Peligro inflamable
El alza en el precio internacional del crudo y la depreciación del peso ya han determinado un nuevo aumento en los combustibles. En un mercado teóricamente desregulado, sólo la intervención del Gobierno (que en estos días turbulentos ataja con todo lo que puede las presiones de las petroleras y los estacioneros por subir las tarifas) está demorando un incremento que tiene números y plazos mínimos: 5 por ciento al comienzo de la semana próxima.
En relación con el 4 de abril, última suba en los surtidores, los precios fijados en pesos acumulan un retroceso cercano al 20%: casi 9% por la suba en la cotización del dólar y otro 10% por el valor internacional del barril Brent, el de referencia para la Argentina.
El porcentaje de aumento puede atenuarse por otras variables no dolarizadas que intervienen en la refinación: los salarios, el impuesto sobre los combustibles (que este mes no se modifica, aunque sí debería hacerlo el próximo) y los márgenes de comercialización. Con todo, el aumento en los surtidores no bajaría del 8%.
El ministro de Energía, Juan José Aranguren, mantendrá esta semana un raid de tratativas con los ejecutivos de las refinadoras, pero los plazos para una definición no podrían pasar del viernes.
El ex CEO de Shell en la Argentina tendrá que ponerse más firme que nunca “del otro lado del mostrador” para valerse de sus buenas relaciones con el mercado, ahora sí como ministro, y conseguir el mayor margen posible de atenuación de los incontenibles incrementos tarifarios.
Mientras espera conocer el resultado de su pulseada contra el alza del dólar, en la que el principal músculo ha sido la exorbitante suba de las tasas del Banco Central, el Gobierno busca al menos retrasar un aumento que, sabe, desde los surtidores se traslada (cuando no se supera) automáticamente a toda la economía.
Por estos días el “ancla” está puesta en YPF, aunque desde el propio gabinete de ministros muchas veces se ha cuestionado al directorio de la petrolera estatal que desde el mes pasado conduce Daniel González por tomar decisiones que no contemplan el contexto económico (y, por ende, político) que afronta el Gobierno.
Además de esa “independencia” de sus directores, YPF plantea la realidad de sus propios problemas: endeudamiento, tasas más altas en la financiación y comercialización y desvalorización de sus acciones, que en Nueva York registran una caída del 25 por ciento desde enero. Pocos márgenes para que la presión no termine encontrando salida por la manguera del surtidor.