El único acusado hizo silencio

(Juan Manuel Laprovitta) Comenzó este lunes con el testimonio de cinco familiares y compañeros de desaparecidos el juicio por los crímenes cometidos durante la dictadura cívico militar contra trabajadores del establecimiento Las Marías, en una jornada de gran expectativa para la localidad de Gobernador Virasoro.

Alrededor de 100 personas de la localidad, pero también de organizaciones de Derechos Humanos, sindicales y sociales de diversos puntos del país, participaron de la primera audiencia desarrollada por el debate público que el Tribunal Federal de Corrientes desarrolla contra el ex interventor militar de Virasoro, Héctor Torres Queirel. El acusado hoy se negó a declarar.

La jornada estuvo caracterizada por una fuerte y excesivamente rigurosa custodia de la Gendarmería Nacional, un matiz desacostumbrado para las audiencias que organiza el tribunal correntino y que arriba a julio de 2018 con el noveno juicio por crímenes de lesa humanidad.

“Desde la primera notificación que tuve manifesté mi decisión de aportar la mayor información para el esclarecimiento, pero en esta instancia deseo postergarla”, dijo al inicio del juicio el acusado, que tiene 77 años y se presentó junto a su abogado, Néstor Javier Irazusta.

A continuación declararon en calidad de testigos la esposa del desaparecido Neri Pérez, Ramona Sánchez, y sus hijos Aníbal y Jorge, así como Clara Figueredo y Aurelio Acevedo, un ex obrero de Las Marías.

“La primera vez que nos ´visitaron´ fue una madrugada en marzo de 1977 y eran como diez hombres; mi marido estaba en el campo trabajando, recorrieron la casa, le apuntaron en la cabeza a mi hijo mayor que tenía 14 años y voltearon un aparador que había en el comedor porque buscaban papeles”, relató la esposa de Pérez.

Y agregó: “Cuando agarraron unos carnet que la obra social del sindicato nos daba dijeron ´acá está´ y se fueron pero me dijeron que en tres meses iban a volver”.

Efectivamente, el 29 de junio de 1977 minutos después de las 21, una patota irrumpió en la casa de Pérez, lo levantó violentamente de su comedor, donde permanecía mirando televisión, y lo trasladaron con rumbo desconocido en un automóvil blanco, pese a su resistencia.

Su esposa intentó demorarlos indicándole que le entregaría ropas de abrigo, pero le respondieron “no se preocupe, a partir de ahora no va a necesitar más nada de eso”.

Jorge Pérez, quien subrayó su testimonio al afirmar que su padre “luchó por el bien de los trabajadores, porque en el lomo de ellos se consiguieron cosas”, reveló en el juicio que a partir de una confesión aportada por un policía retirado, llamado Ramón Giménez, logró certificar la denuncia que arribo hoy a instancia de debate.

Fueron los trazos salientes de las declaraciones de una serie de testigos con las cuales la fiscalía, a cargo de Juan Martín García, y la querella, del abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Manuel Brest Enjuanes, comenzaron a reconstruir la trama que urdió la dictadura con responsabilidad empresarial para abolir los sindicatos en Gobernador Virasoro.

Un acusado y la impunidad de los verdaderos responsables

Es que tanto Neri Pérez como el otro desaparecido que aborda este juicio, Marcelo Peralta, se desempeñaron como autoridades de los gremios Federación Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Fatre) y del Sindicato de la Industria de la Alimentación, respectivamente.

El juicio reiniciará este martes en la Casa del Bicentenario de Virasoro, cuando nuevamente declararán testigos, que hasta el miércoles próximo está previsto que pasen por la sala de los jueces Víctor Alonso, Lucrecia Rojas de Badaró y Fermín Ceroleni. Y se prevé que sean más de 20 los testimonios a recolectar.

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