Tierra y vivienda: «El Estado no puede responder con el Código Penal»

“Los conflictos sociales, de tierra, de trabajo, de vivienda, no se solucionan con el Código Penal”, definió el diputado Martín Sereno, quien desde su compromiso en las luchas por la regularización de tierras en toda la provincia analizó el tema en el contexto del debate extendido a nivel nacional por los conflictos de tierras en Guernica (Buenos Aires) y en la estancia Casa Nueva (Entre Ríos).

“Tomo las palabras del Papa: hay tres cuestiones urgentes a resolver, que son tierra, techo y trabajo, y estos conflictos demuestras que está esa necesidad. Podrán discutirse los pormenores de cada uno, pero lo importante es ver de qué manera damos solución a estos tres ejes”, le dijo a Contala como quieras el jefe del  bloquedel Partido Agrario y Social (PAyS) en la Cámara de Representantes provincial.

Martín Sereno en La 99.3, el 30 de octubre de 2020

A pocos días del desalojo de ocho familias que desde hacía décadas residían en la Chacra 188 de Posadas, hecho en el que intercedió en defensa de los erradicados forzosamente, Sereno repasó en detalle ese hecho, y con la aclaración de que cada caso reclama respuestas acordes con sus particularidades concluyó: “Nosotros mantenemos la bandera en alto de que no apoyamos las tomas de tierras, la usurpación, pero otra cosa es no defender la ocupación de gente que no tiene dónde vivir o que lleva mucho tiempo viviendo en un lugar sin título de propiedad  o que necesita una solución habitacional. Y eso es una responsabilidad clarísima del Estado”, aseguró.

Esa respuesta del Estado, que incluye a los tres poderes instituidos por el sistema republicano, debe darse también inequívocamente, en total consonancia. “Nuestra Constitución marca la función social de la tierra. Parece que se olvidaron ese renglón”, ironizó.

Tras destacar que desde el PAyS “hemos hecho un montón de propuestas legislativas en base a estas necesidades estructurales: la ley de arraigo rural, la de inmuebles ociosos, la del banco de tierras”, Sereno señaló que “en Posadas hay más de 70 barrios hacinados y permanentemente conflictos de tierras y desalojos”.

Los conflictos se reproducen por toda la provincia. “Ante el hacinamiento en las ciudades, ante las dificultades en el campo, la gente necesita espacio donde vivir, y si el Estado no da respuesta la gente termina buscándola, porque no le queda más remedio. Hay que buscar una planificación, ya sea urbana o rural, para garantizar el derecho a una vivienda digna y al hábitat a todas las familias argentinas. No encarar esas soluciones de fondo es dilatar y generar estallidos”, afirmó.

Cuatro generaciones echadas a la calle

“Atacaron a los más débiles”, resume Sereno al describir el desalojo de las ocho familias de la Chacra 188 de Posadas que el último fin de semana de octubre fueron echadas a la calle por un juez que ni siquiera constató que esa gente, radicada en esos terrenos desde hace décadas, está registrada en el Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional (Iprodha) y amparada por la ley que prohíbe esas erradicaciones forzosas.

Sereno repasó la historia de esas familias, iniciada 55 años atrás, cuando “vino la abuela a lo que en esa época era monte: no había ni calle, ni luz, ni casas ni agua. Ella era pescadora y fue a vivir ahí, que era una zona medio costera, con su hijo, que tenía cinco años”, reconstruyó.

La abuela tuvo más hijos, después nietos y después bisnietos. “En el año 79, hace 41 años, Yacyretá la censa y certifica que la abuela vive ahí con su familia, en pleno monte. En los 90 esta familia, ya asentada, empieza a hacer la ocupación veinteañal. Pero como es un juicio caro y largo, que normalmente sólo pueden hacer aquellas familias que tienen un excedente económico, no lo pudieron continuar”, siguió Sereno.

En 2018, por desavenencias dentro de la familia, se produjo un intento de desalojo por parte de un inversor inmobiliario que pretendió tomar posesión de los terrenos, pero eso no prosperó por la falta de títulos. En esa causa “se pierden dos expedientes en dos juzgados. Desaparecen, nadie sabe cómo, dónde ni por qué”, contó.

“Ahí nos acercamos nosotros. Ya estaba vigente la ley que impulsamos desde el PAyS para la suspensión de desalojos, y posibilitamos que esta gente se registrara en el Iprodha”, agregó.

Víctimas de “exclusión de hogar”

 “El viernes pasado les golpean la puerta a las cinco y media de la mañana, con un cordón policial con más de 150 efectivos rodeando toda la manzana, como si fueran a agarrar a Pablo Escobar Gaviria. Así les dicen que están desalojados. Sin notificación previa, sin derecho a defensa, sin posibilidad de esgrimir ningún argumento, sin respetar la ley de suspensión de desalojos, sin garantizar adónde van a ir estas familias, sin tiempo para resolver nada, sacan de la casa a ocho familias”, resumió Sereno.

“Ellos les explicaron que no tenían adónde ir y toda la respuesta que recibieron fue: ‘Tienen hasta las cinco de la tarde para sacar las cosas de su casa’. Después se produjo esa reacción popular: los vecinos y las vecinas del barrio, de las chacras vecinas, que los conocen, porque son cuatro generaciones viviendo ahí, salieron a manifestarse; las organizaciones populares y los movimientos acompañamos…”, repasó.

“El sábado a la mañana apareció en escena el juez, después de no contestar el teléfono en todo el día viernes”, y cuando Sereno le planteó que esa gente estaba registrada en el Iprodha el mismo magistrado le dijo que “él no tenía conocimiento de eso… O sea: toma una decisión fundamental de expulsar familias a la calle sin corroborar si tienen algún documento o registro que les posibilite no ser expulsados”.

El marco legal establece que “si las familias no llevan el registro al expediente, desde la prórroga (de la suspensión de desalojos) de 2019 los jueces tienen la obligación de pedirle informe al  Iprodha” para cerciorarse de que esas viviendas están o no registrados, “cosa que el juez no hizo o negó que hizo”, afirmó Sereno.

Ese mismo sábado funcionarios de la Municipalidad posadeña que se acercaron a la Chacra 188 ofrecieron a las familias desalojadas una relocalización: “Entregarles una vivienda a cada familia, no sabemos dónde, ni cuándo”, aclaró.

Sereno reconoce valor en la intervención del Ejecutivo municipal, por “la predisposición a solucionar el desastre que había hecho el juez. Pero no es solución, porque con 50 años de vida ahí el desarraigo no te lo saca nadie, y en el ínterin esa gente hoy está viviendo de prestado, en lo de un vecino, algún pariente lejano, algún amigo, algún compinche, alguna comadre que los pueda albergar. Les hicieron exclusión de hogar. Sus cosas siguen en las casas, pero los han excluido de sus hogares”, remarcó.

Justicia y jueces, muy lejos

“No me gusta desde un Poder, el Legislativo, meterme en terreno de otro, pero indudablemente hay muchísimos integrantes del Poder Judicial que no garantizan el estado de derecho. Esta propuesta nacional de reforma judicial es necesaria, porque el Poder Judicial se ha convertido en un poder que saltea a los demás poderes”, afirmó el diputado del PAyS.

“Hay que revisar la actuación de los jueces. El Poder Legislativo sanciona leyes que debe acatar e implementar el Poder Judicial; y que, como en este caso, no lo hace: las pasa por arriba, no le interesan, las menoscaba, las desprecia”, consideró.

Y como conclusión de lo ocurrido en la Chacra 188 comentó: “Acá hay un negocio de tierras, porque esos terrenos han cobrado mucho valor. El Estado, a través del Poder Judicial, desapropia esas tierras a las familias que tienen legítimo derecho. Por otro lado, desde el Estado, todos y todas vamos a subsidiar el negocio inmobiliario de un particular, porque las viviendas y los lotes que se les van a dar a las familias desalojadas los vamos a pagar todos. Estamos de acuerdo en dar soluciones habitacionales, pero no para subsidiar el negocio de un particular que se apropia de tierras millonarias expulsando a las familias a la calle.” 

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