Hay que tomar el toro por las astas
Mirta Botzman.
Desde que asumió el gobierno de Alberto Fernández se viene insistiendo en la necesidad de generar un shock distributivo, en ese entonces era para recuperar la pérdida de casi 20% del poder adquisitivo de los salarios, registrada durante el gobierno de Cambiemos. A poco andar la pandemia que golpeo al conjunto de la economía pegó con mayor fuerza en los sectores de trabajadores precarizados y monotributistas que viven de hacer changas diarias. El gobierno reaccionó a la pandemia generando los ATP para que las empresas no provocaran aumentos en la desocupación, subsidio que se mantuvo a lo largo de toda la pandemia. En paralelo se creó el IFE que alcanzó a 8 millones de personas pero que cobraron dos veces en 2020 y hasta hoy dos veces más, algunos de estos beneficios se pagaron en cuotas. El IFE se sumo a otro conjunto de transferencias AUH, AUE, Alimentar, bono a los jubilados de la mínima.
Según las propias estimaciones del gobierno estas transferencias generaron una contención de la pobreza de entre 6 y 8 puntos y de entre 6 y 10 puntos de contención de la indigencia. En número de personas se supone que esas transferencias de ingresos evitaron que entre 2,7 y 4,5 millones de personas hayan caído en la pobreza y/o la indigencia, de manera transitoria, producto de la pandemia. Aún en plena pandemia, se interrumpió la transferencia via IFE con el argumento por parte del entonces ministro de Economía Martín Guzmán que esos fondos iban al dólar, como explicación en parte de la escalada del dólar paralelo en ese momento.
Este argumento tuvo una contra demostración en la realidad, los datos indican que a medida que los sectores concentrados de la economía ven aumentar sus excedentes, estos se dolarizan y fugan de manera inmediata. Los receptores del IFE mejoran levemente su alimentación y tal vez un poquito su nivel de vida diaria. Mientras se interrumpió el IFE, las empresas siguieron recibiendo la contribución para pagar salarios (el ATP), y aprovecharon su posición dominante en el mercado y comenzaron una carrera enloquecida de aumento de precios, en particular los precios de los alimentos y consumos básicos de los sectores más empobrecidos de la sociedad. Estos empresarios no se conmovieron ni con la pandemia, ni con la escalada de los precios a nivel internacional por la guerra desatada en territorio ucraniano, y trasladaron en forma automática esos aumentos internacionales al mercado doméstico.
La inacción del gobierno para poner controles a toda esta secuencia de eventos parece haber servido de argumento inconmovible para las empresas formadoras de precios para provocar una escalada inflacionaria que ya se estima para fin de año en 100%. Una primera reflexión que me surge con el aumento sostenido de la inflación es que los argentinos tenemos una experiencia no tan lejana en el tiempo y que fue precisamente la hiperinflación provocada por el capital financiero, el FMI y los sectores dominantes durante el gobierno de Alfonsín que es lo que facilitó a posteriori el ensayo de dolarización practicado por Cavallo, la convertibilidad practicada desde el gobierno de Menem y toda la ola de endeudamiento y privatizaciones para sostenerla y por tanto la transferencia de la riqueza acumulada por generaciones de argentinos a través de las empresas estatales a esos sectores que provocó la hiperinflación. Esto para no volver a mencionar la creciente desocupación y pobreza provocada por ese experimento que terminó de explotar en la crisis de 2001.
El presidente y su gabinete deberían volver a recordar el mandato de la fuerza política que los puso en ese lugar, y tomar el toro por las astas, dejar de hacer reuniones, comidas, tomar cafecitos e implorar a los grupos dominantes que provocan esta inflación que se conviertan en razonables. Esto se debería haber hecho desde el 11 de diciembre de 2019 y no permitir que la bestia creciera hasta este tamaño.
