Escapar de la pobreza y volver huyendo de la violencia
Misiones es la provincia que registra más pedidos de auxilio de mujeres residentes en la provincia de Buenos Aires que quieren regresar a sus lugares de origen para escapar de situaciones de violencia familiar, según se desprende de las gestiones que se realizan desde el gobierno bonaerense para asistir a las víctimas.
El dato estadístico, que llama a analizar causas sociales y culturales y estrategias que acerquen soluciones, refleja la emigración de mujeres que se van de la tierra colorada en busca de nuevos y más promisorios horizontes por falta de oportunidades en su propio lugar. Muchas de ellas terminan víctimas de violencia de género y/o familiar y la opción entonces es volver a la provincia, aunque hacerlo es un camino plagado de dificultades potenciadas al extremo desde que la pandemia impuso cuarentena, aislamiento y distaciamiento obligatorio y fuertes restricciones para el ingreso a las provincias.
“Ante una situación de violencia de alto riesgo, incluso de vida para la mujer y sus hijos, en primer lugar se habilita un protocolo de ingreso a un refugio u hogar” del territorio bonaerense, que puede ser una institución provincial, municipal o un lugar provisto por una ONG habilitada para hacerlo, contó Amanda Lozina desde su experiencia en la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias del Gobierno bonaerense como responsable de articular y garantizar el proceso de trasladode las víctimas y sus hijos en tan difícil tránsito.
Solo en el primer mes de cuarentena, las denuncias en comisarías y tribunales por violencia de género bajaron en todo el país pero las consultas a la Línea 144 –donde se brinda asesoramiento– se incrementaron en un 40 por ciento. “Efectivamente, los hogares, el lugar donde nos recluye la cuarentena, son muy inseguros para muchísimas mujeres, miembros de la diversidad y también niñas”, apuntó en su momento la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien detalló que el 80 por ciento de los femicidios ocurren en la propia casa de la víctima o en otra vivienda. “La casa no es un lugar seguro”, reafirmó.
Una de las medidas inmediatas para salir de la situación de violencia es acudir a familiares o amigos de la víctima para que las alojen temporalmente o apelar a refugios u hogares. En la provincia de Buenos Aires, al refugio acuden o son derivadas fundamentalmente aquellas mujeres solas o con sus hijos que no tienen familia en el lugar de residencia y, por lo general, son las mismas que piden ser asistidas para volver a sus provincias de origen, situación que se complejizó notablemente a partir de la pandemia.
“Salir de un lugar violento para estar aislada en otro lugar, porque hay que cumplir los protocolos de prevención del Covid mientras se concreta el traslado, es muy complicado. Mucho más si hay niñes”, explicó Lozina en su charla con el programa Contala como quieras de La 99.3
“Hacemos un seguimiento de todas las derivaciones, y eso implica no sólo garantizar cómo se traslada a cada persona sino quién la recibe en el destino, a qué domicilio va, tener teléfono de los contactos, garantizar que los organismos provinciales ayuden en ese seguimiento… Porque no se trata de sacar a una mujer de la situación de violencia y dejarla abandonada a su suerte”, explicó.
Pasajeras en tránsito difícil
Desde el organismo en el que trabaja, dependiente del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual creado al iniciarse la gestión de Axel Kiciloff en el Gobierno bonaerense, Lozina recordó que desde un principio, “cuando teníamos algunas pocas mujeres relevadas para el traslado de un lugar a otro, advertimos que por lo general las mujeres que necesitan sostén para encontrar el refugio buscado no cuentan con la contención necesaria a su alrededor”.
Esas mujeres que reclaman ayuda atraviesan una situación “violentada de muchas maneras, y una de ellas, además de las simbólicas y psicológicas, es la económica y patrimonial: muchas no puedan salir a trabajar, y si lo hacen el dinero que ganan lo maneja el agresor. Entonces: ¿cómo dejar sin ningún apoyo del Estado a esas mujeres?”, se preguntó.
La situación de pandemia complejizó todo. Para garantizar esa asistencia, se articuló con Jefatura de Gabinete y con los Ministerios de Transporte y Salud de la Nación la disposición de los colectivos despachados para trasladar a las personas que volvían del exterior. “Así conseguimos que las mujeres a las que asistimos viajaran a sus lugares de origen en los colectivos de la famosa repatriación”, contó.
Ese tránsito no es fácil para las víctimas ni para quienes se ocupan de asistirlas. Al dejar atrás la situación de violencia, que en estos casos generalmente significa irse de la vivienda que compartían con el agresor, “la mujer debe pasar por un refugio en el lugar de la provincia donde se encuentre; cuando conseguimos que se la pueda ubicar en un colectivo de repatriados tiene que trasladarse a la CABA, donde se la aloja en un hotel por uno o varios días, en situación de aislamiento, sola o con sus hijos”, hasta que el ómnibus parte.
