Fiscales demandan a Trump
(PL) El fiscal general del estado norteamericano de California, Xavier Becerra, anunció hoy que él y otros 17 homólogos demócratas demandaron al Gobierno federal »por la política cruel e ilegal» de separar a familias de inmigrantes.
La demanda alega que la práctica de la administración de Donald Trump de dividir familias viola los derechos fundamentales de los padres de estar juntos a sus hijos, así como otros reclamos constitucionales y legales.
A través de un comunicado, Becerra manifestó que con los campamentos de internamiento infantil en Estados Unidos el ejecutivo ha alcanzado un nuevo fondo.
La indiferencia del presidente Trump hacia los derechos humanos de los niños y padres es escalofriante’, agregó el fiscal general, quien dijo que llevan a la administración ante los tribunales porque la seguridad y el bienestar de los menores son demasiado importantes ‘como para ser amenazados por una maniobra política sin corazón’.
De acuerdo con su documento, la política del Gobierno no solo impacta la salud y seguridad de estas familias separadas, sino que también amenaza la capacidad de California de garantizar que los derechos de sus residentes estén protegidos.
La acción legal, en la cual participan fiscales generales como los de Washington y Massachusetts, alega que la política de ‘tolerancia cero’ implementada desde mayo pasado, mediante la cual se procesa criminalmente a los adultos que crucen la frontera de modo ilegal, viola derechos constitucionales.
Además, la tilda de perjudicial para la salud y la seguridad de los residentes de California, y de violatoria de la soberanía del estado provista por la carta magna, además de considerarla causante de daños a las comunidades de inmigrantes en todo el país.
La demanda subraya que más de dos mil infantes fueron sacados del lado de sus progenitores, y que la medida es un espectáculo público diseñado para disuadir a los que buscan refugio para que no vengan a Estados Unidos.
Entre otros puntos también sostiene que la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado miércoles para poner fin a la separación de familias no dice nada sobre la reunificación de las ya divididas, ‘y es tan vaga y equívoca que no está claro cuándo o si se harán cambios’.
Por su parte, el gobernador del estado, el también demócrata Jerry Brown, manifestó que apoya firmemente los esfuerzos de Becerra para proteger a los niños y mantener unidas a las familias, pues ‘es lo correcto’.
Además de los fiscales generales de los estados mencionados, en la acción legal participan los de Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington DC.
A través de un comunicado, Becerra manifestó que con los campamentos de internamiento infantil en Estados Unidos el ejecutivo ha alcanzado un nuevo fondo.
La indiferencia del presidente Trump hacia los derechos humanos de los niños y padres es escalofriante’, agregó el fiscal general, quien dijo que llevan a la administración ante los tribunales porque la seguridad y el bienestar de los menores son demasiado importantes ‘como para ser amenazados por una maniobra política sin corazón’.
De acuerdo con su documento, la política del Gobierno no solo impacta la salud y seguridad de estas familias separadas, sino que también amenaza la capacidad de California de garantizar que los derechos de sus residentes estén protegidos.
La acción legal, en la cual participan fiscales generales como los de Washington y Massachusetts, alega que la política de ‘tolerancia cero’ implementada desde mayo pasado, mediante la cual se procesa criminalmente a los adultos que crucen la frontera de modo ilegal, viola derechos constitucionales.
Además, la tilda de perjudicial para la salud y la seguridad de los residentes de California, y de violatoria de la soberanía del estado provista por la carta magna, además de considerarla causante de daños a las comunidades de inmigrantes en todo el país.
La demanda subraya que más de dos mil infantes fueron sacados del lado de sus progenitores, y que la medida es un espectáculo público diseñado para disuadir a los que buscan refugio para que no vengan a Estados Unidos.
Entre otros puntos también sostiene que la orden ejecutiva firmada por Trump el pasado miércoles para poner fin a la separación de familias no dice nada sobre la reunificación de las ya divididas, ‘y es tan vaga y equívoca que no está claro cuándo o si se harán cambios’.
Por su parte, el gobernador del estado, el también demócrata Jerry Brown, manifestó que apoya firmemente los esfuerzos de Becerra para proteger a los niños y mantener unidas a las familias, pues ‘es lo correcto’.
Además de los fiscales generales de los estados mencionados, en la acción legal participan los de Delaware, Iowa, Illinois, Maryland, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Oregón, Pensilvania, Rhode Island, Vermont, Virginia y Washington DC.