El crimen de ser mujer y ser pobre

“Es tiempo de comenzar a mirar los procesos de familia en la justicia misionera porque son de una arbitrariedad casi peor que los del sistema penal”, subrayó la periodista Alicia Rivas, referente feminista e integrante del Equipo de Derechos Humanos, Justicia y Género (EDDHHJyG) de Misiones, al relatar la larga y emblemática historia de criminalización de María Ovando, absuelta en 2012 por una causa en la que se la acusó, en 2011, por la muerte de una de sus hijas y nuevamente acusada en un segundo proceso judicial por el supuesto abuso sexual de otras dos de sus hijas y cuya instancia oral se concretará entre el 21 y el 24 de septiembre próximo.
Alicia Rivas

El EDDHHJyG, con la intervención de los abogados Roxana Rivas y Eduardo Paredes, asumió la defensa de Ovando en este segundo juicio contra la mujer, madre de 12 hijos, de condiciones socioeconómicas críticas, a quien antes que asistirla en su revinculación familiar con sus hijos después de los años de encierro desde 2004 hasta 2011 se la vuelve a someter a una causa en la que se pretende responzabilizarla por no haber denunciado el supuesto abuso sexual contra dos de las hijas que vivían con ella en 2015.

Alicia Rivas en La 99.3

“Para nosotros es importante presentarnos ahora como equipo para esta nueva etapa de persecución y criminalización de María porque significa un salto cualitativo de intervención en estos procesos de criminalización tras años de ver e intervenir en causas como la de Librada Figueredo, en 2004, que fue la primera que nos llamó la atención y nos dio indicios de cómo el Estado misionero en todos sus poderes respondían a un proceso de criminalización de la pobreza creciente. Después fue María Ovando y logramos la absolución en 2012, después Victoria Aguirre entre 2015 y 2017 con su absolución, después Miriam Bogado con una causa que está en proceso”, refirió Rivas entrevistada en el programa Contala como quieras de La 99.3..

Para la referente feminista, “si uno mira el comportamiento del poder judicial y elige un tópico para observar puede encontrar las irregularidades que vamos encontrando y denunciando” y de allí el desafío de volver a asumir la defensa de María Ovando.

“En esta nueva etapa de judicialización de María es muy importante mostrarnos como equipo porque la respuesta del poder judicial cuando hay una forma de mostrar y explicitar las arbitrariedades suele ser muy devastador”, apuntó y, tras mencionar a Cristina Vázquez y Cecilia Rojas como otros casos que se suman a los antes mencionados de criminalización de la mujer pobre”, remarcó que cada uno de ellos “muestran la peligrosidad del poder judicial que actúa con tanta arbitrariedad, tan alejado del estado de derecho”.

Más adelante se preguntó: “¿Qué es lo que está siendo juzgada en estas causas?” y ella misma responde que “está siendo juzgada la maternidad pobre” y ejemplifica con el caso de Librada Figueredo a quien “se le murieron en 2004 dos hijitos en apenas dos días por desnutrición en el contexto de la crisis del 2001. Ella vivía en un basural en Puerto Iguazú hasta que al mismo poder judicial no se le ocurrió mejor idea que responsabilizarla a ella por esas muertes y la tuvieron dos años presa hasta que la misma justicia decide no avanzar sobre su causa y la liberan, no llega a instancia de juicio oral”.

En el caso de María Ovando, Rivas relata que en 2011 una de sus hijas, de tres años, murió en una circunstancia en la que no se pudo determinar la causa “y ahí apareció lo que sirvió para la espectacularización y para la construcción de una maternidad monstruosa que fue que ella hizo algo que si uno tuviera una mirada más amplia podría comprender. Su hija se le muere en los brazos cuando la llevaba al hospital y entonces decide enterrarla ella misma. Ese hecho se presentó como algo monstruoso y como un intento de encubrir el delito. Sin embargo, charlando con ella y profesionales de la antropología, advertimos que hay mucho alrededor de lo que intentó hacer María. Una persona en situación de extrema pobreza no tiene posibilidad de enfrentar los trámites que requiere enterrar un cuerpo, se trataba de una niña indocumentada cuya acta de nacimiento se labró recién cuando se encontró su cuerpo. Ese era el contexto y eso no le importo nunca a nadie”.

De aquella acusación Ovando fue absuelta y el equipo de juristas que la asiste inició, con su consentimiento, una demanda civil por las arbitrariedades del proceso judicial que había padecido. Poco tiempo después, se inicia el segundo proceso de criminalización de la mujer donde, según Rivas, “el Estado mira a las hijas de María en esta nueva judicialización solo para poder imputar a la madre y después ya no les interesó seguir monitoreando sus estados y sus condiciones de vida”.

