Entrevista exclusiva con el constitucionalista Eduardo Barcesat

El Gobierno, pasible de ser juzgado por “traición a la Patria”

“Estamos frente a la voluntad omnímoda y destructiva de un gobierno que no cesa de cometer tropelías económicas e institucionales en perjuicio del pueblo de la Nación argentina”, acusó el doctor Eduardo Barcesat, y en su propuesta para la gestación de una nueva Constitución Nacional incluyó la elección de una asamblea que “va a tener una primera tarea: revisar todo lo pútrido que ha hecho con la economía y la institucionalidad este gobierno. Revisar significa anular”.

El constitucionalista, que participó junto al escritor Mempo Giardinelli en la charla debate Confluencia por una nueva Constitución convocada días atrás en Posadas por el Manifiesto Argentino, aseguró que un Poder Ejecutivo “con legitimidad de origen pero que avasalla la división de poderes, que usurpa las potestades del Legislativo, que subordina al Poder Judicial” coloca a la Argentina “en una situación de excepcionalidad institucional”, y por tanto hace a las figuras del Gobierno pasibles de ser acusadas “con la figura de traición a la Patria”.

“El juicio político es un instituto de la Constitución Nacional establecido por el texto histórico de 1853 por mal desempeño y comisión de delito en la función pública, y el deber de observancia de la supremacía de la Constitución lo tenemos todos los ciudadanos, pero mucho más el Gobierno”, enfatizó.

“Hay un inocultable e irrecuperable fracaso económico para el pueblo argentino, para sus grandes mayorías, y junto a ello un derrumbe institucional, que no es menos preocupante”, dijo Barcesat, entrevistado en el programa “Contala como quieras”.

“La piedra de toque del estado de derecho es la división de poderes. Es el sistema y la doctrina fundamental para asegurar la soberanía del pueblo y su derecho de autodeterminación. Tenemos un gobierno que ha avasallado y usurpado las potestades que les confiere la Constitución a los otros poderes y ha sometido, sin tener que hacer mucho esfuerzo, al Poder Judicial”, afirmó durante la charla.

La entrega de nuestra soberanía

Barcesat hizo hincapié en que uno de los ejes de una nueva ley fundamental debe centrarse en “la tutela efectiva de nuestras riquezas y recursos naturales”, tal como lo establecen los tratados internacionales de Naciones Unidas suscriptos por la Argentina e incorporados con jerarquía constitucional, que establecen que ”ningún pueblo puede ser prescindido de aquello que es esencial para su subsistencia”.

Esos tratados ponen énfasis “en el derecho de autodeterminación de los pueblos, el derecho a la independencia económica, sin la cual no hay autodeterminación plena, y la titularidad de los pueblos –recalco, de los pueblos, no de los gobiernos ni de los Estados- sobre el conjunto de las riquezas y los recursos naturales de sus territorios”, señaló.

“Este gobierno, por decreto y por resoluciones ocultas (porque ni siquiera están publicadas en el Boletín Oficial, están en el Boletín Electrónico), ha establecido que todos los actos de contratación de deuda externa tienen como garantía de pago la renuncia hecha por la Argentina a la inmunidad soberana sobre sus recursos y riquezas naturales y sobre las empresas del patrimonio nacional, provincial y municipal”, indicó.

“Las cláusulas que se han suscripto para garantizarles a los acreedores el cobro de la deuda a costilla de nuestra soberanía significan humillación, entrega y sometimiento neocolonialista”, afirmó.

Recordó que en 2014 la Corte Suprema de Justicia argentina falló que los dictámenes del juez neoyorquino Thomas Griesa que favorecían los reclamos de los fondos buitre “eran nulos, por ser lesivos del orden público constitucional argentino”, y al respecto señaló: “Sube este gobierno y lo primero que hace es bajarse los calzones frente a las disposiciones de Griesa para pagar sin ton ni son.”

Y agregó que se ha seguido tomando préstamos multimillonarios en dólares “renunciando a todo cuestionamiento, todo pedido de recomposición de la deuda, toda prórroga y todo debate sobre la legitimidad. Estamos atados como un matambre, con jurisdicción y ley extranjera”.

Nuevas garantías de representatividad

El constitucionalista insistió: “Si queremos recobrar la institucionalidad, la economía y el bienestar del pueblo argentino necesitamos una asamblea constituyente que no sea el pacto de dos caudillos políticos sino la obra de todo el pueblo argentino. Que tenga un proceso de debate, para que se sepa cuáles son las reivindicaciones que deben volcarse en el texto constitucional, que abra un camino de legitimación para ese proceso de recupero democrático, inclusivo, con justicia social e integración con Latinoamérica y el Caribe.”

También habló sobre la necesidad de que la nueva Carta Magna contenga cláusulas que hagan cumplir a los representantes electos las propuestas de campaña: “Nuestra experiencia reciente, y particularmente desde 2015 para acá, es que entre lo que se llama genéricamente el mandato y la toma de posesión no existen cláusulas, y a veces antes de jurar ya cambiaron la postura”, señaló.

“La nueva Constitución no sólo debe ser el instrumento mayor de la normativa institucional sino que tiene que tener los criterios de operatividad en el texto para que no haya después alguien que traicione, que incumpla”, dijo.

Y sostuvo: “Los poderes del gobierno federal, lamentablemente, están prostituidos. Se han dejado usurpar sus atribuciones o se han sumado al saqueo, como ha sido la pata podrida del Poder Judicial”. El archivo de audio que acompaña esta nota reproduce la entrevista completa con el doctor Eduardo Barcesat.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *