Carroñeros de los dos lados del mostrador

El 85 por ciento de los miles de millones de dólares que el gobierno de Mauricio Macri les pagó a los fondos buitre apenas iniciada su gestión terminó depositado en cuentas de argentinos, y la documentación reunida en una causa que cuestiona aquel desembolso acreditaría que el entonces ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, impulsó la decisión del gobierno “por interés propio”.

Así se lo aseguró a Contala como quieras Eduardo Barcesat, quien lleva adelante la demanda en una causa que tramita en el juzgado federal de Sebastián Casanello en la que interviene el fiscal Federico Delgado.

El reconocido constitucionalista analizó en el programa de La 99.3 el arreglo espurio con los fondos buitre” y reveló que “la mayor parte de la titularidad de los bonos adquiridos en mercados secundarios y a monedas respecto de su valor nominal es de titularidad de argentinos: el 85 por ciento de lo que se pagó se lo pagaron a sí mismos”.

Eduardo Barcesat en La 99.3, el 20 de agosto de 2020.

Barcesat comentó que la causa recibió documentación aportada por el ex número dos de la banca JP Morgan, Hernán Arbizu, a partir de la cual se determina que la investigación debe orientarse hacia la intervención de Prat-Gay: “Su responsabilidad en la actuación para el pago se hizo por interés propio. No sé si además puede haber tenido representación como apoderado de la Fundación Fortabat”, dijo.

“Fue inmundo lo que se hizo, porque se pagó el cien por ciento del capital a su valor nominal, cuando esos bonos habían sido adquiridos por monedas; se pagó el cien por ciento de los intereses moratorios, el 50 (por ciento) de los punitorios y la totalidad de los gastos judiciales”, reseñó Barcesat.

“Ese pago se hizo contra la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del año 2014, que no ha sido modificada hasta acá, que establece que las sentencias del juez Thomas Griesa, que en ese momento era titular del juzgado de Manhattan (que falló contra la Argentina y ordenó el pago a los buitres al valor nominal de los bonos), eran nulas y lesivas del orden constitucional argentino”.

En ese sentido el constitucionalista expresó sus expectativas de que la reforma judicial que ya está en tratamiento en el Senado de la Nación abra el camino “para que la Argentina ejerza su soberanía legislativa y jurisdiccional y los valiosos precedentes que ha dictado en su momento la Corte Suprema, en este caso siguiendo un luminoso dictamen de la entonces procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó”.

“Esto va a tomar corporeidad en esta etapa (próxima) de la administración de justicia, y espero que el pueblo argentino sepa que tanto los aspectos patrimoniales como los institucionales del deterioro introducido por esta topadora que fue el gobierno de Macri van a ser juzgados y responsabilizados, no por venganza sino por preservar ese principio de obediencia a la supremacía constitucional”, sostuvo.

Incluso bromeó acerca de que “ahora empiezan a verse algunos brotes verdes” en materia judicial, en referencia a “la revisión de los pliegos de aquellos que no fueron nominados para los cargos que ocupan de acuerdo con los mecanismos que establecen nuestra Constitución y la reglamentación del Consejo de la Magistratura”.

“Me refiero muy concretamente a  los casos de (Leopoldo) Bruglia y (Pablo) Bertuzzi, que están ocupando función estratégica en la Cámara Federal de Apelaciones y que no concursaron el cargo ni pasaron para ocuparlo por el acuerdo del Senado”,

Barcesat recordó que él mismo lleva “muchas causas que han sido deterioradas por la actuación de estos dos magistrados, y tengo una prueba objetiva de cómo validaron todo lo que hizo el binomio (del ya fallecido juez federal Claudio) Bonadío-(y el fiscal Carlos)- Stornelli en la causa de las fotocopias de los cuadernos, de cómo pasaron por alto todos los principios procesales y constitucionales en materia de tramitación de estas causas, y las prisiones preventivas y los embargos multimillonarios que aplicaron como sanciones ejemplares para convertir en muertos civiles a los alcanzados por la vara de esta perversidad  institucional”.

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