La Justicia, de mudanza y cada vez más lejos
La creación de la Quinta Circunscripción Judicial aprobada por la Legislatura misionera forzará a los pobladores de Montecarlo, Puerto Piray y Caraguatay a recurrir a los tribunales de Puerto Rico, cuando hasta ahora podían hacerlo con los de Eldorado, mucho más cercanos.
“Cuando pasan estas cosas notamos lo lejos que está la ciudadanía de los problemas judiciales: recién cuando le toca sufrirlos en carne propia la gente lo advierte, y esto demuestra que el Poder Judicial es el menos democratizado desde la recuperación de la democracia, lo que tiene que ver con la falta de transparencia, de discusión pública” en torno a la cuestión, sostuvo José Luis Fuentes, abogado de Eldorado.
Entrevistado en el programa Contala como quieras, el letrado aclaró que su reclamo no va contra la creación de la nueva circunscripción, que tendrá sede principal en San Vicente, sino que apunta al “gran problema social que generará desmembrar la Tercera Circunscripción (que hasta ahora comprendía los departamentos Montecarlo, San Pedro, General Belgrano, Eldorado y Puerto Iguazú) sin ningún tipo de infraestructura previa”.
La Quinta Circunscripción creada la semana pasada por la Legislatura provincial “se lleva juzgados de la Segunda (departamentos Oberá, 25 de Mayo, Cainguás y Guaraní), Tercera y Cuarta (San Martín y San Ignacio) secciones”, reseñó Fuentes.
Aclaró al respecto que la nueva circunscripción beneficiará el trámite de causas que hasta ahora cursaban “en Pozo Azul, Bernardo de Irigoyen o San Pedro”, dado el crecimiento de San Vicente y las mejoras de conexión carretera que unen a esas localidades con la nueva cabecera, pero recalcó la necesidad de rever las jurisdicciones para las poblaciones de Montecarlo, Piray y Caraguatay.
Puso el ejemplo de “una persona de Piray (kilómetro) 18, o de Colonia Santa Teresa: en diez kilómetros (que la distancian aproximadamente de Eldorado) tiene un juzgado de Familia, dos juzgados laborales, dos Civiles y Comerciales, una Cámara de Apelaciones… Ahora esa persona tiene que ir hasta Puerto Rico, donde hay un juzgado Civil y Comercial, un juzgado de Familia y no hay Cámara de Apelaciones”.
Explicó que en este último caso las apelaciones tendrán que tramitarse en Posadas y ya no en Eldorado: “Le queda mucho más lejos y tampoco hay una estructura que permita creer que la situación va a mejorar”, sostuvo. “Eso va en contra del sentido de acceso a la Justicia”, aseguró.
“Lo más probable es que (el esquema) colapse. Eso ya sucedió en Puerto Iguazú, donde la situación se saturó al año de haberse creado el juzgado, por el volumen de causas que tenía”, recordó Fuentes, y puso en duda que la infraestructura necesaria para cubrir la futura demanda tribunalicia se concrete en obras reales.
“El juzgado de Montecarlo está creado desde 2013, pero no existe: no tiene juez, ni juzgado, ni personal. Existe sólo en una ley. Si dentro de dos años existe un juzgado en Montecarlo podríamos discutir si tiene que quedar en la Tercera o en la Cuarta (circunscripciones). Pero este cambio arbitrario pasa el problema de un lado para otro y puede aumentarlo”, añadió.
Reclamo por el veto del gobernador
Alrededor de un centenar de abogados de la Zona Norte provincial presentaron esta semana un pedido al gobernador Oscar Herrera Ahuad para que vete el articulado de la nueva ley que dispone el traspaso de las causas de Montecarlo, Piray y Caraguatay, que hasta ahora tramitaban en Eldorado, a Puerto Rico.
“No tuvimos ningún tipo de instancia para poder discutirlo”, retrucó en relación con el argumento de que su reclamo llega tardíamente. “La única notificación nos llegó por un mensaje de Whatsapp el día antes de que se votara el dictamen. No hubo ni tiempo para analizarlo”, señaló.
Y con respecto a que el Colegio de Abogados de la provincia tenía conocimiento del dictamen aprobado en comisión previamente a la sanción de la ley, Fuentes fue enfático: “El Colegio hizo un silencio decepcionante.”
“La democracia nos da los dispositivos para corregir estas cosas. El gobernador puede vetar este artículo y pedir que se instale una cláusula de progresividad (para el traspaso). Lo que hace falta es la voluntad política de corregirlo”, afirmó.
