Alimentos destituyentes
(Mirta Botzman) El impresionante movimiento destituyente, político pero especialmente económico y utilizando el arma que el poder concentrado mejor sabe usar y que más daño hace, dejaron casi sin reservas el Banco Central frente a lo cual y de manera defensiva el Gobierno tomó una serie de medidas. En realidad, se podría decir con más propiedad, concedió una serie de medidas para favorecer a los apretadores seriales y tratar de aliviar la situación.
Lo notable es que ni siquiera todos ellos están satisfechos. La mesa de enlace, incluida la FAA, han rechazado por “insuficientes” el conjunto de medidas.
Una de las medidas introducidas es la fragmentación de las retenciones para favorecer a los pequeños productores y un programa de compensación y estímulo por $11.550 millones para productores de soja, con una lógica de equidad federal que es una antigua reivindicación de la Federación Agraria que ahora nuevamente su conducción se sienta junto a los poderosos y da la espalda a los que se supone son sus representados.
Muchas veces insistimos en que una devaluación y/o disminución de las retenciones peticionado por los grandes productores y comercializadores implica un aumento aún mayor de la pobreza, porque el precio de los alimentos se iguala con el del exterior. Cuantos más pesos consiguen por cada dólar, más aumenta el precio de esos productos en el país. La transmisión a los precios es muy rápida por el elevado nivel de concentración que existe en el país entre los productores de alimentos y las cadenas de distribución.
Alguna vez lo mencionamos en este espacio, pero creo que no está demás insistir sobre esto. No más de veinte industrias producen el 80% de los alimentos y bebidas que se venden en el mercado interno argentino (Arcor, Molinos Rio de la Plata, Danone-La Serenísima, Adecoagro, Ledesma, Coca Cola, Nestlé, Mondelez —ex Kraft—, Molinos Cañuelas) y cinco grandes cadenas de ventas de supermercados, incluida La Anónima de la familia de Marcos Peña, manejan el 65% de la comercialización de esos bienes que se consumen en el país. Es una sociedad de hecho y de muchos años entre grandes productores y comercializadores que funcionan en tándem y trasladan rápidamente a los precios internos la devaluación de nuestra moneda.
Con la carne vacuna pasa lo mismo, en 2019 se registró un récord de ventas al exterior. Se exportó más de un millón de 3.5 millones de toneladas de carne vacuna que se produjeron. Ahora transcurridos nueve meses de 2020, la demanda externa es aún mucho mayor, por la pandemia de Covid-19.
Con el fin de obtener divisas se asegura una mayor rentabilidad a los grandes productores y comercializadores de carne, encareciendo un bien que es la base alimentaria de la población. Según informa la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y derivados de la República Argentina (Ciccra), el consumo de carne vacuna por habitante por año en la Argentina, al mes de agosto, involucionó desde los 61 kilos de 2013 hasta los actuales 50,3 kilos.
El Cohete a la Luna, la publicación virtual conducida por el periodista Horacio Verbitzky publicó el domingo una información proporcionada por el economista y periodista Alejandro Bercovich según el cual las nuevas medidas económicas anunciadas el jueves pasado son producto de negociaciones secretas que empezaron la semana anterior, apenas se advirtió que las restricciones cambiarias impuestas por el Banco Central no alcanzaría para frenar la sangría de reservas.
Bercovich afirma que el hombre clave fue Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC), el club que reúne a la media docena de compañías por las que pasa casi un tercio de las exportaciones argentinas.
Según Bercovich, ese club selecto «embolsará entre 200 y 300 millones de dólares solamente por la parte de la cosecha de granos que acopiaba y que ahora podrá liquidar con menos retenciones».
Idígoras fue uno de los miembros del flamante Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que el jueves 30 de agosto visitó a CFK en el Senado, a quien le presentó un proyecto para que la Argentina incremente de 65.000 a 100.000 millones de dólares sus exportaciones anuales.
El CAA agrupa a más de 40 cámaras patronales que se propusieron dejar afuera a la Mesa de Enlace en su relación y estrategia confrontativa con el gobierno. Idígoras fue representante agrícola en la Unión Europea, cuando Néstor Kirchner era Presidente.
No sólo visitó a Cristina, sino que también estuvo en la Cámara de Diputados, donde le propuso a Sergio Massa una rebaja progresiva de retenciones y un esquema de estabilidad fiscal por cinco años, como los mineros le arrancaron a Menem hace un cuarto de siglo, como condición para que se abrieran las silobolsas.
Según Bercovich, el Presidente aprobó la idea y la derivó a Matías Kulfas. El pacto fue de palabra: el oficialismo impulsará el proyecto del CAA, al que se descuenta que la oposición también apoyará. «Pero si no aparece la pelusa no hay ley, eh», le aclaró Massa, metafórico. Como mínimo, para cumplir, los exportadores deberían liquidar unos 3.000 millones de dólares en granos.
Este nuevo personaje de la vida pública económica del país estableció un pliego de exigencias no menor. Que la ley esté aprobada antes de fin de año, que se les garantice un horizonte fiscal y disminución sistemática de retenciones durante los próximos diez años, hasta eliminarlas completamente. Idígoras es empleado de las 5 grandes exportadoras del mundo (Cargill, Bunge, André, Continental y Louis Dreyfus) que junto con Aceitera General Deheza (AGD) y ahora también Glencore, la suiza que fagocitó parcialmente a Vicentin son en realidad las que manejan el comercio exterior argentino y las dueñas de los dólares por los que pena el gobierno. Son las que deciden cuando exportar, cuanto declaran de exportaciones, cuando liquidan las exportaciones, es decir, cuando y cuantos dólares deciden traer al país.
