No son planes, son retribuciones al trabajo

Entre seis y siete millones de argentinos y argentinas generaron su propia fuente laboral en los últimos años en lo que se conoce como Economía Popular. La cifra no es menor y fue destacada por Alexandre Roig, titular del Instituto Nacional de Asociativismo y Economí­a Social (INAES) que depende del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en el programa Contala como quieras, en La 99.3, donde el funcionario apuntó que «durante la pandemia la realidad social económica y polí­tica se deterioró objetivamente, pero a su vez también se fortaleció identitariamente lo que llamamos la economí­a popular. Es decir que fuimos identificando con más precisión al conjunto de trabajadores que generó su propio trabajo, que son más o menos seis a siete millones de personas».

En ese sentido, Roig mencionó que en el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP) están registrados 3.200.000 trabajadoras y trabajadores «y eso nos devuelve a nosotros otra imagen de la sociedad argentina»; y aunque «en este momento pareciera que la sociedad estuviera dividida entre los que trabajan y los que no trabajan, no es así: todo el mundo trabaja, y la sociedad en todo caso está dividida entre trabajadores con relación de dependencia, o sea los trabajadores formales, y los trabajadores que no están en relación de dependencia y por eso no tienen todos los derechos de los trabajadores formales».

Con esas definiciones, el funcionario apuntó: «Si uno lo plantea en esos términos, entonces la cuestión de los planes se resignifica, en el sentido de que mi principal programa, que en el Gobierno se llama el Potenciar Trabajo y, como su nombre indica, lo que hace es potenciar y mejorar los ingresos de aquellos trabajadores y trabajadoras que no están en relación de dependencia y cuyo ingreso es más bajo de que lo que deberí­a ser. Visto así, el diagnóstico es diferente: se desprejuicia el debate y empezamos a hablar de lo que hay que hablar, que es el valor del trabajo».

Acerca de la brecha entre los trabajadores de la economía popular registrados (3.200.000) y los no registrados (unos 3.800.000) Roig explicó que «el registro es un registro voluntario, son personas que voluntariamente se identifican o consideran que quieren estar registradas, no es un censo ni una encuesta y eso tiene su tiempo entre las personas que por ahí no se identifican en la categoría de economía popular pero cuya realidad objetiva es parecida, o aquellos que todaví­a no hicieron el trámite porque estar en el ReNaTEP por ahora no significa que tengas acceso a algún beneficio». Sin embargo, adelantó que a partir de ahora muchos de los que estén inscriptos podrán acceder a un monotributo productivo, a una cuenta bancaria, con lo cual van a tener una puerta de entrada a un conjunto de derechos; y entendemos que cuando se active se van a inscribir muchas más personas».

Consultado sobre cuándo se activarán esos beneficios, Roig respondió en su condición de referente del Movimiento Evita y recordó que ese fue uno de los puntos planteados por ésa y otras organizaciones en el espacio público el pasado 1º de Mayo con la marcha masiva que se realizó en el Centro de la ciudad de Buenos Aires, donde además se reclamó la implementación de la ley de techo, tierra y trabajo. «Uno de los componentes de esa ley tiene que ver con procesos de formalización, con el crédito, con derechos, con reconocimiento de sujeto como los pueblos originarios y la reglamentación de todo los que tienen que ver los derechos comunitarios y un conjunto de puntos que se divide en más de seis capí­tulos y que da cuenta de que el sector es portador de una demanda institucional que pide nuevas instituciones, que pide nuevas reglas».

Entre esas nuevas reglas que proponen las organizaciones sociales se menciona la sindicalización de los trabajadores de la economía popular. «Desde la perspectiva de los trabajadores vemos un proceso de sindicalización que serí­a la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), pero también por el lado del Estado el reconocimiento a ese sujeto y al mismo tiempo las reglas para ese sujeto, porque cuando uno habla de informalidad serí­a mejor hablar de trabajadores sin derechos. La manera en que se informa no expresa precisamente esa realidad, que tiene un montón de formas organizativas, de formas productivas, pero esas formas no están asociadas a derechos y esos derechos que tenemos que crear tienen que ser derechos de nueva generación, con una nueva lógica; por ejemplo, los derechos vinculados a la propiedad comunitaria son derechos que no surgen de la propiedad privada, son otros derechos que se agregan, que se articulan… Entonces tenemos que estar en condiciones, teniendo una nueva sociedad, de pensar nuevos derechos, de pensar nuevas instituciones y que en el centro de esa discusión esté el valor de las personas, el valor de su trabajo».

