del que fue copiado, la cortes francesas del siglo 18.
Y digo el poder judicial y no una parte del poder judicial como me veo tentado a expresar como indica la corrección porque funciona como un cuerpo y a pesar de que hay numerosos funcionarios decentes y probos, estos no tienen la capacidad de formar la masa crítica que defina un carácter virtuoso sino en sus limitadas áreas de influencia siempre que no interfieran en el propósito general.
Para no irme tan atrás en el tiempo, basta mencionar la validación del golpe de estado a Irigoyen en 1930 por parte de la SCJ y la de todos los golpes de estados subsiguientes, la persecución a dirigentes sociales y políticos, la convalidación de negociados escandalosos y la entrega del patrimonio nacional y, últimamente, la toma por asalto de funciones que no le son propias y la pornográfica evidencia de su servicio a los intereses de la derecha extranjerizante y antipopular que pareciera que estamos naturalizando sin que haya una efectiva reacción. Desde el poder político, solo promesas de reformas que nunca llegan, ilusión de que la mejora vendrá desde su seno o resignados juicios políticos a sabiendas de que la relación de fuerzas solo permite mostrar algo que la mayoría del pueblo argentino, agobiado por la inflación y el desencanto, no puede o no quiere ver.
Es tan evidente el servicio que este poder judicial le presta al mismo sector que en el siglo pasado se sirvió de la violencia asesina de las fuerzas armadas que no se la puede mirar de frente porque enceguece. Ayer mataban clandestinamente a decenas de miles de militantes, dirigentes, intelectuales y disidentes, hoy la amenaza es la proscripción, la cárcel, el escarnio. Todo bajo el manto que ofrece el mito de una justicia independiente pero que en realidad solo basta pedirles que se quiten la toga para ver el color de sus camisetas.
Al accionar de los jueces se suma el odio que se inyecta al pueblo a través de los medios de comunicación masiva tradicionales y las redes sociales. Esto, además de la defección de partidos otrora democráticos que hoy, nuevamente aliados a la derecha, son funcionales a los poderosos y no dudan, por su histórico resentimiento contra lo popular, y por haber sido expulsados de ello, en violar los principios democráticos y los pactos básicos de convivencia cívica.
No les molesta ver como se llevan adelante procesos amañados contra dirigentes y funcionarios en los que se inventan pruebas, se presentan peritajes falsos y se construyen argumentos de extravagante mentira para sacar del camino a quienes les representen un obstáculo a sus negocios y objetivos de odio. El caso de Cristina Fernández es oprobioso. Más de 600 causas, procesos cerrados por lo inconsistentes que vuelven a abrirse una y otra vez, desidia en la investigación del intento de asesinato contra su persona, hecho que alienta quizá otros intentos por lo impune, persecución a familiares cercanos, evidencias de espionaje y persecución contra allegados, entre tantos casos y solo tomando el caso de la expresidenta. Pero también están los casos de Amado Boudou, Milagro Sala, Gils Carbó, De Vido, empresarios que se negaron a ponerse al servicio del gobierno de Macri y muchos otros casos. Pero también actúa en contra de los otros dos poderes de la república al interferir en los procesos legislativos, derogando e imponiendo leyes, incluso resucitando las ya derogadas para reemplazar las vigentes y en las funciones del ejecutivo al presentarse como una espada de Damocles sobre la cabeza de sus funcionarios a tal punto de infundir el terror entre ellos por cuestionar legalmente cada una de las acciones de gobierno. Esta vez no con un arma sino con el uso amañado de una legislación de la que son amos y señores, luego de un trabajo de ingeniería en la constitución de tribunales por parte del gobierno cambiemita, constituyendo esto el uso de la fuerza contra el orden democrático.
Como dije, antes fue la violencia asesina de las fuerzas armadas y hoy la violencia discrecional del poder judicial, un poder del estado, la que atenta contra el orden democrático. Es un giro para toda la región otra vez impulsado desde los EEUU no ya desde la escuela de las américas sino a través de ONGs “adhoc” que capacitan a nuestros jueces y funcionarios venales
La reforma constitucional de 1994 tuvo en cuenta en el capítulo de nuevos derechos, en su artículo 36, una cláusula que habilita a la resistencia ciudadana ante actos de fuerza contra el orden democrático seguramente pensando en los golpes de estado tradicionales pero que, según creo, no excluye otras modalidades, y usar el poder judicial contra dirigentes populares y los otros poderes de la república es una de ellas. Y ante la aparente impotencia de los otros poderes del estado, es hora de que los ciudadanos que sentimos que el poder judicial, a través de la banda de mafiosos que lo tienen secuestrado, está violando nuestros derechos democráticos hagamos uso del artículo 36 e iniciemos una resistencia pacífica y organizada que desemboque en el reemplazo de este poder judicial por uno que esté al servicio de la patria y de su pueblo y no del interés extranacional y de la siempre cipaya oligarquía local. Ya estamos viendo algunos hechos auspiciosos. Por ejemplo la prédica incansable y casi en soledad del juez Ramos Padilla, la voz pública de Mempo Giardinelli, el Padre Paco Oliveira y, hace unos días, la acción llevada a cabo por estudiantes de la facultad de derecho de la UBA que vaciaron las cátedras de los jueces Hornos y Borinsky y del fiscal Plee, todos parte de la mafia judicial de lago escondido y otros chanchullos, obligando a la facultad a cerrarlas, esto después de que fracasara el pedido de juicio académico a estos indignos.
De una vez por todas debe el pueblo organizarse sin esperar la guía de ningún iluminado sino determinado a la defensa propia y utilizando las armas que le ofrece la democracia, porque de lo contrario, mas temprano que tarde los enemigos del pueblo nos dejaran inermes y ya no nos salvará ni el 36.
La Constitución
Artículo 36.- Esta Constitución mantendrá su imperio aun cuando se interrumpiere su observancia por actos de fuerza contra el orden institucional y el sistema democrático. Estos actos serán insanablemente nulos.
Sus autores serán pasibles de la sanción prevista en el Artículo 29, inhabilitados a perpetuidad para ocupar cargos públicos y excluidos de los beneficios del indulto y la conmutación de penas.
Tendrán las mismas sanciones quienes, como consecuencia de estos actos, usurparen funciones previstas para las autoridades de esta Constitución o las de las provincias, los que responderán civil y penalmente de sus actos. Las acciones respectivas serán imprescriptibles.
Todos los ciudadanos tienen el derecho de resistencia contra quienes ejecutaren los actos de fuerza enunciados en este artículo.
Atentará asimismo contra el sistema democrático quien incurriere en grave delito doloso contra el Estado que conlleve enriquecimiento, quedando inhabilitado por el tiempo que las leyes determinen para ocupar cargos o empleos públicos.
El Congreso sancionará una ley sobre ética pública para el ejercicio de la función.
Para analizar, reflexionar y debatir el ideario del Manifiesto Argentino, Carlos Resio, integrante de la Mesa Ejecutiva de la organización que conduce Mempo Giardinelli, comparte propuestas de la agenda pública en su columna semanal de cada miércoles, a las 7,30 en el programa Contala como quieras, en La 99.3
