Lava Jato: hecho el daño, disuelto el causante
El equipo de fiscales de Lava Jato, la operación judicial y mediática que posibilitó la proscripción y el encarcelamiento del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, fue disuelto esta semana tras casi siete años de funcionamiento que generaron un terremoto en los más altos estamentos políticos y empresariales de Brasil.
La disolución se produce mientras el Supremo Tribunal Federal (STF) investiga a los fiscales y al exjuez de la causa, Sérgio Moro, por su presunta estrategia de complot contra Lula, según lo revelan conversaciones entre el magistrado y algunos integrantes del equipo a través de la red Telegram.
El final del equipo especial de Lava Jato se había decidido en diciembre, en una disposición adoptada por el fiscal general Augusto Aras, designado por el presidente Jair Bolsonaro. Según un comunicado divulgado este miércoles por el Ministerio Público Federal de Curitiba, la capital del estado sureño de Paraná, fronterizo con Misiones, los miembros del equipo investigador pasarán a formar parte de un grupo contra el crimen organizado, que heredará casos de la ya extinta Lava Jato.
La operación judicial de Lava Jato condenó a 174 personas, entre ellos dos veces a Lula, a su exjefe de gabinete José Dirceu y al exministro de Economía Antonio Palocci, al exgobernador de Río de Janeiro Sergio Cabral y al exdiputado Eduardo Cunha, quien abrió el juicio político que destituyó a Dilma Rousseff en 2016 por supuestos manejos irregulares de fondos públicos, aunque no por corrupción.
Los partidos que más condenas y procesamientos tuvieron fueron el hoy oficialista Partido Progresista y el del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB) del expresidente Michel Temer, aunque fue el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula el que sufrió la mayor condena política.
Por el momento, todas las condenas dictadas a partir del Lava Jato siguen firmes. Sin embargo, en paralelo, los fiscales y el exjuez Moro están bajo investigación en una causa por parcialidad que tramita el STF ante un pedido de Lula para anular su causa.
El argumento de la lucha anticorrupción
Lava Jato nació el 17 de marzo de 2014 con la investigación a un cambista de Curitiba que lavaba dinero en una estación de servicio en la zona hotelera sur de Brasilia. Desde allí se expandió hasta una gigante red de corrupción en la petrolera estatal Petrobras con la constructora Odebrecht como eje del pago de sobornos y sustento ilegal de la política.
Desde el principio, el juez Moro había anunciado que iba a formar una alianza con la prensa para hacer pública la corrupción y en primer lugar tuvo como aliada a la revista Veja y a la poderosa TV Globo, que lo eligió hombre del año en marzo de 2015.
La fama de Moro le dio alas políticas y la presión mediática llevó a las cortes superiores a darle superpoderes y a garantizar pantalla de televisión casi 24 horas a la Policía Federal y a los fiscales comandados por Deltan Dallagnol. Mientras tanto, el Gobierno de Dilma Rousseff se derretía porque sus aliados parlamentarios eran investigados, procesados y encarcelados.
Las manifestaciones organizadas por la Federación de Industrias del Estado de San Pablo (FIESP, la mayor central empresarial del país) con el apoyo de los partidos opositores al gobierno de Rousseff tuvieron a la operación Lava Jato como principal argumento: limpiar el país de la corrupción.
Dos puntos clave de Lava Jato pusieron fin a la convivencia que regía desde el fin de la dictadura y la Constitución de 1988.
Primero, el entonces juez Moro impidió en 2016 la asunción de Lula como jefe de gabinete de Rousseff, les “pinchó” los teléfonos a ambos y luego filtró sus conversaciones privadas, hasta que finalmente le allanó la casa al exmandatario en la causa en la que se le atribuye haber recibido como soborno un departamento en la ciudad de Guarujá.
Desde ese allanamiento, y con Rousseff fuera del poder, Moro condenó a Lula y la sentencia fue ratificada en tiempo récord por el tribunal de apelaciones de Porto Alegre, integrado por el padrino de los dos hijos de Moro, el camarista Gebran Neto.
En ese momento apareció el segundo punto clave: por presión de las calles y los medios, el STF determinó por 6 a 5 votos que podía ir preso un condenado en dos instancias, contra lo que sostiene el texto constitucional.
La inhabilitación de Lula -que era el favorito para ganar las elecciones de 2018- generó una ola de denuncias de corrupción que se transformó en votos para el ultraderechista Bolsonaro, que con un discurso antisistema abrazó a Lava Jato.
“Sin la Lava Jato no me elegía”, le dijo públicamente Bolsonaro a Moro cuando el magistrado dejó la toga y se pasó oficialmente a la política para ser su ministro de Justicia, cargo que ocupó desde enero de 2019 hasta mayo de 2020.
Pero toda la construcción judicial y política de la operación Lava Jato comenzó a desmoronarse en 2019, cuando se conocieron conversaciones entre los fiscales y Moro en la aplicación Telegram, complotando contra Lula.
En esos chats, por ejemplo, hablaban de Lula con el apodo “Nine”, en alusión a los nueve dedos de las manos del expresidente, quien perdió el meñique izquierdo cuando era obrero metalúrgico en una fábrica paulista en los años sesenta.
El fiscal Dallagnol estaba afuera de Lava Jato desde el año pasado para evitar un proceso de destitución por abuso de poder, mientras que Moro, tras pasar por el gabinete bolsonarista, trabaja para una consultora jurídica estadounidense que entre sus clientes tiene a Odebrecht.
“Lula merece un juicio justo”, dijo el juez del STF Gilmar Mendes al conocerse oficialmente los diálogos entre Moro y los fiscales, formalmente públicos desde el lunes pasado, y que pueden convertir a Lula en lo que no fue en 2018: el candidato que enfrente a Bolsonaro en las próximas elecciones.
Informe de la agencia Télam
