Docentes rigurosamente vigilados
“Como si yo fuera un narcotraficante”, definió el profesor Rubén Vallejos el operativo que Gendarmería Nacional desplegó el jueves de la semana pasada frente a su casa para notificarlo de un oficio judicial que ordenó “vigilancias, requerir informes, inspección de lugares y obtención de tomas fotográficas” de sus movimientos y contactos por haber participado de las protestas que hace tres meses realizaron docentes de Misiones.
Enrolado entre los Docentes Autoconvocados, una de las agrupaciones integrantes de la Mesa Provincial de Trabajadores de la Educación en Lucha, Vallejos le contó al programa Contala como quieras su experiencia, denunciada ante el Gobierno provincial como parte de la “persecución y criminalización de la protesta social contra trabajadores de la educación que manifiestan justos reclamos salariales y laborales”.
Vallejos relató que alrededor de las siete de la tarde de aquel jueves regresaba a su casa con sus hijos: “Desde lejos puedo ver un móvil de la Gendarmería, con sus luces, con todo un operativo bastante intimidatorio”.
El efectivo de Gendarmería que lo esperaba “sin barbijo, incumpliendo el protocolo sanitario”, le preguntó si él era Vallejos. “Después de varias idas y vueltas logro que me muestre el oficio, emitido por la Fiscalía Federal de Oberá y firmado por la fiscal Viviana Alejandra Vallejos”, contó.
El docente logró tomarle una fotografía al documento con su celular, pero en el apuro de la tirante situación con el gendarme, que regateaba mostrar la orden judicial, la toma no logró registrar con precisión todo el texto. Sin embargo, sí puede leerse allí que el oficio (con el número 270/2020, dirigido al jefe de la Sección San Vicente de Gendarmería) reclama información sobre Vallejos y otros tres docentes de la misma ciudad.
“Ahí dice que van a custodiar mis líneas telefónicas, las personas con las que frecuentaría, los autos con los que me movilizaría, que van a hacer tomas fotográficas de donde yo ando, las casas a las que visito… Una persecución”, dijo Vallejos.
Y detalló que los otros docentes mencionados en el oficio son “mi hermano, que es Sergio Vallejos, Nora y Marcela Gómez”. Además, aseguró que esta última educadora fue notificada en forma similar.
El texto especifica que las investigaciones sobre los cuatro docentes se harán en el marco de una causa iniciada por “interrupción del servicio de transporte público” sobre la Ruta Nacional 14 los días 9, 10 y 11 de marzo últimos.
Se le reclama a Gendarmería que obtenga “datos personales, domicilios reales, actividad a la que se dedican, líneas telefónicas que utilizarían, vehículos con los que se movilizarían, personas con las que frecuentarían” las cuatro personas allí mencionadas.
Y le encomienda a la fuerza de seguridad que envíe a la fiscalía “los resultados” en un plazo máximo de quince días “practicando a tales fines: vigilancias, requerir informes, inspección de lugares y obtención de tomas fotográficas”.
“Fui interrogado, delante de mi familia viendo todo ese espectáculo por demás deplorable. Me vienen a avisar que estoy siendo vigilado”, lamentó Vallejos, en un relato que, aseguró. “nos remonta a la época más oscura de nuestro país”.
El diálogo repasó también los puntos principales de los reclamos de los docentes agrupados en la Mesa Provincial, que incluyen un salario básico de 12.800 pesos (“actualmente fijado en 7.000”, aclaró Vallejos), y la continuidad de las protestas callejeras, como las que ya se realizaron en febrero y marzo pasados, antes de la cuarentena que suspendió el ciclo lectivo presencial.
“Los docentes misioneros queremos dignamente llevar un plato a nuestra mesa para alimentar a nuestros hijos, pero lamentablemente las respuestas del Gobierno fueron éstas: intimidación, persecución y demás”, sostuvo Vallejos.
Y adelantó: “Estamos en democracia y queremos ejercer cabalmente nuestros derechos En estas condiciones no vamos a retornar a las aulas.”
