Informe de Amnistía Internacional

Los ataques troll ponen en riesgo la convivencia democrática

“En la Argentina la información crítica, así como la defensa de derechos humanos, están expuestas en los últimos tiempos a ataques en redes sociales digitales que en muchos casos son coordinados y buscan inhibir la expresión de perspectivas plurales y limitar la circulación de opiniones diversas sobre temas cardinales del espacio público”. La afirmación es de Amnistía Internacional (AI) en el resumen ejecutivo de su informe “El debate público limitado. Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de DDHH en Twitter Argentina”, dado a conocer días atrás y en el que se analizaron los ciberataques contra nueve periodistas que trabajan en medios de la Ciudad de Buenos Aires y dos activistas por los derechos humanos.

 En el resumen de AI se indica que “tomando la definición de la Jefatura de Gabinete en su Carta sobre Libertad de Expresión y Medios Públicos de marzo de 2018 (“participamos todos de una gran conversación, y es responsabilidad
de cada uno –con el Estado como garante y ejemplo principal– cuidarla y enriquecerla”), es deber del Estado preservar el debate público de amenazas a la libre circulación de informaciones, ideas y opiniones, así como fomentar un ambiente democrático y robusto para su plena expresión”.

Agravio preocupante a la libertad de expresión

En esa línea se afirma que “los ataques a posiciones críticas en Internet constituyen un preocupante agravio contra el
derecho humano a la libertad de expresión” y sostiene que esos ataque “son también un riesgo para la convivencia democrática”.

La organización internacional defensora de los derechos humanos advierte que “en el último año, organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo vienen manifestando su preocupación acerca de los ciberataques, dado que éstos inhiben la circulación de perspectivas y conducen a la autocensura”. En ese sentido, señala que AI asumió en distintos países el compromiso de “reportar las agresiones en el marco de su acción en pos de la plena vigencia de los derechos humanos”.

Efecto disciplinador

Para AI, “el efecto disciplinador de las agresiones concertadas contra determinadas figuras (trolling) merece una atención mayor en el marco del uso creciente de las redes sociales como espacios de información y debate público”. Explica más adelante que “el método utilizado en la Argentina combina la acción de cuentas personales de referentes políticos, trolls (cuentas cuyo registro violento bloquea el debate y desvía la conversación), bots (cuentas parcial o totalmente automatizadas en sus interacciones) y seguidores regulares”.

El estudio de AI se realizó sobre ciberataques de nueve periodistas de la Ciudad de Buenos Aires y dos militantes de los derechos humanos, todos ellos de diversa extracción y afinidades culturales e ideológicas. Se analizaron 354 mil tweets entre el 22 de octubre de 2017 y el 14 de noviembre de 2017. En este lapso, se explica, “la agenda pública de la Argentina estaba concentrada en diversos temas de derechos humanos (DDHH) y justicia, como la muerte de Santiago Maldonado (el período no abarca en cambio el asesinato de Rafael Nahuel), el encarcelamiento de dirigentes políticos sin condena y la divulgación de imágenes privadas al momento de su detención”.

Se aclara que “varias de estas cuestiones fueron abordadas desde diferentes perspectivas ideológicas, puntos de vista y fuentes por parte de líderes de opinión, formaciones políticas, organismos defensores de DDHH y del heterogéneo grupo de periodistas que se seleccionó como corpus para el relevamiento”.

Tras indicar que el carácter diverso de los periodistas y militante de DDHH observados, la diferente inserción en distintos medios de comunicación y sus reconocidas posiciones también variadas en términos ideológicos y de afinidades político-culturales, garantiza mayor representatividad porque “las tendencias observadas se registran de modo simultáneo en todos los casos”, AI cuenta que “una de las personas atacadas, particularmente, ha sido la vocera de Amnistía Internacional en Argentina, Mariela Belski, víctima de una acción coordinada desde cuentas ficticias con información falsa sobre su trayectoria (fakenews) que fue amplificada por referentes oficialistas”. Sobre este caso el informese incluye un apartado específico.

Recomendaciones

A modo de recomendación, AI subraya que “las agresiones contra periodistas y defensores de DDHH utilizan metodologías y ataques propios de las campañas de odio que tienen lugar en diferentes países y contra las cuales cabe desarrollar respuestas democráticas, respetuosas de la deliberación pública robusta y que, por ello mismo, desincentiven las embestidas concertadas, muchas veces potenciadas por acciones automatizadas (bots) e intensivas en el discurso violento (trolls), en las que la difusión de información falsa (fakenews) busca distorsionar la legitimidad del debate basado en hechos y, al mismo tiempo, desprestigiar a quienes defienden los derechos de la ciudadanía y advierten públicamente sobre su amenaza o vulneración”.

“Los ciberataques detectados combinan una metodología de la que son partícipes figuras públicas y cuentas automatizadas o robots (bots). Su orientación vinculada con el oficialismo constituye un factor de importancia, ya que el gobierno es el responsable de asegurar la plena vigencia del derecho a la expresión, a la crítica y a la diversidad de perspectivas en el espacio público”, remarca la presentación del informe de AI, y menciona que la investigación “documenta el accionar de cibertropas en Twitter con el fin de descalificar, agredir o intimidar a periodistas y defensores de DDHH de la Argentina”, y en ese sentido “se analiza el modus operandi de los ciberataques y se cuantifica su accionar, lo que permite avanzar en la comprensión de un fenómeno reciente que reclama atención pública”.

Para Amnistía Internacional “los resultados del informe y los ejemplos citados son tan elocuentes como preocupantes y demandan un compromiso tanto del Estado Nacional como de las empresas proveedoras de los servicios de redes sociales para garantizar que el debate genuino, la difusión y el acceso pleno a ideas y opiniones sin temor a represalias se realice según los principios que el derecho internacional y nacional reconoce a la libre expresión”.

El informe completo: INFORME CIBERATAQUE AMNISTIA INTERNACIONAL

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