Reflotaron un decreto dictatorial de 1972

Trabas para pensiones de los ex presos políticos

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que conduce Claudio Avruj (foto) se valió de un decreto dictatorial de 1972 para imponer nuevos requisitos que implican trabas para los beneficiarios de las denominadas leyes reparatorias, que indemnizan con pensiones u otros beneficios a las personas detenidas por razones políticas en el pasado reciente, denunció Hugo Baldoneiro, referente misionero de la Asociación de Ex Presos Políticos.

”A los compañeros que están solicitando acogerse a los beneficios de las leyes reparatorias les están exigiendo que radiquen domicilio en la ciudad de Buenos Aires, para lo cual han reflotado un decreto de 1972, cuando el país era gobernado por la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse”, le dijo Baldoneiro al programa “Contala como quieras”.

Ese decreto dispone que “todo solicitante de una reparación o asistencia al Estado nacional debe establecer domicilio en la Capital Federal, por lo que su aplicación podría hacerse extensiva a todos los beneficiarios de alguna ayuda estatal, de cualquier tipo y ante cualquier ministerio”, aseguró Baldoneiro.

En el caso de los ex presos por razones políticas, se trata principalmente de quienes pueden acogerse a lo dispuesto por las leyes 24.043 (de 1991) y 26.913 (2013). Esas normas, sancionadas por el Congreso de la Nación en gobiernos democráticos, comprenden a quienes padecieron cárcel, detención domiciliaria o situación de libertad bajo vigilancia entre 1955 y 1983. En la mayoría de los casos se trata de personas perseguidas por las dictaduras que rigieron el país en ese período.

“La mayoría de nosotros, precisamente por haber estado encarcelados durante muchos años, y en muchos casos haber perdido nuestros trabajos, hoy apenas cobramos la jubilación mínima. En mi caso, fui sacado de mi trabajo en la ex Empresa Nacional de Telecomunicaciones, ENTel”, contó Baldoneiro,

“Nosotros no nos consideramos víctimas, sino militantes de causas en pos de un mundo mejor, pero el Estado tiene la obligación de reparar la privación de la libertad sin causa ni justificación alguna a la que nos sometió solamente por expresar las ideas de un mundo mejor”, enfatizó.

Baldoneiro adelantó que la Asociación que integra reclamará una audiencia con Avruj para reclamar la inmediata anulación de esta nueva disposición, que calificó como “antifederal”. El archivo de audio que acompaña esta nota reproduce la charla completa.

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