María Ovando: incongruencias de la justicia misionera
«Este es un límite más de lo que pasa en la justicia de de Misiones», remarcó la periodista y referente de la defensa de derechos humanos Alicia Rivas al referirse al nuevo recurso presentado por la defensa para pedir la nulidad del falló que condenó a María Ovando a 20 años de prisión sin pruebas.
La defensa de María Ovando presentó un recurso de casación ante el Tribunal Oral de Eldorado planteando las nulidades que se advierten en el fallo que condenó a María Ovando a 20 años de prisión y a los jóvenes Lucas Ferreira y Marcos Laurindo a 12 y 18 años de prisión, respectivamente.
«Como ciudadanos y ciudadanas no podemos darnos el lujo de permitir esta condena. Este es un límite más de lo que pasa en la justicia de la provincia de Misiones», aseveró Alicia Rivas, integrante del Equipo Misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, estuvo en conversación con Contala como quieras.
En relación a la presentación del instrumento legal, explicó que el siguiente paso lo debe dar el Tribunal que tiene que remitir al Tribunal Superior de Justicia para que allí analicen las objeciones al fallo.
El problema, explica Rivas, «es que el Tribunal Superior de Justicia no tiene plazos, es decir que el proceso puede durar de seis meses a un año». Agregó que también se ha presentado un habeas corpus, con el apoyo de Nora Cortiñas, el cual recae en el Juzgado de Menores de Posadas a cargo de Marcela Leiva. Rivas asegura que tendrán que «empezar a mirar cuál es el destino del habeas corpus».
En la presentación que se realizó exigen la revocación de la sentencia y se marcan las incongruencias del proceso judicial. En primera instancia, uno de los errores técnicos jurídicos es la falta de determinación de los hechos que se le imputan a María Ovando.
«La valoración de lo que ellos determinan como prueba es deficiente», afirmó Rivas y explicó que «María llega a juicio por omisión de cuidado, porque no evitó los abusos sexuales de las niñas. En el juicio agravan la situación, aunque no había con qué sostener, con la acusación de corrupción de menores. Lo que se valoró, las instancias de debate y la intervención del fiscal son la peor cara del poder judicial de la provincia».
“Nos sorprendió la condena”, expresó Rivas y comentó que a María, en el año 2013, «le habían dado una casa del Iprodha en donde tenía las condiciones según los estándares del estereotipo de quienes la juzgaron. Claramente son de otra clase social y no estaban entendiendo lo que veían ahí ya que habían dicho que María no se ‘reeducó'», aseveró Rivas.
En el documento presentado por la defensa «hay todo un capítulo sobre la violencia de género ejercida hacia María bajo una mirada clasista, racista en donde la justicia le reprocha su rol de ‘mala madre'», explicó Rivas y agregó que luego de que el presidente del Tribunal, Atilio León, se inhibiera ante la falta de elementos probatorios, «el nuevo tribunal no tomó en cuenta lo que dijo el presidente y tampoco tuvo en cuenta la recusación contra el fiscal por animosidad y por violencia de género», explicó Rivas.
«El fiscal no pudo precisar nunca la acusación, algo básico para la instancia de debate. Este es uno de los puntos que se plantea en la apelación que se presentó esta semana», afirmó Rivas.
Por otro lado, «el caso de Marcos Laurindo y Lucas Ferreira es más grave porque ellos llegan detenidos con prisión preventiva ya que su condena no está firme hace seis años», explica Rivas y agrega que la prisión preventiva puede ser «sólo por dos años extensibles, extraordinariamente, a tres años.»
Según el último relevamiento realizado por la Comisión Provincial de Prevención de la Tortura, en las cárceles de Misiones el 50% de la población carcelaria tiene prisión preventiva y algunas superan los 7 años.
«El poder político, las organizaciones y otros espacios tenemos que seguir profundizando la investigación porque es grave lo que pasa en el poder judicial», insistió Rivas teniendo en cuenta que se cumplió un año del fallo de libertad de Ceclia Rodriguez y Cristina Vázquez, otro caso de condena sin pruebas en donde, por otro lado, tardaron entre siete y ocho meses para que liberen a Ricardo Jara, «uno de los chicos que estaban en el expediente del caso y al que le dieron libertad extraordinaria, es decir que no está sobreseído, no cerraron la causa y la justicia no le permitió salir de la provincia en un intento de salir a trabajar para poder progresar», finalizó Rivas.
