Las FFAA a las fronteras y GN a la protesta social
«Preocupado por la conflictividad social, el Gobierno apura el redespliegue de militares y gendarmes». Así titulaba Clarín una publicación del 15 de junio pasado donde también afirmó que se «apura la definición del marco legal para movilizar efectivos del Ejército y de la Armada a la frontera y traer, básicamente, más gendarmes a los grandes centros urbanos del país».
En el artículo se admite que la crisis económica que se profundizó con las corridas cambiarias de las últimas semanas «aumentará la cantidad de paros, bloqueos de rutas y marchas en todo el país».
Consultado al respecto, el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Pérez, adjudicó la medida de redesplegar a las Fuerzas Armadas -si se concreta- a la lucha contra en narcotráfico y analizó que podría tratarse de la «realización de patrullajes de las Fuerzas Armadas en la zona de frontera» que «harían tareas de disuasión en zonas muy sensibles y permeables al ingreso de marihuana, sobre todo en fronteras con el Paraguay», por lo que, insistió, «deberá tener ese matiz y solamente ese matiz porque hay dos leyes que impiden la utilización de personal militar en la seguridad interior del país».
Para el funcionario misionero, «todo lo que se haga para luchar contra el narcotráfico y delitos transnacionales serán bienvenidos siempre en el marco de la legalidad y con apego a las normas que tanto se pregonan y que deben ser respetadas».
Pérez se refirió previamente al Operativo Escudo Norte, que se implementó durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, «que consistía en desplazar fuerzas militares a las fronteras», pero «se dejó sin efecto en enero de 2016». Inmediatamente, indicó que «ahora se busca replicar un operativo similar al Escudo Norte», aunque señaló que «veremos que matiz toma» porque «la Ley de Seguridad Interior y la Ley de Defensa impiden la utilización de personal militar, no así de la logística y el material militar», y dijo entender -«porque no hay ningún decreto ni instrumento legal por el que las Fuerzas Armadas puedan ser equiparadas a las fuerzas de seguridad»-, que «harán patrullaje en la zona de frontera y se utilizará como elemento de disuasión en aquellas fronteras muy sensibles y deberá tener ese matiz y solamente ese matiz».
El ministro Pérez no tuvo en cuenta el propósito que, según Clarín, se busca con el «redespliegue» de Fuerzas Armadas a las fronteras y que Gendarmería, que es la fuerza de control de las fronteras, sea utilizada para la represión frente a la protesta social que, el mismo gobierno nacional admite, se podría recrudecer frente a los ajustes que se van a profundizar a partir del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
De hecho, la Gendarmería ya actúa en la represión a la protesta social. Fue esa la fuerza de seguridad que actuó en el operativo en el Pu Lof Cushamen, en Neuquén, donde primero desapareció por 70 días y después apareció muerto el joven Santiago Maldonado.
Lo que también se supo es que el miércoles 13 de junio el Gobierno nacional decidió, «en un encuentro de la mesa nacional de seguridad: enviar tropas del Ejército y de la Armada a la frontera norte, entre Salta y Misiones, para que den apoyo logístico a la Gendarmería», según consigna Página 12 del jueves 14 de Junio.
El mismo diario informa que «se trata de un nuevo paso de la gestión de Mauricio Macri para sumar a las Fuerzas Armadas a hacer seguridad interior», aunque «no hubo disposición ni resolución, dado que en el Gobierno interpretan que pueden avanzar con la legislación actual. No obstante, siguen estudiando la posibilidad de modificar un decreto de Néstor Kirchner que plantea que las Fuerzas Armadas solo pueden actuar ante una agresión de otro Estado».
De su lado, Clarin añade que «una alta fuente de Defensa contó que aún no se decidió si se anula» el decreto de Kirchner, si «solo se le sacan unos párrafos o no se lo toca porque sirvió, durante el kirchnerismo, para darle cierta cobertura legal a la participación de militares en el operativo Escudo Norte contra el narcotráfico». Sin embargo, el mismo medio apunta que los «altos oficiales aconsejaron a (Oscar) Aguad que se le de, antes de ser desplegados, un ‘paraguas’ legal a los militares y entrenamiento en temas de seguridad como proteger una central hidroeléctrica».
Si finalmente no se apela a la modificación del decreto de Kirchner, «entonces se analiza aplicar un viejo decreto aún vigente, el decreto ley 15.383 de 1944 del gobierno militar, surgido con el golpe de Estado de 1943 que encumbró a Perón en la política nacional», que, se advierte, «necesitaría una actualización».
La reunión en la que se decidió darle este giro al rol de las Fuerzas Armadas «contó con la presencia de (Mauricio) Macri, el jefe de Gabinete, Marcos Peña; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el ministro de Defensa, Oscar Aguad», informó Página 12.
Además, «estuvo el coordinador de la mesa nacional de seguridad, el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo; los secretarios de Seguridad, Eugenio Burzaco, y de Seguridad Interior, Gerardo “Jerry” Milman, además del director de Gendarmería, Gerardo Otero, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, Bari del Valle Sosa. Este último es un militar que en el macrismo consideran clave para readecuar a las Fuerzas Armadas a las nuevas funciones que prevén darles».