Vivir hostigada por el sistema

“María tenía 12 hijos a sus 36 años que es cuando la conocimos”, repasó Rivas. “En 2011, cuando tomé contacto con su caso por un interés periodístico, María estaba presa y no se sabía dónde estaban sus hijos, ni el defensor de menores ni el juez que tenía el caso de María sabían dónde estaban y fue la insistente consulta periodística lo que llevó a que la justicia libre oficios para determinar dónde estaban esos chicos. Algunos estaban con los abuelos maternos y otras niñas estaban con los que se supone son los abuelos paternos aunque el supuesto padre nunca las reconoció. Marco esto porque el interés del Estado en el destino de estos niños termina cuando logra imputar a las madres, después a nadie le interesa dónde están, si se murieron porqué se murieron, si están el contexto de más violencia o vulnerabilidad…”

Otra de las aberraciones que subraya la entrevistada fue la negativa de la justicia a que Ovando, finalmente absuelta, conserve consigo a su hija más pequeña, entonces de tres meses de vida, cuando la detuvieron. “No la dejaron ejercer su derecho a mantener con ella a su hijta que entonces amamantaba. El argumento fue que era una madre monstruosa y el delito tenía que ver con su maternidad y por eso no podía criar a su hija en la cárcel”.

La absolución llegó en noviembre de 2012 “después de una larga pelea que demandó un aprendizaje para entender cómo funciona el proceso de criminalización de mujeres en situación de pobreza y fue liberada en Eldorado pero ya se habían destruido todos sus vínculos. Se habían utilizado los testimonios de la familia cercana, la madre, el padre, el cuñado, el concubino, testimonios que después fueron anulados porque los familiares no pueden testimoniar contra un imputado. Cuando la liberan no tenía familia, los hijos estaban dispersos, no tenía donde vivir” y desde entonces “el hostigamiento fue constante contra ella y sus hijos”.

La nueva causa por la que María Ovando afrontará el juicio oral en septiembre próximo “es por la imputación por supuestamente haber facilitado el abuso sexual de dos de sus niñas que ya vivían nuevamente con ella”. Por esta misma causa fueron acusados dos adolescentes que están detenidos en forma preventiva desde hace cinco años, aunque la defensa de Ovando asegura que no hay elementos que justifiquen esas detenciones. “Es importante que la causa llegue a esta instancia, a la que nunca debió haber llegado porque, como decimos que no hay elementos para sostener una imputación contra María, tampoco hay elementos para imputar a esos adolescentes”, cuya imputación “también provoca mucha impotencia porque son dos víctimas del intento de disciplinar a María y disciplinar al movimiento de mujeres que la acompaña. Por eso fueron a cazar a dos adolescentes, a arruinarles la vida metiéndolos presos imputándoles un delito que todos saben lo que significa y eso llena de impotencia y mucha vergüenza con sus familias”.

La causa por abuso de las menores se inició en 2015 cuando la justicia vuelve a separar a María de dos de sus hijas que vivían con ella, “aunque en ese acto no se denuncia que las niñas pudieron ser abusadas, y se las entregan a una familia guardadora y 40 días después de vivir con esa familia se denuncia el abuso y la justicia jamás investigó a esa familia por ese hecho y hoy siguen en esa casa sin ningún control ni seguimiento de su estado desde entonces”, apuntó Rivas e insistió en que “nunca les importaron las menores”.

A los efectos del juicio oral, la defensa de Ovando solicitó el acceso a las filmaciones de las cámaras Gesell que se les hizo a las niñas supuestamente abusadas para probar que las mismas “fueron direccionadas” pero “lo grave es que parece que van a plantear que las filmaciones se perdieron”. Del mismo modo, “tTambién pedidos que se haga un informe socio ambiental del lugar donde viven las niñas para cerrar este proceso y ver si María puede  encarar una nueva revinculación con sus hijas”.

Finalmente, Rivas contó que a dos años de la absolución de Ovando en la causa por la que estuvo presa se demandó al Estado por daños y que está en proceso de resolución y en la que se incluye la denuncia al juez de instrucción Roberto Saldaña y al fiscal de la causa, “y la respuesta corporativa del poder judicial fue esta nueva causa por abuso que decimos que está armada y que vuelve a criminalizar a María” porque, “al tiempo que se mueve la causa civil iniciada por nosotros, se va moviendo la causa penal con la que casi la tienen a María y a su defensa como rehenes ”.

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