El INDEC dio a conocer los datos de pobreza e indigencia, si bien la pobreza se redujo levemente, mas argentinos pasaron hambre en el segundo semestre. La publicación de las cifras volvió a poner en las pantallas y en las declaraciones de funcionarios la necesidad urgente de poner en marcha una política que vuelva a poner algo de comida en las mesas de vastos sectores de nuestra población. Llama la atención que cuando esto se sabía y estaba comprometido desde hace al menos un mes, todavía siguen estudiando qué, cómo y para cuantas personas hacerlo. La frase hecha pero cierta es que el hambre no puede esperar, es imperativo que desde el equipo económico den de manera inmediata una respuesta la que no debería ser para uno o dos meses, esta situación y con las perspectivas inflacionarias para adelante no se resuelven en dos meses.
Cristina Fernández puso de manifiesto su preocupación sobre el tema y publicó un tweet en el que trato de no pegarle duramente al ministro Massa, la vicepresidenta dijo: “El ministerio de Economía ha trabajado duro en todas las áreas de su competencia, pero es necesaria una política de intervención más precisa y efectiva en el sector y, al mismo tiempo, diseñar un instrumento que refuerce la seguridad alimentaria en materia de indigencia”, “Está más que claro que estamos ante un fenómeno de inflación por oferta y no por demanda. Las empresas alimentarias han aumentado muy fuerte sus márgenes de rentabilidad”, resaltó. El breve pero claro comunicado de Cristina está señalando que la inflación no puede ser adjudicada a una elevada demanda por parte de la población que es el argumento permanente de la ortodoxia para aplicar ajustes, sino que esa inflación está explicada por la conducta empresaria.
La actitud inescrupulosa y especulativa de los remarcadores fue descrita, durante la presentación del presupuesto 2023 en la Cámara de Diputados, de manera muy elegante y sutil por el viceministro de Massa, ese que dejó su estudio de asesoría a las grandes empresas el día que asumió su cargo, Rubinstein dijo en tono de crítica “Los márgenes brutos empresariales han quedado altos. Hay que buscar la manera de ser eficientes y que los márgenes de las empresas vuelvan a ser lo que eran un par de años atrás”.
Como dice Cristina Kirchner sin decirlo, el aumento de la indigencia en Argentina se explica, en gran parte, por la transferencia de ingresos que se dio desde las familias a las corporaciones alimenticias, gracias a lo que registraron ganancias extraordinarias. Una mirada a sus balances muestra que después de haber registrado pérdidas multimillonarias con el gobierno de Mauricio Macri, las compañías concentradas del sector pasaron a registrar utilidades récord desde el último tramo de la pandemia, con remarcaciones de precios abusivas que nunca culminaron.
El método de las corporaciones para siempre ganarle a estas variaciones fue, en palabras del propio Federico Braun, presidente del supermercado La Anónima, «remarcar precios todos los días». Esto, a su vez, desencadenó nuevas subas en el resto de la cadena, con una concentración de la oferta cada vez mayor.
En el bienio 2020-2021, las utilidades operativas de las principales alimenticias treparon 170% (contra una inflación acumulada del 105%). En el mismo período, la inflación de alimentos y bebidas fue del 114%, advirtiéndose una alta correlación entre las remarcaciones de los oligopolios y sus resultados.
Sólo para mencionar algunos ejemplos, la mayor firma alimenticia del país, Arcor, sólo incrementó sus ganancias 38% en el primer semestre de este año, pero sumó un neto nada despreciable de $19.935 millones. Esta cifra se da luego de que la corporación consiguió utilidades récord en 2020 y las multiplicó por 142% en 2021.
La segunda de mayor peso y también nacional, Molinos Río de la Plata, de la familia Pérez Companc, vio subir sus ganancias netas 217% en el primer semestre de este año de forma interanual. Lo que indican sus estados contables es que Molinos pasó de registrar pérdidas de $510 millones en el segundo trimestre de 2021 a amasar una utilidad de $2.857 millones en el mismo período de 2022. Recordemos que Molinos Rio de la Plata domina los rubros de fideos, arroz y aceites. En 2021, la dueña de La Serenísima (Mastellone) que produce 9 de cada 10 litros que se producen en el país obtuvo un resultado bruto, es decir, sin descontar impuestos, de $27.347,1 millones. Al mismo tiempo, el ingenio Ledesma registró un positivo antes de impuestos de $9.150,4 millones. Ledesma y Chango, del grupo Tabacal, concentran el 75 por ciento de las ventas de azúcar en el país.
