Vacuna y propiedad privada en stand up
(Por Mirta Botzman) Para comenzar esta semana tuvimos una noticia esperanzadora que creo que nos cambió el humor a muchos y es que tenemos más cerca la vacuna que esperemos frene esta pandemia tan dañina no solo a nivel del país sino también a nivel global.
Por supuesto que inmediatamente surgieron las voces que vienen del siglo pasado y que vinculan a Rusia con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y parece que a través de una vacuna te pueden inocular una adhesión incontenible al comunismo y a la socialización de todos los medios de producción. No le tienen miedo a la pandemia y si le tienen miedo a una vacuna, francamente la derecha no sólo es ignorante sino también mala, parafraseando a les niñes.
Es igual de delirante que decir que el gobierno tiene una actitud atentatoria de la propiedad privada. Estoy segura que no hay nadie en este país que esté en contra de la propiedad privada, ni siquiera los partidos de izquierda más extremos. Con lo cual, afirmar y repetir la consigna solo busca generar terror en los sectores más despistados o desinformados de nuestra sociedad, a quienes se les termina haciendo palpable que el gobierno irá a expropiar la vivienda de 50mts cuadrados que tanto les costó comprar y tener.
Obviamente y con total sinceridad no creo que ninguno de los que repite el nuevo mantra antipopular crean realmente que alguien en el gobierno tiene idea de atentar contra la propiedad privada.
Hay que reconocer que la derecha es muy creativa a la hora de inventar slogans antipopulares para ganarse el apoyo y favor de las clases medias, y sobre todo para fomentar el odio hacia las clases populares y los gobiernos también nacionales y populares. Ahora la muletilla es que antes el peronismo era mayoritariamente de trabajadores, pero ahora y merced al kirchnerismo todos los sectores populares son parásitos que no trabajan y que viven de ellos, los ricos que son los que generan riqueza y pagan exorbitantes impuestos y por eso estamos como estamos.
Ese discurso llevado al extremo podría terminar reivindicando el período pre Ley Saenz Peña con el siguiente razonamiento: si los peronistas que representan a los parásitos que viven de nosotros ganan las elecciones —porque los parásitos son muchos más que los que creamos riqueza—, entonces habría que volver al voto calificado.
Siguiendo con esa lógica el subdesarrollo es producto de que las mayorías ganen las elecciones en democracia y por tanto hay que preguntarse qué sentido tienen las elecciones en nuestro país. Obviamente este mantra ideológico reproducida hasta el hartazgo por empresarios, políticos, publicistas y comunicadores, es el campo de cultivo propicio para alimentar el odio y desprecio en este caso a los parásitos y de rechazo hacia el Estado y a los impuestos –que alimentan a “los parásitos”— y al Frente de Todos, que sería la expresión política de los parásitos.
En realidad, si no fuera tan grave la situación en la que está el país sería para pensar que se trata de un guion de un stand up muy gracioso por lo ridículo. Claramente esta estrategia les sirve también, además de generar odio, para tener permanentemente al gobierno y los líderes populares a la defensiva explicando que no es así, que es todo lo contrario.
La verdad es que estamos así porque tenemos una clase dominante parasitaria y prebendaría que no paga impuestos, que cada vez que se les permite cercenan derechos de los trabajadores, que si se les permite tienen a todos los trabajadores en situación de contratación precaria, que fugan los excedentes generados en el país precisamente por el trabajo de esos trabajadores que toda vez que se les permite provocan caídas en la capacidad adquisitiva de sus salarios.
Justamente la presión devaluatoria tiene entre otros objetivos bajar el costo en dólares de los salarios que significa deteriorar aún más el salario real, y vale señalar que en este momento el salario promedio de los trabajadores argentinos es el segundo más bajo de América Latina de acuerdo a un informe de la CEPAL. La CEPAL es una de las cinco comisiones regionales de las Naciones Unidas con sede en Santiago de Chile.
El aumento menor al 30% del salario mínimo vital acordado la semana pasada que será efectivizado hacia fin de año, ni siquiera repone la pérdida del 40% del poder adquisitivo perdido durante el macrismo cuando sistemáticamente registró aumentos menores a la inflación. Con el aumento acordado no se llega ni al nivel previo a la llegada de cambiemos al gobierno. Para llegar a ese nivel el aumento debería haber sido de 63,4%, difícil de lograr en la situación actual.
En el frente cambiario, después que el presidente le diera en exclusividad el timón de la economía, Martín Guzmán logró contener, esta semana, la escalada alcista de los distintos dólares especulativos con una batería de medidas e instrumentos diría que bastante ortodoxas, como seguro de cambio para algunos bonos o bonos enganchados al dólar, liquidando bonos que estaban en poder del banco central e inclusive en la cartera del Fondo de Sustentabilidad que es el Fondo donde se acumulan o deberían acumularse los recursos de los jubilados, le devolvió al banco central los pesos que este le había adelantado y dijo que de acá a fin de año el Tesoro Nacional no le va a volver a pedir fondos.
Esto en idioma entendible quiere decir que el gobierno está aplicando una política de austeridad, que van a disminuir gastos y que eligen endeudarse a través de nuevos bonos que seguir emitiendo dinero para financiar el enorme déficit fiscal que sumaron las dos últimas pandemias, la crisis macrista y el covid 19. Esto no es menor, implica casi definitivamente haber cancelado la posibilidad de reiterar una vez más el pago del IFE, y proyectar un menor número de beneficiarios del ATP que atenderá solo a aquellos sectores que más han padecido la crisis por la pandemia. Guzmán así, no se privó de nada para mandar señales amigables a “los mercados” que no son otra cosa que los devaluacionistas golpistas.