Como los traslados incluyen a otras personas con destinos varios, los viajes se hacen mucho más largos. “Los micros que van a Misiones, por ejemplo, pasan antes por Rosario, Santa Fe, Resistencia, a veces van a Formosa y vuelven por Corrientes… Un viaje de 12 horas se convierte en un viaje de hasta 24 horas o más”, explicó Lozina.
Ya en Misiones, si se trata de una mujer que no tiene su familia en Posadas, la articulación demanda más esfuerzos. “Las estrategias son todas las posibles: por ejemplo, ubicar a algún familiar que pueda buscar a la mujer, y en ese caso buscamos también ayudar en el financiamiento del viaje, porque los remises tienen costos muy altos”, contó Lozina.
Controles sanitarios y carencias económicas
“Más acá en el tiempo, la pandemia generó otras situaciones, como las dificultades de ingresos a las provincias por las restricciones para evitar la propagación del virus, y así fue como se dejaron de habilitar micros de traslado. En ese punto tuvimos que comenzar a contactar más insistentemente a los organismos provinciales y municipales de cada destino”, explicó.
“En el caso de Misiones estamos articulando muy bien con la Dirección de Relaciones con la Comunidad y Violencia. Tenemos un diálogo fluido y ameno, pero nos enfrentamos a controles muy estrictos para el ingreso, con protocolos que cambian permanentemente”, dijo.
El ingreso a Misiones requiere contar con “un hisopado de no más de 48 horas. Pero como en las derivaciones los traslados no se pueden programar con antelación, porque algunas veces hay que esperar mucho y otras (los colectivos) salen de un momento a otro, hacer los hisopados en origen es muy complicado. En esos casos tenemos que apelar a que se lo hagan al llegar a la provincia, y para eso debemos garantizar que el Estado provincial se haga cargo de ese hisopado; que sea sin costo, porque son casos de violencia” en los que las víctimas no disponen de dinero para costearlo. “En este punto con Misiones estamos articulando muy bien, y ése no es un dato menor”, destacó.
Los desafíos se multiplicaron con la herencia recibida de la gestión provincial anterior conducida por María Eugenia Vidal. “La Dirección de la Mujer que se debía hacer cargo de estas temáticas se encontraba desmantelada, sin articulaciones; era un organismo devastado. Los cambios que se produjeron a partir de la creación del Ministerio son más que notables, porque hay una clara decisión de Axel Kicillof de acompañar y sostener las acciones de este ministerio y la ministra Estela Díaz tiene comunicación cotidiana” con el gobernador.
También “la línea 144 de Buenos Aires estaba devastada, con trabajadoras en situación de absoluta precarización y sufriendo maltrato laboral. Cobraban muy poco, pero además se les exigía que estuvieran poco tiempo con una mamá que estaba haciendo una denuncia, de tal modo que pudieran atender más llamados, lo que ejemplifica esa obsesión del macrismo por mostrar números de las estadísticas de casos sin importar la calidad de la atención de cada uno de esos pedidos de ayuda”, comentó.
El Estado reclamado como cuidado
El aumento de la demanda de traslados en estos meses es consecuencia, en primer lugar, de las restricciones de circulación, que acentuaron las dificultades de las víctimas para salir de las situaciones de violencia, admitió Lozina. Pero el marco de pandemia y la cuarentena para enfrentarla puso en evidencia que “se incrementó la violencia en los hogares”.
En ese escenario, “desde los municipios notaron que hay una respuesta en este ministerio”, pero la articulación con las provincias a las que piden retornar esas mujeres, generalmente con sus hijos, no siempre encuentra las mismas respuestas.
“Cuando encontrás una provincia ‘aliada’ en garantizar las articulaciones de asistencia sabés que ése es un lugar seguro, que si tenés que resolver un caso con esa provincia lo vas a poder hacer. Pero hay provincias donde no hay respuestas, de las que hay mujeres en refugios desde el mes de mayo porque no pueden ingresar, como Formosa, Tucumán o Salta”, reveló.
Y lamentó: “Muchas de esas mujeres que están meses en un refugio terminan por desistir del traslado y quedarse en Buenos Aires, y en algunos casos volviendo a la misma casa del agresor. Es tristísimo…”
“Hablamos de mujeres, de personas… No queremos que sean un número en una lista de femicidios: tienen hijas, hijos”, consideró la entrevistada, consciente de que su responsabilidad desde el organismo en el que trabaja es garantizar que “cuando el Estado quiere estar presente pueda estarlo”.