El financiamiento para el bono para los sectores en situación de indigencia saldrá de la recaudación que significó para el Tesoro Nacional el cobro de los impuestos de exportación surgidos de la liquidación del complejo sojero, que según la cámara de exportadores superó los 8.100 millones de dólares. Obviamente la cámara aprovechó para resaltar que estos resultados están vinculados al dólar de 200 pesos por dólar y que por tanto sería muy bueno que el beneficio se extienda en el tiempo (terminó el 30 de setiembre) o bien se convierta en una política permanente. Se estima que, de un total de 22,9 millones de toneladas retenidas a fines de agosto, se liquidaron poco más de 14 millones. El volumen de soja liquidada superó las expectativas oficiales, pero deja en evidencia que siguen retenidas por lo menos 8 millones más. Los diez gigantes del campo que se quedaron con el 90% del dólar-soja, son los de siempre aunque con algunas digamos sorpresas.
El principal exportador de soja en setiembre fue la canadiense Viterra que es una filial del grupo Glencore, cuya característica más destacada desde 2020 a la fecha es que pasó a ser la principal operadora de las instalaciones de Vicentin: almacenamiento, fábricas de harinas y aceite, e instalaciones portuarias. Vicentín por cierto fue un grave error cometido por el presidente Fernández, entre el “pensé que me iban a aplaudir” y la idea novedosa del gobernador santafesino Perotti, el Estado se quedó sin Vicentín con un daño para el conjunto del pueblo que no nos cansaremos de repetir. La segunda exportadora también es la argentina AGD (Aceitera General Deheza), propiedad de Acevedo, ex presidente de la UIA y Roberto Urquía, uno de los empresarios mas poderosos de Córdoba. Obviamente que entre las 10 también estaban las extranjeras tradicionales del sector como Cargill, Bunge, Dreyfus y la china Cofco. De acuerdo a una columna de Raúl de la Torre en el Página 12, la mayor curiosidad, sin embargo, estuvo dada por la participación en el privilegiado ranking, de una empresa conocida pero no por su actividad en el sector cerealero: Mirgor, la firma de electrodomésticos y autopartes de Nicolás Caputo (Nicky, el «amigo del alma» o hermano de la vida de Mauricio Macri),quien irrumpe en el ranking como un importante «comprador» de soja retenida (¿por terceros?) y declarada para exportar por él, además, poderoso contratista de obra pública del macrismo y que ya incursiona además en el sector energético y de combustibles. Creo que ahí podemos cantar bingo y cerrar el tablero.
Para finalizar quiero reiterar que el presupuesto es un presupuesto de ajuste destinado a garantizar los excedentes para pagarle al FMI, el acuerdo con el FMI es inflacionario, la inacción del gobierno frente a los empresarios inescrupulosos y angurrientos pone al país en un tobogán del que la mayoría del pueblo saldrá muy mal parada y desmotivada y desmoralizada en contraste al optimismo con el que se votó en 2019. Desde lo que se supone es un gobierno popular no debería haber el menor margen para llevarnos a un callejón sin salida. Claramente no es lo que voté en 2019 y como yo, creo que somos muchos los desencantados con esta desabrida, impotente y cobarde gestión del presidente y para completar el cuadro hacen lugar a un pedido de una jueza para ir a reprimir a una comunidad mapuche en sus propias tierras. No haber matado a nadie no es sinónimo de no reprimir, cosa que para cualquier peronista es evidente.
La economista Mirta Botzman nos propone una mirada nacional, popular y democrática de la economía nacional e internacional, todos los jueves, a las 7,30, en su columna Cuentas Claras en el programa Contala como quieras, en La 99.3.