En el camino muchos especuladores que compraron dólares cuando estaba más alto, perdieron plata y habría que ver cuánto y por cuanto tiempo están dispuestos a resignarse. Este cambio brusco en la orientación de las medidas de política, si queremos verlo con ojos benévolos y hasta con voluntad optimista, podríamos decir que habla a las claras del nivel de pragmatismo y capacidad de adaptación del peronismo o simil peronismo, para nadar en aguas turbulentas.
El 27 de octubre pasado, en ocasión del aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, la vicepresidenta publicó una carta muy sustanciosa, que en uno de sus párrafos dice: “La Argentina es ese extraño lugar en donde mueren todas las teorías. Por eso el problema de la economía bimonetaria, que es sin dudas el más grave que tiene nuestro país, es de imposible solución sin un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la República Argentina. Nos guste o no nos guste esa es la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla”, sentenció Cristina Fernández de Kirchner en su carta.
Perón en su tiempo preguntó quién vio un dólar, en la actualidad compran dólares tanto los trabajadores para ahorrar o hacer una diferencia que les mejore el salario, como los empresarios para pagar importaciones, pero también para fugar y formar activos financieros en el exterior, una de las fuentes de las cíclicas crisis del país. Desde la dictadura cívico militar, el dólar fue utilizado por el establishment para fugar, desestabilizar o empujar las variables macroeconómicas a su favor.
No es una tara genética de los que nacimos en esta tierra la obsesión por el dólar, es que ya llevamos un largo trecho perdiendo los que apostamos a nuestra moneda. Fue una trampa generada por los que decidieron que los excedentes de la producción deben ser financiarizados en el exterior (para lo que fugan) y la debilidad de los gobiernos para modificar esas reglas del juego establecidas a sangre y fuego desde la gestión de Martínez de Hoz en el ministerio de economía.
La muy difícil situación actual, con los niveles de pobreza, desocupación y padecimiento de todo tipo, mientras un grupo reducido pero muy poderoso agrega niveles de angustia y zozobra especulando con el valor de nuestra moneda, debe ser solucionada de manera enérgica.
Venimos diciendo que el problema es político y no económico y cuando decimos que es político estamos pensando en usar todo el poder del Estado para encausar las variables económicas. No se trata como dijo alguna vez Nestor Kirchner ser fuerte con los débiles y débil con los fuertes, sino comenzar a utilizar toda la potencialidad de las herramientas del Estado que no son pocas, para revertir tanto descontrol.
El rol económico del Estado es hacer políticas públicas (el presupuesto es su guía de acción) pero también regular la economía, esto es, establecer las reglas de juego, decidir qué es lícito y qué es ilícito en la actividad económica en general y en la cambiaria y financiera en particular penando y castigando el delito, máxime cuando el precio del dólar es una variable clara y fundamental en nuestro país y en las políticas públicas.
Por ejemplo, la Ley denominada “Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública”, declarando la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social aprobada al inicio de la gestión de Alberto Fernandez no tiene incluida la emergencia cambiaria, sería fundamental incluirla en el instrumental que maneja el gobierno y volver a un funcionamiento pleno de regulaciones y controles eliminados o flexibilizados durante el gobierno de Macri y revisar, corregir y derogar según corresponda, toda la parafernalia de normas, decretos y resoluciones del gobierno anterior
Entre otras cosas y como hemos reiterado en numerosas ocasiones se impone urgentemente el control de las exportaciones de granos, pero también todas las exportaciones que salen desde los puertos del rio Paraná, que incluye por ejemplo las exportaciones mineras que también se basan en declaraciones juradas de las propias empresas. En este sentido hay una buena noticia, al menos en perspectiva. Es la referida a la Hidrovía del Paraná. Hace no mucho se creó una empresa estatal entre el estado nacional y todos los estados provinciales que tienen jurisdicción sobre el Paraná.
Esta empresa comenzará a funcionar plenamente a partir del 30 de abril de 2021 que es cuando se vence la concesión privada que tiene el control actualmente. Esta nueva empresa incluyó la provincia de Misiones que antes no formaba parte del manejo del rio Paraná, lo que es muy bueno para la provincia.
Esperemos que esta nueva empresa estatal ponga coto al descontrol que es la circulación de mercancías por dicha hidrovía y los puertos a su vera. Mientras tanto, aparentemente hay un principio de acuerdo de partes entre el Estado y la empresa y es que ellos adelantan el plazo de la liquidación e ingresos de divisas de las exportaciones ya realizadas y el Estado argentino sabrá como ponderar ese gesto de alianza económica y social.
El otro imperativo actual, además de provocar la elevación de los salarios es evitar a toda costa que el precio del dólar ilegal, blue, negro o como se lo quiera llamar incida sobre los precios. Para ello el Estado debe intervenir y castigar ese delito, utilizando el poder de policía que tiene a través de un conjunto de organismos con ese poder, como por ejemplo y sólo para mencionar algunas, la Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias (SEFyC) del Banco Central, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) perteneciente al Ministerio Público Fiscal, la Superintendencia la Comisión Nacional de Valores (CNV), la AFIP, la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), que deben controlar y aplicar el poder de policía coordinado con uso de la fuerza pública en las inspecciones, si fuera necesario.
En definitiva, el principal problema es cómo construir el poder político necesario y suficiente para tener un Estado con la fortaleza capaz de cumplir con las funciones que no cumplió ni cumplirá la burguesía local. Entre ellas, cobrar impuestos y tener un resultado fiscal normal, preservar la moneda nacional e intercambiar con el mundo en función de nuestros propios intereses.
