Donaciones de flaca ayuda a la democracia

(Por Beto Zeppa) “La democracia es cara”, fue la definición. Surgió espontáneamente en una charla entre periodistas “del palo” acerca de la corrupción en tiempos (2014 o 2015) en que la andanada mediática en torno al tema ya se sabía la principal amenaza para la continuidad del proyecto nacional y popular.

Y sí. En un sistema occidental liberal capitalista la fluidez de fondos es esencial para sostener campañas y, con ellas exitosas, acciones de gobierno.

Cierto que la relación dinero-política causa escozor. “Robo para la corona” dicho por José Luis Manzano en tiempos de rematar joyas de la abuela deja una marca indeleble. La obscenidad de la invasión propagandística partidaria, multiplicada con el nuevo terreno de las redes sociales virtuales y las evidencias sobre manipulación de datos que sólo puede manejar el Estado en las campañas macristas de 2015 y 2017 para justificar aportes de otra procedencia sumaron su huella en tiempos más recientes. Aunque para cierta franja de votantes esto último nunca adquiera los niveles de indignación que todavía genera la mención de apellidos como De Vido o Boudou.

“La política demanda dinero” podría decirse sin enfrentar tantas miradas acusadoras de no mediar antecedentes como aquellos, mucho más ilustrativos sobre los recursos reales a los que echa mano la actividad partidaria. En un sistema occidental liberal capitalista la democracia se encarece y los pagos empujan permanentemente a la banquina de esa ruta demarcada por la decencia que supone su recorrido.

Los mecanismos institucionales han elaborado ecuaciones como la ley de financiamiento de los partidos políticos, casi tan expuesta a reclamos de cambios como a suspicacias en torno a su verdadero cumplimiento.

Los salarios de quienes asumen como representantes de la ciudadanía, ya sea en cargos legislativos como en funciones ejecutivas, el otro sostén principal del financiamiento de la política, vuelven a ponerse en tela de juicio, como en 2001-2002, en circunstancias de excepcionalidad.

Los cuestionamientos, los reclamos, la indignación, ganan terreno fogoneados por los medios de comunicación de mayor audiencia. Lo hacen entre una mayoría de la población desconocedora de otros engranajes con que esas retribuciones monetarias a “los políticos” activan y aceitan el funcionamiento de ésta, nuestra democracia.

Si no todas, la mayoría de las cartas orgánicas y estatutos partidarios establecen porcentajes de esos ingresos que “los políticos” deben destinar al sostenimiento de sus fuerzas. De allí la militancia obtiene fondos para pintar un local o pancartas, sostener el funcionamiento de un merendero o comedor comunitario, pagar el viático a quienes asistan a una reunión partidaria o un curso de formación fuera de sus territorios de acción o el servicio eléctrico que los locales partidarios usan durante el dictado de talleres de oficios, apoyo escolar o tantas otras tareas en su contacto con la comunidad.

La donación de salarios que empieza a generalizarse como respuesta a ese “clamor” de indignación por los ingresos altos de “los políticos” también es un cierre del grifo que mantiene viva a la militancia. Y ésta sigue siendo la más legítima forma de participación ciudadana en la construcción de nuestra democracia.

Al sucumbir frente a un reclamo mayoritariamente ignorante (por desconocimiento o por decisión aviesa) del valor de esos engranajes, la donación no sólo toma cierto tufillo demagógico, lo que de por sí degrada los valores democráticos: socava el terreno a quienes desde la participación y el compromiso sostienen y enriquecen el sistema representativo que desemboca en el depósito de una boleta en una urna electoral.

Esa resignación de haberes presentada como un gesto acorde con las necesidades populares en momentos excepcionales suena amenazante: casi como si “los políticos” aceptaran que hasta ahora percibieron retribuciones excesivas para sus responsabilidades. Y si eso se hizo evidente que ocurrió alguna vez, fue cuando se robó para la corona o se usó información que el Estado debe destinar a la ayuda social para blanquear aportes oscuros ajenos a la ley. Métodos que envolvieron a la democracia en una espiral inflacionaria.

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