Desde el Estado, un compromiso de ayuda para las víctimas de violencia por razones de género

«La violencia por razones de género es de carácter sistemático, no tiene que ver con un hecho de inseguridad sino más bien de estructura social y cultural», expresó Amanda Lozina, comunicadora social y asesora de gabinete en la Subsecretaría de Políticas contra las Violencias por Razones de Género a cargo de Flavia Delmas en el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires.

Agregó que «hay más probabilidades de que una niña sea abusada sexualmente en su casa de que nosotras seamos violadas yendo a la parada del colectivo, ya que si vemos las estadísticas de femicidios o abuso sexual infantil sucede mucho más en vínculos de parejas, ex parejas o familiares».

Amanda Lozina en La 99.3

Según el registro nacional de femicidios del Observatorio Mumalá «mujeres, disidencias, derechos», entre el 1º de enero y el 31 de diciembre de 2020 se perpetraron 329 muertes violentas de mujeres, travestis y trans, de las cuales 270 son femicidios directos, femicidios vinculados y trans- travesticidios. En todo el año hubo un femicidio cada 32 horas. Hubo, además, 278 intentos de femicidios y 300 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin madre por ese tipo de violencia.

Es ante este contexto que desde el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de la ministra Estela Díaz, se realizan traslados de personas en situación de violencia hacia sus provincias o países de origen.

El Ministerio de Mujeres se creó con la asunción de Axel Kicillof como gobernador de la provincia de Buenos Aires en diciembre de 2019; previo a ello su tarea estaba a cargo del Instituto Provincial de Mujeres. El trabajo «comenzó con la planificación de programas y de repente, luego de pocos meses, empezó la pandemia», contó Amanda Lozina.

Lozina comentó en Despertar y sacar la voz que el principal desafío fue la prevención y eliminación de violencias en una provincia con alta concentración de población. Trabajaron en la atención a familias de víctimas de femicidios y en la aplicación de la Ley Micaela, que desde 2018 establece la capacitación obligatoria en género y violencia de género para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación.

«Este año, desde el gabinete de la Secretaría, trabajamos tratando de garantizar el traslado de mujeres en situación de violencia, de alto o altísimo riesgo, desde la provincia de Buenos Aires a otros puntos del país y hacia los países limítrofes como Paraguay, Bolivia, Chile, Uruguay. El trabajo apareció de manera casi artesanal en contexto de pandemia, ya que no había colectivos ni aviones disponibles. Lamentablemente se han encontrado muchas situaciones de padecimiento previo y de incremento o aparición de violencia en las casas en el contexto de aislamiento».

«Con Misiones trabajamos muy bien en conjunto con la Casa de Misiones, ubicada en Capital Federal, que hasta agosto habilitó colectivos de repatriación. Fue una articulación bastante amena y fluida; se articuló también con la Secretaría de Comunidad y Violencia de la provincia, en donde ha habido una colaboración y contemplación de las situaciones para el ingreso a la provincia», aseguró Lozina.

Según lo comentado por la funcionaria, cada semana se modificaban los protocolos en las distintas provincias: de todas partes del país se organizaron viajes con funcionarios y funcionarias que llamaban para coordinar los traslados. A través de consulados y cancillerías se realizaron viajes a Chile, Uruguay, Paraguay, Bolivia, en donde a pesar de no haber una política instaurada «hubo una disposición de resolver que estas mujeres salieran de la situación de violencia que estaban atravesando».

«Las demandas llegaban de la línea 144, que está disponible las 24 horas, y de las dependencias municipales de la provincia de Buenos Aires. Aquí en Misiones funciona la línea 137. Las líneas son espacios en donde un equipo interdisciplinario te puede asesorar, pero es importante que ante una situación de emergencia y peligro se llame al 911, directamente», recomendó Lozina. 

«Las organizaciones cumplen un rol fundamental, porque este trabajo de prevención y erradicación de violencia no se puede hacer sólo como Estado gestor sino (que necesita de) la totalidad del Estado como sociedad».  

En cuanto al balance del año la funcionaria destacó que es «positivo, porque todas las demandas se pudieron resolver con la articulación y disposición absoluta del Ministerio de Transporte de Nación, la Comisión Nacional de Transporte y Jefatura de Gabinete de Nación». Agregó que «se están pensando estrategias para el 2021 armando planes de gestión y programas para poder prevenir posibles problemáticas en el acompañamiento de los casos».

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