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Tras varios meses de reclamar la mesa paritaria en la que debería discutirse la actualización salarial para el segundo semestre del año, los trabajadores telefónicos de todo el país decretaron un paro general sin asistencia a los lugares de trabajo y Misiones se sumó a la medida de fuerza con altísimo acatamiento, según fuentes de ese sector sindical.
Las tres empresas con mayor cobertura de servicios en la provincia, Telecom, Telefónica y Claro, “se niegan a sentarse a esa negociación aduciendo que no tienen dinero” para afrontar la actualización reclamada “porque el Gobierno no les autorizó el aumento de tarifas”, le dijo Juan Carlos Soto, delegado interventor en el sindicato de telefónicos de Misiones (SOEESITMI), al programa Contala como quieras.
“Los salarios de los telefónicos nunca estuvieron atados a los aumentos tarifarios”, enfatizó, y recordó que las telefónicas quedaron en el pelotón de las mayores ganadoras en situación de pandemia, al haberse incrementado exponencialmente el uso de telefonía e Internet.
“En julio debería haberse cerrado el acuerdo paritario, por 12 meses, para el período que va hasta el 30 de junio de 2021”, explicó el sindicalista. Tras una serie de forcejeos, que incluyeron una conciliación obligatoria dispuesta por el Ministerio de Trabajo, se llegó a una salida transitoria “que consistió en el otorgamiento de un bono de 6.500 pesos a cuenta de lo que se resolviera en paritarias”.
Al retomar la negociación las empresas “ofrecieron un 3 por ciento para octubre y un 3 por ciento para noviembre, siendo que los índices del INDEC están dando un promedio del 22 por ciento” como expectativa inflacionaria para el año en curso. “Es una burla. Les toman el pelo a todos los trabajadores”, protestó Soto.
El delegado normalizador del Sindicato de Obreros, Especialistas y Empleados de los Servicios e Industria de las Telecomunicaciones de Misiones (SOEESITMI) repasó también el incremento que las compañías aplicaron en las facturas del último mes, a pesar de que el Gobierno nacional congeló las tarifas hasta el 31 de diciembre próximo tras declarar como servicios públicos esenciales a Internet, TV por cable y telefonía (fija y móvil).
“Sin tener autorizado el aumento tarifario, ellos descargaron el porcentual de incremento en las facturas, hace treinta días aproximadamente”, señaló Soto. Y sostuvo: “El Estado no hace el control necesario”.
Los reclamos de la Mesa de Unidad Sindical, que reúne a las cuatro federaciones de sindicatos telefónicos del país, representativas de unos 20.000 trabajadores, incluyen la discusión en paritarias de un plan de carrera que les posibilite el ascenso jerárquico según capacitación y antigüedad, y el ítem relativo a la dotación de empleados.
“La tercerización de los servicios data de muchos años: los compañeros se van jubilando, o acogiéndose a un retiro voluntario, y esos puestos no se reponen”, dijo Soto.
De esa manera, a través de empresas subcontratadas, se cumplen los servicios de reparaciones, fundamentalmente, “a bajo costo, y se generan situaciones en las que el trabajador telefónico debe salir a solucionar alguna deficiencia que puedan dejar las contratistas. Esto va en crecimiento”, aseguró.
