Denuncian a Asuntos Guaraníes por feroz represión en la aldea Perutí

El comisario principalmente vino sin protección. Bajó de la camioneta de la comisaría y empezó a pegar… Chicos, señoras… Y ahí le quisieron atajar al policía para que no les pegue más. A los chicos y a señoras nomás les pegaron, ¿viste? Eso es lo que pasó.”

El encomillado respeta literalmente una parte del relato que Cristian Cabrera, 35 años, orgulloso «nieto del fundador de Perutí», Mario Núñez, «que consiguió el título (de propiedad de las tierras que habitan los ,pobladores de la aldea) que nos robaron hace mucho», le brindó a Contala como quieras sobre la violenta irrupción de funcionarios de la Dirección de Asuntos Guaraníes y policías de la seccional de Caraguataí, el miércoles pasado, que golpearon salvajemente a pobladores de esa comunidad mbyá, cercana al municipio El Alcázar.

En su segunda lengua, Cristian se esforzó por contarle al programa radial una serie de hechos que desembocaron en esa violencia contra su gente: una brutal intervención de funcionarios del Gobierno provincial y policías para desconocer su elección como nuevo cacique, el domingo anterior, en una asamblea a la que se autoconvocó la comunidad para destituir al anterior jefe de la aldea por su falta de respuestas a las demandas de alimentos y asistencia en general de esas 160 familias, asfixiadas por la falta de recursos que generó la cuarentena en prevención del avance de la pandemia de covid-19.

“Nosotros lo habíamos invitado (hace) como quince días al cacique que se presente, que le comente a la comunidad, que diga…”, contó Cristian en referencia a Ricardo González, el hasta entonces jefe de la comunidad. “Él le mandó avisar a la comunidad que no podía venir porque la cuarentena. Entonces la gente no querían esperar más. Me eligieron a mí. Tampoco yo no me candidateé. Ellos me eligieron directamente en la reunión y tomé ese cargo”, dijo el joven.

Tres días después de esa elección, el miércoles, alrededor de las tres de la tarde, “vinieron una gente de Asuntos Guaraníes”, relató el electo nuevo cacique. “La gente quería saber qué vino a hacer en nuestra comunidad. La gente se convocaron entre ellos y le atajaron en el camino para preguntarles qué trajo a la comunidad. Ellos pensaron que trajeron alimentos para la comunidad”, dijo.

“Ellos no salieron para hacer violencia. Ellos salieron esperanzados que trajo algo para repartir a nuestra comunidad. Como somos aborigen, siempre cuando hay algo, cuando hay un auto extraño, se junta, la gente se convoca”, explicó.

Y cuando se lo consultó sobre quiénes eran esas personas, sólo pudo identificar a “gente que trabaja en Asuntos Guaraníes… Decirte el nombre, no… Porque ellos no quisieron dialogar, no quisieron dar el nombre, nada… Y no quería dar explicaciones. No quería reconocer que había un nuevo cacique y hizo de vuelta una reunión con el (ex) cacique y entonces eso le alteró a la gente”, expresó Cristian.

 “No dieron explicaciones. Ellos no querían dar información porque vino a dar información al cacique, al ex cacique. A él vino a dar información. ‘No tengo que hacer nada con ustedes’”, contó Cristian que les respondían esas personas a las que la comunidad reconoce como funcionarios de Asuntos Guaraníes.

“Ellos no quieren reconocer. Por eso vinieron a sobrepasar a las nuevas autoridades de la comunidad. Por eso la gente se alteraron. La comunidad se siente muy ofendido por el tema que vinieron la gente de Asuntos Guaraníes sin traer nada. Vinieron a complicar. Vino a hacer más conflicto adentro de la comunidad, que estábamos muy bien”, explicó en su esforzado castellano.

El cacique electo, Cristian Cabrera, en La 99.3, el 23 de abril de 2020.

«Derechos ganados con años de lucha»

En un comunicado que hicieron conocer a través de las redes sociales los pobladores de la aldea Perutí señalaron esa misma noche del miércoles que “lejos de escucharlos, los funcionarios se negaron al diálogo y en conjunto con el Sr. Ricardo González (el anterior cacique), llamaron a la policía de la Comisaría de Caraguataí, quienes llegaron ‘a los golpes’, lesionando a dos jóvenes de 13 y 16 Años”.

Allí también se acusó a funcionarios y policías de haber procedido “sin respetar la cuarentena impuesta, tanto por el gobierno nacional como provincial, y sin tapabocas”.

“La aldea Perutí se ha sentido agraviada hoy, los funcionarios del gobierno no respetaron derechos ganados con años de lucha, han violado la Constitución Nacional y han golpeado a nuestros niños y fuimos discriminados. Pedimos a quienes nos agredieron que reflexionen en su accionar, que respeten nuestra cultura, nuestra organización, nuestras autoridades y derechos”, añadió esa nota.  

“Llamamos la atención a la actual ministra de Derechos Humanos y al Sr. director de Asuntos Guaraníes sobre el accionar de sus dependientes e inicien las actuaciones administrativas que estimen corresponder a los fines de corregir las conductas discriminatorias que persisten en las reparticiones estatales”, reclamaron en ese comunicado.

Un conjunto de organizaciones sociales, políticas y comunitarias repudiaron ayer, viernes, “la represión policial y la descalificación y atropellos a originarios de la aldea Perutí en la zona El Alcázar. Allí -según denuncian con videos y fotos- fueron golpeados violentamente dos jóvenes de la aldea por efectivos de la comisaría de Caraguataí. Estos acompañaban a funcionarios de la Dirección de Asuntos Guaraníes que ingresaron sin respetar la cuarentena provincial y nacional, y sin respetar a las nuevas autoridades constituidas por asamblea del 19 de abril pasado”.

En esa nota se aseguró que “la ministra de Derechos Humanos de Misiones difamó públicamente a los jóvenes de la comunidad golpeados brutalmente, acusándolos de estar alcoholizados” y de “haber agredido a los efectivos. Intenta de este modo justificar la violencia institucional”. 

En ese repudio se aseguró que después de la brutal represión “los funcionarios y efectivos se retiraron sin explicaciones ni soluciones ante la crisis social y alimentaria que se encuentra sufriendo la comunidad” de la aldea Perutí.

“Exigimos el cese de la violencia policial, que se realice una investigación y castigue a los responsables”, finaliza ese texto.

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