El financimiento de la actividad política de los partidos, la militancia y las construcciones electorales son uno de los temás más ríspidos del sistema democrático. Medios y detractores reducen los cuestionamientos a los mecanismos de mantenimiento de la actividad de los partidos políticos, los que mayoritariamente establecen en sus cartas orgánicas aportes de quienes son electos por la fuerza política.
Además de la obligatoriedad del Estado de financiar a los partidos políticos como instituciones de la democracia que son, en no pocos casos esos aportes se obtienen compulsivamente con la exigencia de diezmos a militantes que ingresan a trabajar a organismos estatales, a quienes no se los previene de esa condición y a quiene stmpoco se les rinden cuentas de los destinos de los dineros aportados de manera muchas veces extorsiva: «aportas o perdes el trabajo», es una de las amenazas.
De lo que no se habla es de los grandes y millonarios aportes que reciben partidos políticos y/o dirigentes de grandes empresarios que condicionan extorsivamente esos aportes a las decisiones políticas que tome quien resulte electo y que les garantice mantener sus privilegios.