Este conjunto de grandes empresas nacionales y extranjeras, productoras de alimentos y exportadoras de granos tiene gran capacidad de desestabilización, alentando un clima de caos inminente a partir de una corrida cambiaria e incipiente inflación. También tienen capacidad de desabastecer inmediatamente el mercado de bienes y divisas e imponer así una devaluación e inflación que las beneficie.
Las empresas exportadoras gozan de privilegios únicos, entre los que se cuentan los puertos privados desde los que salen sus productos sin monitoreo oficial de volumen ni de precios. A esto se suma la constitución de redes de acopio cuyos tentáculos se estiran a lo largo y a lo ancho del país, operando muchas veces como verdaderas asociaciones ilícitas que realizan ganancias extraordinarias a costa de los productores pequeños y medianos y también del propio Estado.
Hay que sumar a esto que 200 empresas representan el 65% de las exportaciones argentinas, y que sus dueños y directivos están en la lista de quienes compraron y fugaron 86.200 millones de dólares en la gestión de Macri.
Además, se beneficiaron con las Resoluciones de la Secretaría de Comercio que en 2016 y 2017 alargaron los plazos para el ingreso de dólares por exportaciones primero a cinco y luego a diez años. Se estima en más de 19.000 millones de dólares las exportaciones realizadas en ese período cuyas divisas no ingresaron al país.
La dolarización de la economía impuesta por el macrismo y el FMI y la escasez de divisas han otorgado especial poder político a ese puñado de grandes empresas, que tienen control monopólico sobre áreas estratégicas de la economía.
Quiero mencionar algo que es una irregularidad pero como muchas situaciones irregulares o directamente ilegales cometidas por los grupos de poder en particular desde la dictadura y que es el de la existencia y funcionamiento de los monopolios y oligopolios, muy abundantes en ramas estratégicas de la economía nacional.
La existencia de estos conglomerados con enorme poder les permite abusar de sus posiciones dominantes en los mercados. En la buena literatura económica liberal, se sostiene que el monopolio es una forma económica perversa, que literalmente explota a los otros integrantes de la sociedad, tanto proveedores como consumidores, valiéndose de su poder que le permite extraerles más valor del que correspondería en caso que funcionara la libre competencia.
Lo cierto es que en nuestro país no hay libre competencia en cuestiones cruciales que hacen al bien común, como en varios rubros de la alimentación. La aplicación de medidas antimonopólicas brilla por su ausencia, literalmente no existe, cosa que no sucede en gran parte de las economías desarrolladas como la de Estados Unidos o la Comunidad Económica Europea donde son severamente sancionadas las prácticas monopólicas.
También se supone que es ilegal contrabandear, evadir impuestos, etc.etc. todas prácticas ejercidas con total impunidad por parte de los sectores dominantes sin que a ninguno de los que vocifera a los gritos en los canales de comunicación en defensa de la república, de las prácticas democráticas se les mueva un pelo, más bien convocan a marchas para defender delincuentes poderosos como Vicentín para traer un ejemplo cercano.
La semana pasada también y casi en paralelo se conoció el crecimiento de la pobreza en el país. En el segundo trimestre ascendió al 47,3% de la población: casi seis millones de personas más que en el primer trimestre del año y más de diez puntos porcentuales por encima del nivel alcanzado en el mismo periodo del 2019.
Las medidas dispuestas por el gobierno para proteger a los sectores más vulnerables atenuaron el impacto, pero no impidieron que este drama siguiese profundizándose. Las medidas tomadas no parecen las más idóneas para reanimar el consumo y con ello el nivel de vida de la población. El aumento en los precios de los alimentos incluida la carne deprimirá más el mercado interno, que es la antípoda del plan económico presupuestado para el año que viene y que fue presentado al Congreso el 15 de setiembre pasado, o sea, ayer nomas.
En este marco llegó el FMI, y la simpatía y buena voluntad para con el ministro de economía y el presidente por parte de Cristalina parece que se trocó en un duro y áspero gesto amenazante por parte del embajador norteamericano que en una comida con el canciller argentino provocó un dramático giro en la política exterior de nuestro país que de caracterizarse por ser una política que levantaba los principios de no injerencia en la política interior de otros países pasó a apoyar con su voto lo peor de los presidentes latinoamericanos y lo que es más grave la criminal política norteamericana hacia Venezuela.
Claramente Estados Unidos está haciendo sentir su poder y aprovecha la vulnerabilidad económica de nuestro país, vulnerabilidad que ayudó a producir a través, entre otras cosas, del préstamo sin precedentes para la campaña electoral de Macri por parte del FMI.
Estados Unidos copó una importante fuente de financiamiento externo por fuera del FMI, al imponer su candidato ultra conservador de origen cubano, Mauricio Claver-Carone como presidente del BID, por un período de cinco años. Este es el personaje que alegremente conto del apoyo de Trump a Macri para la campaña.
Desde su creación el BID, el Banco Mundial y el FMI tuvieron una distribución del puesto de presidente que era de un latinoamericano para el BID y la vicepresidencia era para EUA. El FMI es presidido por un o una europea y la vicepresidencia para EUA y el Banco Mundial directamente es presidido por un norteamericano. Es decir que como en la perinola, Trump se llevó todo.
Para terminar solo una reflexión, la experiencia histórica indica que concediendo todo a Estados Unidos no nos va mejor, todo lo contrario y el país acaba de arriar una bandera muy cara a nuestros principios. Nubes oscuras aparecen en el horizonte.
La economista Mirta Botzman analiza, propone y debate sobre la coyuntura y las políticas económicas en la Argentina actual, cada jueves, a las 7.30, en el programa Contala como quieras de La 99.3.