Acerca de la formalización del trabajo a través de cooperativas o mutuales, Roig respondió que «hay tres puntos que se encadenan, que se vinculan. El primer punto es asumir la realidad laboral y social del país, eso que hablamos al principio. El IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) benefició a 9 millones de personas y es posible que para el refuerzo de ingresos haya más personas. Eso es una realidad social; entonces el primer punto es si estamos dispuestos a asumir como sociedad la realidad social en la cual estamos, que es la mitad de la fuerza de trabajo que no está protegida, no tiene derechos, la mitad de la población. Es decir, el punto uno es darnos un baño de realidad que nos permita enfrentarla. El punto dos, qué herramientas tenemos a disposición para enfrentar esa realidad; no hay mil formas en la sociedad, las formas legales que tenemos en Argentina son: o te constituis en una sociedad anónima o te convertís en una cooperativa o una mutual o sos un monotributista individual­. No hay otra forma. Entonces, ¿cuál es el problema? Si tienen de la sociedad anónima, que requiere primero tener capital para constituirla y, segundo, estar dispuesto a empujar solo una actividad, que es un poco la fantasía de algún sector polí­tico que piensa que esa realidad social de la mitad de la población se va a resolver transformando la mitad de la población de una en empresarios a través de una sociedad anónima; la misma crítica le vale al monotributo aislado, individualizado: es muy difí­cil cuando hubo una pandemia y cuando uno, aparte, viene del sector popular y tiene el viento en contra todo el tiempo. Es muy difícil enfrentar el viento en contra solo. La cooperativa es la forma de enfrentar una realidad en conjunto, es un primer punto que me parece clave, pero a su vez en Argentina -y eso es una gran suerte que tenemos, que hay un sector cooperativo mutual centenario que tiene un saber organizativo descomunal-, entonces si nosotros vamos a hacer converger una realidad social gremializada a través de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular), que tiene una agenda de derechos, con una forma histórica probada eficiente como es la cooperativa y las mutuales, y dejamos de hablar prejuiciosamente esa figura, ahí­ sí­ tenemos un problema y soluciones y podemos transformar la realidad social».

Inmediatemente se consultó a Roig sobre las intenciones expresadas por el presidente Alberto Fernández de reactivar la economía a través de la obra pública y entonces sumar a los trabajadores de la economía popular a las obras públicas en los municipios y en los barrios como trabajo formal. El funcionario remarcó que «ese objetivo está más firme que nunca, y el Presidente lo reafirma permanentemente. Dice ‘yo vengo a trabajar para los últimos de la fila y voy a seguir trabajando para ellos’, y de hecho lo está haciendo», y completó la información acerca de lo que se está promoviendo desde el INAES donde, dijo, «estamos, entre otras cosas, facilitando el proceso de matriculación, el hecho de poder convertirse en cooperativa, pero también conjuntamente como tarea del Estado estamos trabajando en el armado de un sistema de crédito para la producción, también estamos trabajando en forma planificada la economí­a a nivel local y en particular todo lo que tiene que ver con producción de alimentos, un conjunto de polí­ticas que van en el sentido de fortalecer el sector, de dotarlo de derechos y de recursos sobre todo a través del crédito. Eso permite que concretemos ese objetivo, pero sobre todo entender que 80% de la población vive en pesos y nosotros nos preocupamos mucho con la economí­a en dólares, y aunque la economí­a que exporta trae divisas y es importante, la realidad de los trabajadores es una realidad en pesos, y cuando uno asume que la realidad de los trabajadores, del 80% los trabajadores, es una realidad en pesos, entonces tenemos una solución al alcance de la mano que no es emitir pesos como dirí­an algunos, sino justamente que circule la economía en pesos, que circulen los pesos y eso implica una polí­tica de desarrollo donde se prioriza el desarrollo local y las actividades regionales».

Finalmente, Roig se explayó en el concepto de «salario social complementario» en lugar de «planes sociales» y subrayó que «ése es el concepto que tenemos que asumir y trabajar y empujar: todo el mundo trabaja, pero la mitad de la población necesita que su trabajo sea valorizado y gran parte de la intervención del Estado consiste en valorizar ese trabajo, como lo ha hecho históricamente. Es simplemente el mismo concepto que cuando desde el Estado se decide aumentar los ingresos de un docente, de un médico, lo que hace es valorizar una actividad que es fundamental. Bueno: la economí­a popular necesita ser valorizada como actividad fundamental».

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